España enfrenta una de las peores temporadas de incendios forestales en las últimas décadas, con el Sistema de Información de Incendios Forestales (EFFIS) de Copernicus reportando más de 416 000 hectáreas quemadas.
En este contexto, Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos (ALIV), denuncia que las políticas ambientales del Pacto Verde Europeo, al priorizar la «restauración natural», criminalizan la agricultura y ganadería, fomentando la despoblación rural y la acumulación de biomasa inflamable.
Desde Villarreal (Castellón), el agricultor critica leyes como la Ley de Restauración de la Naturaleza (2023) y la Red Natura 2000, que cubre el 30 % del territorio español, por restringir la limpieza forestal y el pastoreo, prácticas milenarias de prevención.
En esta entrevista con The Epoch Times España, Viciedo explica cómo el Pacto Verde, con metas como reducir un 50 % los fitosanitarios y fertilizantes para 2030 o incluir al lobo ibérico en el LESPRE (2021), ha eliminado un tercio de las explotaciones ganaderas en una década, según el INE, convirtiendo los montes en «polvorines».
Por eso, propone derogar estas leyes, revitalizar el rural y establecer un mando único nacional para emergencias. Su voz se suma a las del sector que ven en las políticas verdes un obstáculo para prevenir desastres.
En un país donde el campo ha sido el sustento de miles de familias, las palabras de Viciedo invitan a reflexionar sobre el futuro del medio rural y la necesidad de políticas que lo protejan en lugar de asfixiarlo.
The Epoch Times España: ¿Cómo han afectado las políticas ambientales de la UE a la gestión tradicional de los montes y a la población rural en España?
Sr. Viciedo: Las políticas ambientalistas de la UE no solo han contribuido a limitar e incluso prohibir la limpieza directa de los bosques, sino que también han logrado la despoblación de nuestros pueblos por falta de rentabilidad de las actividades económicas más importantes del mundo rural: la agricultura y la ganadería.
Antaño, el mundo rural estaba cargado de vida. Según datos del INE (Padrón Municipal), en 1960 la población rural española representaba el 43,4 % del total. Los hornos de pan y las chimeneas de las casas se alimentaban con ramas bajas de los árboles y matorrales que la gente recogía del monte. El ganado pastaba libremente, sin permisos extraordinarios ni burocracia alguna. Abundaban y se mantenían infinidad de cortafuegos. La gestión del monte era natural y gratuita.
¿Había incendios? Sí, tal vez los mismos que ahora —o incluso más, porque había más gente en el monte—. Pero, con apenas medios, se apagaban: un par de brigadas del ICONA (de 15 a 20 hombres) y la participación voluntaria de los vecinos rurales, muy preocupados por su medio de vida, eran suficientes para sofocarlos.
Según el Censo de Población y Viviendas 2021 del INE, la población residente en zonas rurales (municipios de menos de 10 000 habitantes, según la definición aplicada en los tabulados) representa aproximadamente el 16 % de la población total de España. En 2011, ese porcentaje era algo mayor, en torno al 18 %. La tendencia confirma el abandono progresivo del medio rural.
Esta rápida despoblación es consecuencia directa de políticas que expulsan al campesino, que criminalizan al ganadero y que prohíben al agricultor ser parte de la solución.
El monte sin gestión se convierte en un polvorín, y cuando prende, no hay avión ni brigada que lo apague.
Los datos oficiales lo demuestran: la mayoría de los incendios tienen origen humano, pero la magnitud de la tragedia es obra de la desidia y del dogmatismo político.
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The Epoch Times España: ¿Por qué considera que el abandono del pastoreo ha agravado los incendios forestales?
Sr. Viciedo: Hace más una cabra en invierno que cien brigadistas en verano: porque cada animal que pasta limpia el monte, reduce la biomasa inflamable y crea cortafuegos naturales.
Pero mientras la lógica del campo demuestra que el pastoreo es la mejor prevención, las estadísticas del INE y de las organizaciones agrarias revelan un derrumbe dramático de la ganadería extensiva: según el INE, España ha perdido casi un tercio de sus explotaciones ganaderas en apenas una década, y más de una cuarta parte en zonas tradicionales de ganadería extensiva.
Esa tendencia confirma el colapso silencioso del sector: menos explotaciones, menos pastoreo, menos vigilancia del territorio y más combustible para los incendios.
