El caso Leire Díez irrumpe como un terremoto en los cimientos del Gobierno de Pedro Sánchez, amenazando con fracturar la ya debilitada credibilidad del PSOE.
La imputación de Díez, conocida como la «fontanera» del partido por su rol en operaciones discretas, destapa un escándalo que combina audios comprometedores, acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, y un presunto intento de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Este caso, lejos de ser un episodio aislado, se suma a una serie de investigaciones judiciales que cercan al entorno del presidente, poniendo en riesgo su liderazgo en un momento crítico para su coalición.
El jueves, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, a cargo del magistrado Arturo Zamarriego, imputó a Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La decisión se basa en audios donde Díez supuestamente ofrecía favores judiciales a cambio de información para desacreditar a la UCO, unidad que está ejerciendo un rol clave en diversas investigaciones por corrupción que están salpicando a la cúpula socialista.
La imputada está citada a declarar el 11 de noviembre del corriente año, junto con testigos como el comandante Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión preventiva por el caso Koldo.
Un caso que apunta a la cúpula socialista
La imputación de Leire Díez se originó en una denuncia de la asociación HazteOír, que acusó a la exmilitante de intentar «neutralizar» investigaciones de la UCO sobre presuntos delitos cometidos por dirigentes socialistas.
La controversia gira en torno a una serie de grabaciones filtradas en mayo de 2025 por El Confidencial que vinculan a Díez con un supuesto intento de desacreditar a mandos de la Guardia Civil y del ámbito judicial en beneficio del entorno del Gobierno.
El auto judicial detalla que los hechos ocurrieron el 12 de febrero de este año, cuando Díez mantuvo una videollamada con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por un fraude de hidrocarburos de más de 154 millones de euros.
En la conversación también habrían participado el empresario Javier Pérez Dolset —procesado por fraude en subvenciones— y el abogado Jacobo Teijelo, quien actualmente representa a Santos Cerdán.
Díez habría ofrecido a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a cambio de información que comprometiera al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, unidad que dirige investigaciones sensibles, como el caso Koldo, y otras causas que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez Pérez-Castejón, esposa y hermano del presidente del Gobierno.
Particularmente, en los audios, Díez solicita a su interlocutor que le dé «un papelito» que permita poner en cuestión la imparcialidad y limpieza de Balas, entre otras peticiones.
El juez Zamarriego considera que estos hechos encajan en los artículos 424.1 (cohecho) y 438 (tráfico de influencias) del Código Penal, aunque descartó investigar un delito de revelación de secretos por falta de denuncia del agraviado.
La investigación también abarca un encuentro entre Díez y Rubén Villalba —el cual se encuentra implicado en el caso Koldo—, donde se habría repetido el mismo patrón.
En diálogo con The Epoch Times España, Javier María Pérez Roldán, letrado jefe de HazteOír, celebró la imputación de Díez y explicó que el objetivo de la querella presentada por su organización es «intentar desmontar toda la organización paralela al Estado que ha ido organizando el PSOE para dinamitar nuestro Estado de Derecho».
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Otros cuatro juzgados madrileños han recibido denuncias relacionadas, presentadas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), Iustitia Europa y el PP ante la Fiscalía Anticorrupción.
El Juzgado de Instrucción número 2 abrió diligencias previas el 16 de julio tras una denuncia de la ASESGC, lo que sugiere que el caso podría escalar.
Un pilar anticorrupción bajo presión
La UCO ha sido un actor central en investigaciones que han sacudido al PSOE, como el caso Koldo, que destapó una presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia —entre otros presuntos hechos de corrupción—, llevando a la detención de Santos Cerdán el 30 de junio.
También ha liderado pesquisas sobre Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, y sobre David Sánchez, por posibles irregularidades en contratos públicos en Extremadura.
En el caso Leire Díez, la UCO es tanto investigadora como objetivo. Los audios sugieren un intento de desacreditar a Antonio Balas, jefe de la unidad.
Desde la unidad han salido a respaldar la labor de sus integrantes.
«Esta unidad ha demostrado durante años su compromiso con la legalidad, la imparcialidad y la profesionalidad, incluso en los casos más sensibles. La investigación que afecta a la imputada Leire Díez se basa en criterios técnicos, judiciales y probatorios, y no en intereses políticos o partidistas», resaltó Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
En diálogo con The Epoch Times España, Salardón también expresó preocupación por los ataques a la unidad: «Resulta profundamente preocupante que se intente desacreditar su labor mediante filtraciones interesadas o ataques velados a su independencia».
