La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció oficialmente esta semana que su gobierno llevará a los tribunales el nuevo Real Decreto que endurece los criterios de reconocimiento y acreditación de universidades que presentó en abril la ministra de Ciencias,Diana Morant. A la par, dio a conocer detalles de una futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que está trabajando a nivel regional junto con los rectores de las universidades públicas y privadas y los Consejos Sociales.
Según Díaz Ayuso, el Real Decreto del gobierno central, que entre otras cosas exige un mínimo de 4500 alumnos, «ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas». La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ya presentó las primeras alegaciones al texto ante el Ministerio.
Su gobierno señaló que «se opondrá a esta normativa con todos los instrumentos a su alcance para defender no solo a los centros de Madrid, sino a ese 60 % de las universidades privadas» que se encuentran aprobadas y que «se verían ahora condenadas a la ilegalidad y a la desaparición con este Real Decreto».
En cuatro décadas, España ha pasado de tener 33 universidades públicas y 4 privadas, a tener 50 universidades públicas y 46 universidades privadas. Y, en este momento, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) tiene pendiente emitir informes de evaluación de 10 nuevas propuestas de creación de universidades en el país, según el Ministerio de Ciencias.
El anuncio de Díaz Ayuso se hizo el 12 de mayo, fecha en que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se reunió con el Pleno del Consejo de Universidades para debatir el borrador y los cambios de su nuevo Real Decreto que el gobierno de Pedro Sánchez prevé aprobar el próximo mes de junio.
Una nueva ley para la Comunidad de Madrid con distrito único
La respuesta de Madrid al gobierno de Sánchez es una futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que «creará un Distrito único de prácticas que velará porque ningún estudiante universitario ni de FP [formación profesional] se quede sin plaza», dijo Díaz Ayuso el 12 de mayo a través del comunicado de su discurso ofrecido esa mañana en el Nueva Economía Fórum.
También destacó que en este distrito «se unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores», entre ellas las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios.
Esta unificación se plantea como un «reconocimiento legal» que creará «puentes entre la formación y el empleo, y fomentará el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional».
También involucraría una comisión de coordinación y una aplicación informática unificada, disponible para facilitar al estudiante la posibilidad de encontrar unas prácticas.
«La Ley apuesta por proteger las Humanidades y fomentar la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la UE. Además, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en universidades públicas y privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma».
Un nuevo modelo de financiación de universidades
El nuevo sistema de financiación para las universidades públicas será plurianual, revisable cada cinco años y de tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades particulares, como, por ejemplo, la rehabilitación de edificios, y una tercera opcional para el desarrollo de distintos objetivos. En este último aspecto, Madrid propone potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.
A los centros se les ofrecerán «nuevas herramientas de financiación», entre ellas se propone una gestión de propias carteras de inversión, préstamos interuniversitarios de sus remanentes en condiciones preferentes, gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.
Mercado abierto
Según Díaz Ayuso, en el distrito unificado serán acreditados profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto.
Con ello se prevé la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado, además del acceso de alumnos y profesores de FP superior a las convocatorias propias de investigación, así como «el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario».
Las escuelas de negocio, «quedarán bajo el rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad» o tendrán la obligación de informar a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no, para evitar confusiones.
En este momento, el sistema universitario madrileño está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300 000 estudiantes, con la mayor parte en los centros públicos (200 000) y el resto en las universidades privadas (100 000), según los datos ofrecidos por el gobierno regional.
La Comunidad de Madrid, que tiene el 14,4 % de la población española, concentra el 22,4 % de los estudiantes universitarios de toda España.
En comparación, Cataluña tiene menos estudiantes superiores (15,9 %) que porcentaje de población (16,5 %). Al igual que Andalucía, con un 17,7 % de población y un 17,3 % del total de universitarios del país.
Morant y el PSOE de Madrid responden a Ayuso
Tras el discurso de Díaz Ayuso en Nueva Economía Fórum, la ministra Morant dijo que planeaba poner freno a la ley que prepara la Comunidad de Madrid, que a su juicio redundará en la «asfixia generalizada» de la universidad pública madrileña, a la vez que «abre las puertas» a la privada, informó la agencia EFE.
