La Comisión Europea dice a España que «se ha quedado muy corta» en los objetivos acordados en lo que se refiere a interconexión eléctrica entre los estados y añade que no ha seguido del todo las recomendaciones que recibió tras el informe anterior, especialmente sobre las necesidades de agua.
En un informe publicado el 27 de mayo, la Comisión considera que la inversión en infraestructura de red eléctrica y optimización del sistema energético europeo bien integrado es clave para una transición energética limpia y rentable, desde la transmisión hasta la distribución.
La interconexión eléctrica, es decir, la conexión a redes vecinas permite recibir o exportar electricidad según las necesidades, y entre otros factores, se considera necesaria para mantener en equilibrio una red eléctrica.
En el contexto del reciente apagón del 28 de abril que afectó a la España peninsular y Portugal, la ministra de Medioambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, anunció este mes que entregaría a la Comisión Europea (CE) una carta de su país y España en la que se plantea la necesidad de acelerar las interconexiones eléctricas entre la península ibérica y Francia.
La misiva de los Gobiernos de Portugal y España fue dirigida al comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen y al ministro de Energía francés, Marc Ferracci.
El objetivo de interconectividad trazado para 2030 era del 15 %, pero Bruselas advierte que «algunos países como España, Grecia, Italia y Francia se quedan muy cortos, lo que pone de manifiesto una brecha persistente en el desarrollo de conexiones transfronterizas por parte de los Estados miembros». Así lo señala el informe que evaluó los planes nacionales de energía y clima actualizados y los comparó a los objetivos energéticos y climáticos trazados por la Unión para 2030, y que la Comisión presentó esta semana.
La Comisión pidió a España y los países que no han cumplido «intensificar los esfuerzos para garantizar inversiones suficientes en infraestructura en todos los niveles de voltaje para satisfacer las necesidades nacionales y transfronterizas». Entre los Estados miembros que sí superaron ampliamente el objetivo de interconectividad del 15 % de la UE para 2030 están Luxemburgo, Eslovenia, Letonia y Hungría.
La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) considera que aún falta abordar 32 GW de capacidad transfronteriza entre los países.
España no aborda algunas recomendaciones
El mismo informe señala que España no ha implementado ciertas recomendaciones de las cinco dimensiones de la Unión Energética: descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía e investigación, innovación y competitividad definidos en los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC).
Cada país presenta un informe de progreso cada dos años. El 28 de mayo de 2025, la Comisión publicó su evaluación a nivel de la UE de los PNEC actualizados, acompañada de un Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión con la evaluación individual.
La evaluación indica que el plan presentado por España no proporciona una estrategia integral de CCUS (Captura y Almacenamiento de Carbono) ni incluye una estimación de la capacidad de almacenamiento esperada para el país, ni establece objetivos anuales, ni menciona ejemplos de proyectos de CCUS en curso o planificados.
Sin embargo, a pesar de las carencia, el plan español sí menciona una financiación de 2370 millones de euros (870 millones de euros en subvenciones y 1500 millones de euros en préstamos) destinados a la descarbonización de la industria manufacturera, incluidos los proyectos de CCUS.
No se aborda la demanda de agua futura
España tampoco ha abordado la recomendación que hace referencia a la planificación de adaptación a la futura demanda de agua.
El plan establece un conjunto significativo de políticas y medidas y aborda parcialmente la disponibilidad futura de agua y sus implicaciones para el sector energético, pero la Comisión señala que carece de una evaluación completamente integral y prospectiva sobre la futura demanda de agua y la oferta disponible a nivel nacional.
Aunque se proponen soluciones como la desalación y el hidrógeno renovable, la Comisión entiende que no se consideran adecuadamente los posibles conflictos intersectoriales, como aquellos relacionados con la producción de energía, la agricultura y el uso residencial del agua.
Ejemplo de esos conflictos son las reclamaciones del sector agrario del levante español que se oponen frontalmente a las limitaciones al Trasvase Tajo-Segura.
La evaluación dice que aunque el plan ya es bastante completo e integra políticas y medidas de adaptación en las dimensiones relevantes de la Unión Energética, carece de los detalles necesarios sobre su alcance y cronograma, lo que dificulta la estimación de su impacto real, tanto económico como social.
Nuevas recomendaciones
La evaluación afirma que la mayoría de las recomendaciones previas no fueron del todo abordadas. Las siguientes son algunas de las nuevas recomendaciones:
En cuanto al ESR (Esfuerzo de Reducción de Emisiones), España debe implementar de manera oportuna las políticas adicionales propuestas en el plan, prestar especial atención al sector del transporte y asegurar la aplicación rigurosa de los requisitos del Reglamento de Gases Fluorados, que son gases de efecto invernaderos que se utilizan en los equipos de refrigeración y climatización, extinción de incendios, aerosoles, espumas de aislamiento térmico y aislamiento eléctrico.
En cuanto al LULUCF (Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura): debe fortalecer las medidas para cumplir con el objetivo de 2030, considerar medidas para mitigar los impactos del cambio climático en los bosques y promover prácticas de uso sostenible de la tierra, combatir la desertificación, aumentar la resiliencia de los bosques, e implementar medidas para aumentar la captura de carbono.