Es evidente que estas pérdidas no son naturales, sino el resultado de un entramado político y normativo que saca al campo de sus tierras y lo deja morir.
The Epoch Times España: ¿Qué normativas específicas del Pacto Verde Europeo señala como responsables de esta crisis rural y de los incendios?
Sr. Viciedo: ¿Dónde está el origen de esta perniciosa legislación que vacía el campo? Desgraciadamente, el origen se encuentra en la legislación española y europea; lo que convierte a nuestros gobernantes en los principales culpables. Toda esta maligna legislación deriva de una estrategia europea, curiosamente salida de la lucha de la UE contra el «Cambio Climático»: el Pacto Verde Europeo.
Analicemos algunas de estas normas: la Ley de Restauración de la Naturaleza (2023) pretende restaurar todos los ecosistemas degradados y rehabilitar ríos para 2050. Pero ¿qué entiende la UE por «restaurar»? Para la «verde Europa» restaurar significa devolver a un estado «natural o salvaje» tierras cultivables situadas en zonas declaradas como Red Natura 2000. En ellas se restringe cualquier actividad humana, lo que conduce al abandono del territorio y favorece los incendios.
Las consecuencias son, pues, exactamente las contrarias a las que proclama perseguir: más emisiones de CO₂ y la destrucción total del ecosistema. Curiosamente, la única excepción son las energías renovables, cuya instalación sí se permite en zonas protegidas.
La Estrategia De la Granja a la Mesa tiene como objetivos principales reducir un 50 % el uso de fitosanitarios, un 50 % los antibióticos para animales y un 20 % los fertilizantes para 2030.
Sobre el papel suena a sostenibilidad, pero en la práctica significa cosechas más pobres, plagas sin control, suelos menos productivos, mayor mortandad animal y, en definitiva, una pérdida directa de rentabilidad para el sector.
La Directiva Marco del Agua, bajo la excusa de proteger los ecosistemas acuáticos, en España se traduce en restricciones crecientes al regadío y en la obligación de derribar presas y azudes para que «los ríos fluyan y lleguen hasta el mar».
El resultado: menos agua disponible para la agricultura y más incertidumbre para los regantes.
Lo paradójico es que, mientras se limita el agua para producir alimentos, se desvían esos recursos hacia negocios especulativos como las energías renovables, los valles de hidrógeno verde o los centros de datos.
La Red Natura 2000, en teoría debía garantizar la biodiversidad, pero en la práctica se ha convertido en una trampa legal para el campo.
En España, cerca del 30 % del territorio está incluido en esta red, lo que supone limitaciones constantes a la agricultura, la ganadería y la gestión forestal. No se puede desbrozar sin permisos, cortar leña o abrir un cortafuegos sin pasar por un calvario burocrático.
El resultado no es más naturaleza, sino montes abandonados que arden con mayor facilidad y explotaciones agrarias que pierden rentabilidad hasta verse obligadas a cerrar.
Con la excusa de proteger, se expulsa a quienes siempre cuidaron de esos territorios.
The Epoch Times España: ¿Cómo han impactado otras normativas europeas, como las relacionadas con el lobo o la sanidad animal, en el sector ganadero?
Sr. Viciedo: La inclusión del lobo ibérico en el LESPRE (2021), tomada de espaldas al sector ganadero, prohíbe cualquier control poblacional de la especie en toda España.
El resultado ha sido inmediato: aumento de ataques al ganado, pérdidas económicas constantes y un clima de indefensión en el medio rural.
Mientras se eleva al lobo a símbolo de biodiversidad, se condena al pastor y al ganadero a convivir con una amenaza que destruye su modo de vida.
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La Ley de Sanidad Animal (Ley 8/2003), lejos de ser una herramienta de apoyo al ganadero, se ha convertido en otro corsé burocrático que estrangula al sector.
Nació con la justificación de prevenir enfermedades y garantizar la trazabilidad, pero en la práctica multiplica inspecciones, obligaciones administrativas y costes que las pequeñas explotaciones no pueden asumir.
Bajo el pretexto de la sanidad, se obliga a sacrificar animales, se limita la movilidad del ganado y se imponen planes inviables sin una estructura industrial detrás.
