Las ubicaciones propuestas por el Gobierno para la instalación de una planta fotovoltaica, destinada a suministrar energía a la desaladora de Torrevieja, constituirían un «despropósito ambiental», según la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Alicante. La organización calificó el caso como «una situación más en una larga lista de agravios» contra una región eminentemente agrícola, que además se está viendo afectada por las restricciones al trasvase de agua.
«Es inasumible que el Ministerio de la Transición Ecológica presente un proyecto que tiene un impacto brutal en espacios protegidos. Eso deja clara la voluntad de este gobierno, que es erosionar la agricultura, erosionar el agua disponible y no hacer ninguna inversión para que la agricultura siga teniendo el recurso hídrico que necesita», declaró el 12 de junio el agricultor y presidente de la asociación agraria alicantina, José Vicente Andre, al explicar a The Epoch Times España cómo está afectando esta situación a los agricultores.
Los emplazamientos propuestos por el Ministerio afectarían fincas agrícolas protegidas que son tierras que están declaradas de interés nacional (Ley 52/1980, de 16 de octubre) en el plan que regula la explotación del acueducto Tajo-Segura. «Es un suelo que debe estar protegido de este tipo de instalaciones».
La planta fotovoltaica se planeó para bajar el coste energético de la desaladora de Torrevieja, que repartiría agua entre las Comunidades de regantes de las zonas del Trasvase Tajo-Segura.
La asociación de Alicante propone emplear suelos de secano sin protección ambiental, en acuerdo con la normativa europea, «los hay disponibles en la zona, solo hace falta un mejor análisis del territorio», dijo en un comunicado el 10 de junio.
En opinión de los agricultores, ya que el proyecto es inadmisible ambientalmente, «solo puede entenderse como una excusa para no conectar la desaladora con el trasvase, lo que hipoteca el futuro del regadío en la provincia».
Además, añaden que no ha habido la voluntad política para ejecutar «las infraestructuras esenciales, como las tuberías para llevar el agua desalada a todos los regantes».
Andreu: «Son caudales ideológicos»
Por otra parte, los terrenos agrícolas de Alicante están afectados por un decreto ley del 29 de abril que reduce drásticamente el trasvase de aguas para regadío por el Acueducto Tajo-Segura. El argumento que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y el Gobierno para esta limitación es la necesidad de respetar los «caudales ecológicos».
El presidente de la asociación de Alicante dijo a The Epoch Times que «por mucho que se le ha requerido desde el Tribunal Supremo de España, no hay ningún informe técnico que el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de España hayan aportado en base al cual se determinan los caudales ecológicos que se aprobaron en el plan hidrológico en el Tajo en 2023».
«No existe, por tanto, justificación técnica y de ahí que para ASAJA son caudales ecológicos por imposición política, no técnica ni medioambiental».
«El Tajo tiene una buena calidad de agua, un estado ambiental equilibrado y sano y no hay ninguna justificación técnica en base al cual esos valores de caudal ecológico estén justificados», sostiene.
El Sr. Andreu recuerda que cuando se aprobó el plan hidrológico del Tajo, ante la posible reducción del agua trasvasada del Tajo-Segura, se propusieron millonarias inversiones para mejorar la disponibilidad hídrica en el Segura. «Miles de millones en una planta fotovoltaica para reducir el costo energético del agua desalada» y en infraestructuras para que llegue el agua desalada a todos los regantes del trasvase.
«Han pasado dos años y medio y no se ha hecho absolutamente nada. Tan solo se han elaborado algunos proyectos básicos que incumplen la ley ambiental autonómica y del propio Estado», afirmó Andreu.
También señaló que se estaba estudiando recuperar 30 hectómetros de agua que se están vertiendo a la bahía de Alicante y «tratarlos mejor, cumpliendo la ley de uso agrícola de agua regenerada». El problema, explica, es que MITECO archivó el proyecto. «No tramita el impacto ambiental y niega la financiación».
De lo mucho que prometió, lo que se observa es que «no va a ejecutar absolutamente nada», dijo Andreu.
«Lo que queremos es soluciones y queremos que no se use a los agricultores y la normativa ambiental para conseguir unos objetivos políticos».
Por otro lado, el agua de regadío también se está usando para los consumidores. Esto también «es inadmisible», según el presidente de la organización. «Eso reduce el agua al Levante español y por eso llevamos muchos años trabajando hasta conseguir un uso justo de agua».
«En España hay agua suficiente para atender a todas las regiones», concluye Andreu, advirtiendo que no hay necesidad de reducir el agua del trasvase El Tajo-Segura porque hay agua para Castilla La Mancha, en primer lugar, y hay agua para el Levante español también».
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