Arizona se ha convertido en el quinto estado de EE. UU. en adoptar medidas legislativas para frenar la sustracción forzada de órganos por parte del régimen comunista chino.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó la Ley para Poner Fin a la Sustracción de Órganos en Arizona (HB 2109) el 6 de mayo, tras su aprobación por el Senado estatal a finales de abril. La nueva norma permite a los proveedores de seguros —incluidos contratos de suscripción, organizaciones de servicios de salud, aseguradoras de discapacidad y la agencia estatal de Medicaid— denegar o limitar la cobertura a pacientes que opten por recibir un trasplante de órgano en China o Hong Kong, o cuando el órgano provenga de una jurisdicción controlada por el Partido Comunista Chino (PCCh).
La ley entrará en vigor en verano, ya que la legislación de Arizona establece que los proyectos de ley firmados entran en vigor 90 días después de terminar la sesión legislativa actual.
El representante estatal Leo Biasiucci, principal promotor del proyecto, manifiesta que le anima ver a su Estado resuelto para frenar la sustracción forzada de órganos.
Él espera que esta noticia aporte algo de consuelo a las personas y familias que han sido blanco de este abuso, comentó a The Epoch Times.
Un proyecto de ley similar, también impulsado por Biasiucci, fue vetado por Hobbs en abril del año pasado tras ser aprobado por ambas cámaras legislativas del Estado. En ese momento, la gobernadora lo rechazó alegando que contenía «disposiciones excesivas» que habrían prohibido a las instituciones sanitarias y a los centros de investigación utilizar equipos fabricados en China para la secuenciación genética, y a las aseguradoras financiar esa práctica.
El representante dividió el proyecto de ley de 2024 en dos leyes, una sobre la sustracción de órganos y otra sobre la secuenciación genética, y las presentó a principios de este año. Hobbs vetó el proyecto de ley sobre la secuenciación genética (HB 2693) el 2 de mayo.
Texas, Utah, Idaho y Tennessee han promulgado leyes similares para contrarrestar la sustracción forzada de órganos por parte del PCCh.
Actualmente, hay dos proyectos de ley en el Congreso que abordan esta cuestión.
El 7 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó la Ley para Detener la Sustracción Forzada de Órganos (HR 1503), que sancionaría a cualquiera implicado en el abuso, incluyendo la revocación de visas y el bloqueo de transacciones de bienes en Estados Unidos. Además, las personas que participen deliberadamente en este acto podrían enfrentarse a una pena de hasta un millón de dólares (899 000 euros) y 20 años de prisión.
La Cámara de Representantes también aprobó la Ley de Protección de Falun Gong (HR 1540) el 5 de mayo, que incluye medidas para sancionar a quienes participen en la sustracción forzada de órganos de practicantes de Falun Gong.
La industria de la sustracción forzada de órganos experimentó un auge a partir del año 2000, cuando el régimen inició una campaña a gran escala para perseguir la disciplina espiritual Falun Gong, que por entonces contaba entre 70 y 100 millones de practicantes en China.
En 2019, el Tribunal de China en Londres concluyó que el régimen chino ha extraído órganos por la fuerza de presos de conciencia «a gran escala» durante años, siendo los practicantes de Falun Gong la «fuente principal» de esos órganos humanos.
Biasiucci afirmó que le reconforta ver al Congreso actuar sobre este asunto. Y pronto, indicó, otros estados seguirán su ejemplo.
«Ha tardado mucho tiempo», expresó. «Es una locura pensar que esto está sucediendo en el año 2025, así que creo que la gente ha tardado un poco en comprender que es real».
«Pero una vez que la gente comprenda exactamente lo que hace el PCCh, no podrá mirar hacia otro lado», añadió.
La Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos, en una declaración emitida en julio de 2023, expresó su preocupación por cómo las instituciones estadounidenses podrían estar ayudando sin saberlo a los abusos de China.
La asociación afirma que médicos y estudiantes chinos, autorizados por el Partido Comunista Chino para salir del país —ya sea mediante coacción o adoctrinamiento— han sido admitidos en universidades, facultades de medicina y programas de residencia en Estados Unidos, donde adquieren conocimientos científicos, formación médica y experiencia práctica
Biasiucci expresó su preocupación por el hecho de que universidades estadounidenses estén formando a médicos chinos que luego regresan a su país para realizar trasplantes, lo que, según él, los convierte en cómplices de abusos.
En un informe de 2022, la Organización Mundial para Investigar la Persecución de Falun Gong —un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos— documentó cientos de casos en los que cirujanos chinos se entrenan en Estados Unidos antes de aplicar esas habilidades en hospitales chinos involucrados en la sustracción forzada de órganos.
El representante explicó que una de las principales razones por las que decidió patrocinar el proyecto de ley es su deseo de concienciar a la población de Arizona y más allá.
«Pensar que hay personas encarceladas cuyos órganos se utilizan en el comercio de trasplantes en países como China… no creo que mucha gente crea que esto realmente está ocurriendo».
Biasiucci confía en que la ley sirva para «difundir la información» y concienciar sobre la gravedad del problema.
«Una vez que se aprueba una medida así, se abre la puerta a más cambios», añadió.
El primer paso será poner fin a la cobertura del seguro médico para este tipo de prácticas, y que continuará trabajando para «incidir en más aspectos» y «hacer todo lo posible para acabar con esto».
«Esto es lo correcto», concluyó.
Artículo publicado originalmente en The Epoch Times en español con el título «Arizona, el quinto estado en prohibir financiamiento de trasplantes de órganos vinculados a China»
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