En lugar de proteger a la ganadería familiar, esta ley ha acelerado la desaparición de miles de explotaciones, concentrando el poder en manos de grandes corporaciones agroindustriales.
La normativa sobre transporte animal limita la duración de los trayectos, endurece las condiciones y multiplica los requisitos burocráticos.
Aunque en teoría busca reducir el estrés de los animales, en la práctica encarece los costes, complica la logística y pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones, especialmente en territorios alejados de mataderos o centros de venta.
Mientras nuestros ganaderos cumplen exigencias asfixiantes, la UE permite la entrada de carne y productos animales de terceros países que no respetan ninguna de estas normas, creando una competencia desleal insostenible.
La gestión de purines, lo que siempre fue un abono natural y gratuito, hoy se trata como un residuo casi criminal. El RD 306/2020 sobre explotaciones porcinas y el RD 1051/2022 de nutrición sostenible de suelos han impuesto límites, burocracia y costes que asfixian a las explotaciones. Ahora el purín debe almacenarse en balsas costosas, aplicarse con tecnologías inasumibles para pequeñas granjas y registrarse en un cuaderno digital que solo engorda a la burocracia.
El resultado de este entramado legislativo es siempre el mismo: más trabas, más costes y menos rentabilidad para agricultores y ganaderos españoles.
La Ley de Restauración de la Naturaleza les prohíbe gestionar sus tierras; las restricciones de fitosanitarios y fertilizantes reducen su productividad; la Directiva Marco del Agua les quita recursos hídricos; la Red Natura 2000 les ata de pies y manos; la inclusión del lobo en el LESPRE y la Ley de Sanidad Animal encarecen y ponen en riesgo la ganadería; la normativa de transporte y la gestión de purines multiplican burocracia y gastos.
Mientras tanto, las fronteras se abren a productos agrícolas y ganaderos de países terceros que no cumplen ninguno de estos requisitos.
En nombre de la sostenibilidad se sacrifica al campo europeo, mientras se externaliza la producción a lugares donde la huella ambiental es mucho mayor. Un doble rasero que ni protege la naturaleza ni garantiza alimentos, pero sí condena al mundo rural a arder y a desaparecer.
The Epoch Times España: ¿Qué soluciones prácticas, basadas en la experiencia de los agricultores de Villarreal, podrían implementarse para permitir una gestión efectiva del monte y prevenir incendios?
Sr. Viciedo: Si el principal problema del cuidado de los montes es la muerte del mundo rural, la solución es devolverlo a la vida derogando las leyes que lo asfixian.
Si también por ley se ha dificultado, limitado o incluso prohibido algunas de las tareas de limpieza del monte, hay que modificar esas leyes para que no sean un problema.
Si por ley se permiten negocios como el de las renovables en terrenos quemados o la explotación de la biomasa restante, hay que prohibirlo para que no haya intereses en quemar monte.
La primera solución por tanto pasa por devolver la rentabilidad al campo. Sin agricultores ni ganaderos no hay paisaje cuidado ni montes limpios. Para ello, las leyes deben dejar de criminalizar la ganadería extensiva y la agricultura, y reconocerlas como lo que son: aliados naturales en la prevención de incendios y en el equilibrio ambiental.
Incentivar el pastoreo, reducir la burocracia que estrangula al pequeño productor y garantizar precios justos son medidas que devolverían vida al medio rural y, con ella, la mejor red de prevención contra el fuego.
Mientras se alcanza esta recuperación del mundo rural, las tareas que desarrolla este mundo gratuitamente (desbroce, eliminación de materia seca, cortar ramas bajas o incluso el clareo de árboles), la tiene que llevar a cabo la administración con presupuestos adecuados.
La segunda solución es la gestión activa del monte. No sirve redactar leyes verdes cargadas de dogmas sobre la regeneración de la Naturaleza; lo que se necesita realmente es reducir esa densidad de vegetación que lo hace inapagable, no aumentarla.
Por ello, la ley de montes debe de modificarse para permitir la explotación forestal por parte de los dueños de los montes; nadie va a limpiar sin un incentivo a cambio.
Se necesita inversión real en limpieza, cortafuegos, desbroces y tratamientos selvícolas, integrando a la población rural y a las brigadas forestales en un plan continuo durante todo el año, no solo cuando las llamas ya están descontroladas. Un monte cuidado en invierno es el mejor cortafuegos del verano.