«Esas grabaciones lo que demuestran es el intento del PSOE de controlar todas aquellas instituciones y organismos que todavía funcionan correctamente», coincide Pérez Roldán desde HazteOír.
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La presión sobre la UCO no es nueva: en 2024, el Gobierno fue criticado por intentar limitar las competencias de la Guardia Civil en investigaciones judiciales, generando protestas de la AUGC.
Además, el Ejecutivo sigue impulsando la denominada Ley Bolaños, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone trasladar la dirección de las investigaciones penales de los jueces a los fiscales. Dado que el fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo, esto implicaría, de facto, que las unidades como la UCO pasen a depender funcionalmente del Gobierno, algo que es resistido desde sindicatos policiales, asociaciones judiciales y expertos en derecho penal por considerar que afectaría la imparcialidad y la independencia de la unidad para investigar delitos complejos.
«Cuando las investigaciones alcanzan a figuras del entorno del poder, se intensifica la presión institucional, mediática e incluso interna» expuso Salardón describiendo que, de esta forma, los agentes «se enfrentan no solo a la dificultad propia de recabar pruebas en entornos protegidos por estructuras políticas, sino también a una narrativa que intenta condicionar la opinión pública».
Sánchez en el ojo del huracán
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Madrid, España, el 16 de junio de 2025. Nacho Doce/Reuters
La imputación de Leire Díez agrava la crisis política que enfrenta Pedro Sánchez.
En declaraciones del 27 de mayo, Díez reconoció la autenticidad de la conversación, aunque matizó que la misma formaba parte de una supuesta investigación que estaba realizando para un libro.
Si bien el PSOE ha intentado desvincularse de ella, hay pruebas que infieren que se movía en un círculo muy selecto en la cúpula socialista. Inclusive Santos Cerdán admitió conocerla desde hace años.
El 28 de mayo, El Confidencial reveló otro audio, grabado en septiembre de 2024, en el que Pérez Dolset afirmaba que la operación para desacreditar a la UCO había sido impulsada directamente por Pedro Sánchez y Santos Cerdán, con la participación de Leire Díez: «Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán […] y con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir».
En sus propias redes sociales, Leire Díez ha publicado imágenes junto a Patxi López, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.
Además, fuentes del PSOE cántabro citadas por El Diario Montañés, la propia Díez habría comentado que colaboraba en «asesoramiento contra la desinformación» para Santos Cerdán.
«La actuación de Leire Díez y las alcantarillas o las cloacas del Estado lo que demuestran es un problema estructural, ya no solo dentro del PSOE, sino dentro de nuestro propio Estado de Derecho», afirma al respecto Pérez Roldán.
El letrado de HazteOír sostiene que el PSOE ha extendido «sus tentáculos a todos los procedimientos judiciales, intentando implicar a jueces, abogados, acusaciones» a lo largo de varios años.
El caso llega en un contexto delicado. Las investigaciones sobre Begoña Gómez y David Sánchez ya han erosionado la imagen del Gobierno y desde la oposición el PP y Vox han intensificado sus críticas y han llamado a la dimisión de Sánchez.
La coalición de gobierno también se tambalea. Tanto Sumar, como ERC, Podemos, IU, BNG y EH Bildu, creen que el PSOE debería ser más «contundente» en responder ante este tipo de casos. Ante la debilitada posición de Sánchez y ante la escalada de escándalos, ¿se podría fracturar la coalición de gobierno?
Un horizonte de incertidumbre
La imputación de Leire Díez marca un momento crítico para el PSOE.
Los tribunales avanzan en un caso que podría destapar una red de influencias en el corazón del partido, mientras Sánchez enfrenta el desafío de mantener la cohesión de su Gobierno.
La UCO seguirá siendo un actor clave, pero su labor la deberá seguir desarrollando bajo una intensa presión política.
HazteOír, por su parte, mantiene su cruzada contra el PSOE, partido que Pérez Roldán no duda en calificar —al menos sociológicamente— como una «organización criminal» que busca «ahogar cualquier acto de libertad y de espíritu crítico».
A medida que el 11 de noviembre se acerca, los ojos de España estarán puestos en los tribunales, donde el futuro político del país podría definirse.
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