Sin dar mayores detalles, añadió que «el distrito único acaba generando siempre guetos, porque al final hay una distribución arbitraria de la población y, por tanto, no hay una integración real».
«Lo que intentan continuamente es atacar y destruir ese sistema de igualdad de oportunidades», concluyó la ministra.
Por su parte, el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, dijo que el Partido Socialista trabajará «por tierra, mar y aire» para impedir la nueva ley de universidades del Gobierno de Díaz Ayuso.
«Quiero denunciar el ayuzaso universitario que nos llega», dijo López este lunes en el 13o Congreso regional de CCOO Madrid después de que la presidenta regional presentara la futura ley.
Según López, la ley madrileña busca «acabar con la autonomía universitaria y con el motor de igualdad que es la universidad pública».
La previsión del gobierno de Ayuso es que la nueva ley sea aprobada en el último trimestre de 2025.
Argumentos del rechazo al nuevo Decreto Ley del Gobierno central
Una treintena de universidades privadas que forman parte del Foro Emilia Pardo Bazán rechazaron el proyecto de Real Decreto por el que se modifican las normas para la creación, el reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios del país.
El Foro Emilia Pardo Bazán dijo a través de un comunicado que el real decreto de creación de nuevas universidades planteaba exigencias «inaceptables» que generan «una grave inseguridad jurídica». El texto «parte de un planteamiento erróneo y ofrece una visión distorsionada de las universidades privadas. Estas, al igual que las de titularidad pública, contribuyen a la diversidad del sistema educativo y a garantizar el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior».
La posición del Foro es de carácter «unánime» y «crítica» en contra del proyecto del real decreto.
El Foro pidió al secretario general de Universidades, Paco García, con el que tuvo un encuentro, «reconsiderar el contenido» del decreto porque las medidas «amenazan la estabilidad de las universidades y siembran incertidumbre sobre su futuro y el de todos los estudiantes universitarios».
La Conferencia de Consejos Sociales (CCS) de las Universidades Españolas también expresó su rechazo a la propuesta de un real decreto del Gobierno sobre el requisito de alcanzar un mínimo de 4500 alumnos para mantener el estatus de una universidad privada y envió una carta sugiriendo 13 mejoras al documento.
«No se trata únicamente de establecer requisitos de entrada al sistema, sino de garantizar mecanismos eficaces de seguimiento que verifiquen, a lo largo del tiempo, que las universidades mantienen el nivel de calidad exigido. Este principio debe aplicarse con independencia de la naturaleza pública o privada de la institución», dicen sus alegaciones.
También rechazó que las universidades virtuales «deban pasar por un procedimiento distinto a las universidades presenciales que implique la aprobación de las Cortes Generales».
«Todos los centros deben evaluarse con criterios de calidad, con independencia de la modalidad de impartición», señaló la CCS, abogando por una neutralidad en el tratamiento de universidades presenciales y virtuales.
«El Real Decreto del Estado sobre universidades limita el acceso a la pluralidad con el corte de lo que llaman “masa crítica”. Con menos de 4500 estudiantes cerrarán las puertas a la formación privada y así, acabarán con las opciones y con la libertad educativa», añadió el Grupo Parlamentario VOX en Canarias, en X.
La ministra Morant indicó el 7 de mayo que durante el trámite de audiencia pública del Real Decreto, el gobierno recibió alegaciones de 57 instituciones, incluidas la mayoría de las Comunidades Autónomas, la CRUE, la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), así como de varias universidades y otras asociaciones.
Como respuesta a las solicitudes, dijo que los plazos para adaptarse a los nuevos requisitos académicos, financieros y de investigación que contempla la norma se han ampliado.
Otro de los cambios consistirá en establecer que todas las agencias evaluadoras deberán crear la comisión de evaluación específica para elaborar los informes de evaluación de propuestas de nuevas universidades, compuestas por una mayoría de profesorado universitario elegido por sorteo. El objetivo de esta medida es garantizar la independencia del proceso evaluador que deberá realizar la agencia de calidad correspondiente sobre la calidad global del proyecto de crear una nueva universidad en España.
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