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La tercera solución es cuando ya el incendio está en marcha y los medios de lucha necesarios superan las capacidades de una comunidad autónoma.
Los incendios de gran magnitud no entienden de fronteras administrativas. Es necesario un mando único nacional en la prevención y extinción de incendios, que coordine recursos, homologue protocolos y evite duplicidades.
España necesita un sistema nacional de gestión forestal que esté por encima del juego político y que tenga como único objetivo proteger el territorio y la vida rural.
The Epoch Times España: ¿Qué barreras enfrentan las asociaciones independientes como ALIV para influir en las políticas de Bruselas?
Sr. Viciedo: Lo primero que hay que saber es qué es una asociación independiente. Una asociación independiente es independiente de dos cosas: de partidos políticos, es decir, ningún partido político gobierna sobre nosotros ni nos influye para nada, y de subvenciones, muy importante, porque las subvenciones son el gran cáncer que hace que una organización agraria nunca pida un cambio legislativo, nunca pida la derogación de una ley, nunca pida que un acuerdo comercial se revise y lo único que piden son lo que yo llamo humo, parches y deseos.
El humo, pues son cosas que son imposibles, pero que la gente piensa que sí lo son, como podría ser la Ley de la Cadena Alimentaria. No voy a entrar en detalles, pero es un imposible. Los parches son pedir limosnas, pedir ayudas. Un parchecito viene bien, pero no es solución para nada.
Y luego los deseos son los grandes eslóganes de las grandes manifestaciones: «Precios justos por la dignidad de la agricultura», etcétera.
Nosotros lo que pedimos y lo que tenemos en nuestro ideario son la derogación de las leyes, de todas las que deriven del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, y la revisión de los acuerdos comerciales que hacen daño a la agricultura.
Aquellos que se hacen con países que tienen un salario mínimo interprofesional muy bajo y que nos están marcando el precio a nosotros.
Nosotros nacimos allá por el 2020, precisamente porque estábamos en una crisis, en una crisis de precios, y veíamos que las organizaciones agrarias no pedían esa revisión de los acuerdos comerciales y pedían cosas menores, como ayudas.
The Epoch Times España: ¿Qué estrategias propone ALIV para superar estas barreras y hacer escuchar la voz del campo?
Sr. Viciedo: ¿Cómo pensamos influir? A través de los partidos políticos lo primero, y para eso pues hay que celebrar reuniones con ellos, hablarles de lo nuestro, etcétera.
Y la otra es accediendo a la opinión pública a través de las redes sociales y, si se puede, a través de los medios de comunicación de masas. Pero eso nos cuesta más. Yo lo he conseguido varias veces, pero eso nos cuesta mucho más.
Otra cosa muy importante es la unión, porque nosotros somos valencianos, pero el problema es de Europa en general. Entonces tenemos que ir poco a poco uniéndonos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Entonces, ya a nivel nacional, pues ALIV se está uniendo a UNASPI, Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente.
Organizaciones independientes habrás oído más, ¿no? Porque, claro, se hizo famoso 6F, ¿no? La verdad es que en 6F salimos todos, no solamente 6F. Lo que pasa es que sí que es verdad que hubo una persona que, en plan caudillista, pues se hacía con la voz del campo, cuando en realidad pues se representaba a ella misma, porque concretamente esta señora solamente tiene intereses propios, pero no vamos a hablar de ella.
Y luego tenemos el ser rural, que tampoco tiene mucho de democrático, porque ahí lo que manda es el que pone el dinero y el que pone el dinero es Fundación Ingenio.
Entonces, las organizaciones agrarias que nos financiamos por nosotros mismos, no tenemos más remedio que unirnos entre nosotros y, democráticamente, ir eligiendo el camino que tenemos que seguir. Y eso se llama UNASPI, Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente.
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The Epoch Times España: ¿Qué obstáculos legales impiden que las asociaciones independientes tengan representatividad oficial, y cómo podrían superarse?
Sr. Viciedo: Bien, a partir de aquí, ¿cómo podemos saltarnos todas esas barreras? Bueno, pues hay medios. Ya digo que la intervención en redes sociales es intentar alcanzar los medios de comunicación y, por supuesto, las manifestaciones. Que hay gente que dice que no sirven para nada, pero en realidad pues lo que hace una manifestación es dar la imagen de descontento de los agricultores y, en ocasiones, es posible que los medios de comunicación hablen de lo que realmente pedimos nosotros.
Muchas veces no dicen lo que pedimos y dicen lo que piden las organizaciones agrarias, cuando los que nos estamos manifestando somos nosotros y nosotros no pedimos lo mismo que las organizaciones agrarias.
Nosotros hablamos claramente en contra de las leyes de falso verde, nosotros hablamos claramente en contra del globalismo, de los acuerdos comerciales, pero eso no lo quieren escuchar los medios de comunicación ni tampoco los grandes partidos políticos. Bueno, bien, pero esa es la única solución.
Salvar el campo pasa por derogar todas las leyes que deriven del Green Deal.
El CO2 no es culpable de nada y mucho menos la agricultura, que tiene un saldo positivo con la atmósfera y, por lo tanto, no tienen por qué amargarnos con tantas leyes porque, en su día, nos quitaron la preferencia comunitaria.
Quiero hablaros de esto, la preferencia comunitaria, porque es un principio básico de la Unión Europea. Cuando nace la Unión Europea solamente hay tres principios. Uno es crear una unidad de mercado, el mercado común europeo, otro es la forma de financiarlo, solidaridad financiera y la otra es que los pertenecientes al club tuvieran preferencia en este mercado.
Todo eso con los acuerdos comerciales se ha pisoteado, no tiene carácter jurídico porque nunca se hizo una ley, es solamente un principio y simplemente hay que recuperar esa preferencia comunitaria porque, además, la preferencia ahora la tienen otros a través de las leyes verdes.
Lo que han conseguido es que nosotros tengamos obligación de cumplir unas restricciones que los de fuera no tienen ni la Organización Mundial del Comercio va a permitir, con esa reciprocidad que muchas veces hablan, que eso ocurra. Entonces no hay más remedio que ir a por ellas, hay que derribar esas leyes de falso verde.
Bien, ¿cómo podemos nosotros derribarlas? Bueno, pues ya te digo, con las manifestaciones, si lográramos otra vez que fueran generalizadas y fuertes, pues ya en su día, con las manifestaciones de febrero de 2014, pues ya se hablaba de que ya los políticos iban a generalizar la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Ley de Uso Sostenible de los Sitios Sanitarios, que iban a relajar las condicionalidades de la PAC, etcétera, etcétera. Pero nada, al final, cuando Unión de Uniones –y eso también os lo voy a contar– cuando Unión de Uniones consiguió la representatividad gracias a negociar con el Gobierno, que el Gobierno necesitaba apoyos, pues ahí se acabó todo.
Entonces, ahí tenemos a las tres Marías, que son ASAJA, COAG, UPA y a la que se ha unido Unión de Uniones.
Entonces, ahora mismo, la representatividad la tienen estas cuatro organizaciones agrarias y los independientes estamos fuera para siempre. ¿Y por qué estamos fuera para siempre? Bueno, pues te lo explico rápidamente. En primer lugar, teníamos hace nada una ley, la 12/2014, de representatividad agraria. Ojo, del 2014. ¿Te puedes creer que desde el 2014 nunca se ha puesto en marcha esta ley? Esta ley, lo que hablabas de elecciones en el campo. ¿Por qué nunca ha habido elecciones en el campo a nivel nacional? Pues, muy sencillo, porque nunca se hizo el reglamento. Había que hacer un reglamento donde se tenía que decir cuál era el censo agrario y en qué condiciones se iba a celebrar.
Nunca se hizo ese reglamento. Pero tenía una disposición transitoria única. Tenía una disposición transitoria en la cual lo que decía es que hasta la proclamación de los resultados de la primera consulta electoral, pues tendrían esa representatividad aquellas que lo hubieran conseguido de acuerdo con la ley 10/2009. Que tampoco allí hubo elecciones, sino que hay que remontarse a lo que eran las cámaras agrarias. Y ahí la tenían las que lo ganaron las cámaras agrarias. Ni se sabe el año que era, pero muy cercano al anterior régimen.
Entonces, ahí en las cámaras agrarias lograron la representatividad ASAJA o UPA. Las demás no existíamos, como la íbamos a nombrar, a lograr. Bien, pues hasta hoy se ha ido manteniendo lo que lograron la representatividad en las cámaras agrarias. Nosotros, como independientes, tampoco somos muchos, pero ellos tampoco. O sea, el campo no se sindicaliza. El campo… Pues habrá un 10 % que pertenezcan a organizaciones agrarias, el resto no pertenece a nada.
Se le está quitando la voz al campo, porque el campo sí votaría. Y lo que está claro es que una asociación independiente tiene más simpatías que alguien que cobra dinero. Nosotros no cobramos dinero de nadie y defendemos el campo de forma altruista. Entonces, claro, eso para ellos es un miedo terrible que haya elecciones en el campo y por eso no las hay. Como mucho puede haberlas en alguna comunidad autónoma. Las ha habido en Cataluña, las ha habido en Extremadura, las ha habido en Castilla y León, pero en ningún sitio más.
Así es difícil. Ellos ahora, con el pacto con Unión de Uniones, sacaron otra ley. El Real Decreto Ley 1/2025. Ojo, de desperdicio alimentario. Tiene una disposición adicional sexta y allí es donde entra lo de la representatividad. Y para conseguir la representatividad lo que hace falta es conseguir el certificado autonómico como que tú tienes representatividad en tu autonomía pertinente.
Si consigues tener seis certificados de seis comunidades autónomas, ya te dan automáticamente puesto en el Consejo Agrario. Y luego, en función de afiliados, de sedes que tengas, etcétera, pues van a repartirse más puestos en ese Consejo Agrario. Pero no va a haber elecciones en el campo. Como mucho puede haberlas en alguna autonomía, pero nada más. Precisamente para tener ese certificado autonómico. Pero claro, si no hay elecciones en seis autonomías, difícilmente los independientes podemos conseguir el certificado autonómico de seis autonomías.
Por lo tanto va a ser inalcanzable esta representatividad. Como no tenemos esa representatividad, no tenemos voz a nivel nacional, no podemos corregir cosas a nivel nacional y mucho menos a nivel Bruselas. Entonces, ¿qué herramientas nos quedan? Bueno, pues nos quedan herramientas, digamos, sociales de que todo el mundo pueda acceder a ellas.
Como puede ser una petición europea. En la petición europea lo que consta es hacer una petición escrita de algo y te dirán si lo discuten, no lo discuten, si lo presentan, si no lo presentan. Difícil, ¿no? Lo normal es que te digan que no ha lugar. Y luego tenemos algo, sí, más interesante, pero que todavía tenemos que avanzar. Porque no solamente tenemos que estar unidos a nivel nacional, sino que tenemos que conseguir la relación con otras organizaciones similares a nivel internacional, como es la Iniciativa Ciudadana Europea.
O sea, con la Iniciativa Ciudadana Europea, consiguiendo un millón de votos en siete países distintos, entonces puedes conseguir que lo que tú estás pidiendo se debata en la cámara, en la Eurocámara, y se vote. Este es uno de los caminos que nosotros también queremos alcanzar.
La otra, obviamente, son las manifestaciones que, aunque haya gente que diga que no sirven para nada, pues la verdad es que sí sirven. Sí sirven, por lo menos, para crear opinión.
Sobre todo, cuanto más gente se manifiesta, más descontento se demuestra y, por lo tanto, más opinión a los partidos políticos. Eso les es muy incómodo, sobre todo al partido político en el poder, porque está demostrando que sus políticas y sus leyes no nos valen.
The Epoch Times España: ¿De quién es la responsabilidad política una vez desatados los incendios?
Sr. Viciedo: Las atribuciones para el tema de los incendios son de las comunidades autónomas. Ese es el punto 1. La comunidad autónoma tiene que hacer un plan de ordenación de montes, tiene que ver de qué forma mantiene limpios sus montes, lo tiene que planificar ella. Es la que da los permisos al ganado para que entren a comer la hierbecilla. Es decir, que las responsabilidades de la ley de montes y el tema de los incendios es una capacidad autonómica.
¿Qué han hecho las autonomías? Las autonomías han ido bajando su presupuesto para el tema de incendios. Aproximadamente se ha descendido en Castilla y León creo que hasta un 50 % o algo así. Muy mal por parte de las comunidades autónomas. Esto es un mal genérico. No te creas que es porque sean del PP, del PSOE o de otro. Concretamente Galicia, que sí que está afectada por los incendios, ha aumentado sus presupuestos. No es el caso de Galicia. Extremadura tampoco los ha bajado mucho. El que los ha bajado bastante ha sido Castilla y León.
Responsabilidad, como hemos dicho antes, autonómica. Bien, hay nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 0 es de los ayuntamientos, cuando supera las capacidades del ayuntamiento. El ayuntamiento ya solicita a la provincia, a la Diputación, el apoyo. Entonces, la Diputación tiene ya medios que puede utilizar y prestar a los ayuntamientos.
Y luego pasamos al nivel 2, que sería cuando la Diputación ve que supera sus medios y necesita ya de bomberos de la autonomía, necesita de medios aéreos de la autonomía, y necesita activar, por ejemplo, la UME, que está repartida por zonas. No coinciden con las comunidades autónomas, porque no hay tantas, pero son zonas militares. En realidad, ya se activaría la UME. La UME se pone a disposición en su zona donde está la catástrofe y se puede activar en horas.
Entonces, por eso sería el nivel 2. Y a partir de ahí, ya tenemos alguien que tiene ciertas capacidades para atender los incendios, porque tiene medios aéreos y tiene también una UME. Pero claro, cuando un incendio es de las características que estamos viviendo ahora, que además afecta a Extremadura, Castilla y León y Galicia, pues cuando las capacidades se ven sobrepasadas, el que tiene que tomar las riendas es el Estado.
El artículo 29 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil habla de la activación de la emergencia nacional. La UME activa el Ministerio del Interior por voluntad propia o lo activa a petición de las autonomías. Obviamente, siempre es el Ministerio del Interior el que tiene la potestad de activarlo. Es decir, que a la autonomía el Ministerio del Interior le puede decir que no.
En cualquier caso, ni las autonomías piden el nivel 3, porque ellas dicen: «Tú préstame medios que yo lo haré». Porque si no, es dar una imagen de incapacidad ante la opinión pública. Y por otro lado, el gobierno no quiere ese marrón. El gobierno dice: «Tú quédate con el marrón». Entonces, por ese motivo, no se activa el nivel de emergencia nacional.
Entonces, por ese motivo, no se activa el nivel de emergencia nacional. El nivel de emergencia nacional es un problema de capacidades. Cuando te superan las capacidades y en este caso les están superando las capacidades porque no son capaces de apagar el incendio, tiene que activarse el nivel de emergencia nacional por lógica. Piénselo, es obvio.
O sea, ¿pueden las autonomías controlar el incendio? Evidentemente no. Ya tendríamos que estar en el nivel de emergencia 3. Yo no sé si el gobierno, o sea, si el Estado a nivel nacional podrá o no. Lo que tengo claro es que la autonomía no puede. Y si la autonomía no puede, no tiene capacidades para conseguirlo, pues habrá que declarar el nivel de emergencia nacional.
El nivel de emergencia nacional significa todos los medios nacionales a disposición de la emergencia. Y cuando digo todos, es que si hace falta medio ejército, se manda medio ejército. Y si hace falta todo el ejército, se manda todo el ejército. Pero es organizar todo a disposición de la emergencia. No se hizo en Valencia, no se está haciendo ahora.
Todo esto es una barbaridad, porque para eso las autonomías que se vayan todas a freír espárragos. Porque el ciudadano está abandonado. Y todo por el problema político entre la autonomía de un partido y el Estado de otro. Eso es lo que realmente nos está pasando. Y así no podemos seguir.
El nivel de emergencia 3 se tenía que haber declarado inmediatamente en Valencia y hubiéramos tenido helicópteros sobrevolando la zona de la catástrofe, salvando gente, llevando medicinas, llevando agua, etcétera. Hubiéramos tenido blindados recorriendo las carreteras y caminos de la zona, apartando vehículos para que se habiliten las carreteras y los medios de comunicación. Hubiéramos tenido a los regimientos de transmisiones haciendo enlaces satelitales para que la gente pudiera tener comunicaciones. Hubiéramos tenido a la intendencia dando comida a la gente. España tiene muchas capacidades que allí no se emplearon.
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