En cuanto a la adaptación: debe velar por más estrategias y planes, incluyendo el Plan Nacional de Adaptación 2021-2030; detallar cómo los impactos futuros en la disponibilidad de agua considerando como afecta en el sistema energético, por ejemplo, en relación con el hidrógeno renovable y la desalinización.
«Se debe prestar especial atención a los posibles conflictos intersectoriales entre la producción de energía, la agricultura y el uso urbano del agua, incluso entre regiones. Integrar evaluaciones (…) en los planes sectoriales, centrándose en las vulnerabilidades de la infraestructura energética, como inundaciones, sequías y olas de calor, y reflejar esto en los documentos de planificación, las normas de construcción y el diseño de los sistemas energéticos. Garantizar que las evaluaciones de vulnerabilidad de las redes e infraestructuras energéticas se realicen bajo diferentes escenarios climáticos», dicen las recomendaciones.
En cuanto a los subsidios a los combustibles fósiles: pide que establecer una hoja de ruta clara con medidas específicas para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.
En cuanto a la industria: pide acelerar los esfuerzos para descarbonizar las industrias, desarrollar e implementar una estrategia de captura y almacenamiento de carbono (CCUS), detallando la capacidad de almacenamiento y objetivos de inyección y enfatizar el papel de la industria en la movilización de inversiones en eficiencia energética.
En cuanto a las «áreas de aceleración de renovables»: pide implementar las áreas planificadas para la aceleración de las renovables, equilibrando el despliegue de renovables con los imperativos sociales y ambientales.
En cuanto a la eficiencia energética: pide implementar medidas para alcanzar la mayor ambición de eficiencia energética para 2030; implementar más medidas en el sector del transporte, que se proyecta como el mayor consumidor de energía en 2030 y adoptar mecanismos específicos de monitoreo para asegurar una implementación adecuada.
En cuanto a los edificios: pide acelerar la renovación de edificios, especialmente en el stock de edificios no residenciales, introducir medidas relacionadas con soluciones inteligentes/digitales en los edificios e incluir medidas para el uso de energías renovables, como las solares, para descarbonizar la calefacción y refrigeración de los edificios.
En cuanto a la transición justa: pide desarrollar un análisis más detallado y robusto de los impactos sociales y laborales de la transición energética.
Pobreza energética
La evaluación también abordó el tema de la pobreza energética y dijo que pocos Estados miembros proporcionaron definiciones claras de pobreza energética o establecieron objetivos específicos para su reducción.
En cambio, muchos Estados miembros describieron bajo este propósito medidas estructurales o de apoyo a la renta, con énfasis en la eficiencia energética, la renovación de edificios y la descarbonización. Algunos Estados miembros adaptaron las medidas para ayudar a grupos más vulnerables.
La Comisión dice que los consumidores están siendo vistos como un objetivo en las ambiciones energéticas. La mayoría de los Estados miembros están tomando medidas para desarrollar mercados minoristas más competitivos y crear más oportunidades para que ellos participen activamente en los mercados energéticos como clientes activos, a través de la agregación o las comunidades energéticas. Se están incorporando precios dinámicos con contadores inteligentes para promover la participación de los consumidores en la transición energética.
«Garantizar la coherencia con la elaboración de los Planes Sociales para el Clima en el marco del Fondo Social para el Clima (…) es crucial para un progreso efectivo», sostiene la evaluación.
Energía nuclear entre los objetivos de la UE
El objetivo de la Unión Europea (UE) es alcanzar la autonomía energética, impulsar la competitividad para reducir la dependencia de los combustibles fósiles para 2030.
Solo en 2023, la UE importó combustibles fósiles por valor de más de 430 000 millones de euros cantidad que podría destinarse a invertir en la transición limpia hacia una UE más autónoma y segura, según Bruselas.
En todos los planes, la seguridad energética se ve reforzada por un menor consumo de gas y una mayor diversificación de las fuentes de energía, incluyendo un mayor papel de la energía nuclear en la generación de electricidad y la producción de calor en varios Estados miembros.
En 2023, se logró que las energías renovables representaran el 24 % de la producción energética total, y el consumo final de energía ascendió a 894 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), en comparación con el objetivo de 763 Mtep de consumo final de energía para 2030, añade el informe.
Además, dice que ha esbozado un plan para convertir la descarbonización en un motor de crecimiento para las industrias europeas, ofreciendo claros incentivos empresariales a los sectores con un consumo intensivo de energía y a la fabricación de tecnologías limpias, incluyendo el objetivo intermedio recomendado para 2040 de una reducción del 90 % de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI).
La última evaluación de los PNIEC muestra que su plena implementación acercaría a la UE al logro de sus objetivos. El análisis resumido en esta Comunicación revela avances significativos en comparación con los planes preliminares e indica que la UE está bien encaminada para alcanzar los objetivos de 2030 de reducir las emisiones netas de GEI en al menos un 55 % con respecto a 1990 y aumentar la cuota de energías renovables hasta al menos el 42,5 %, con la aspiración de alcanzar el 45 %.
Sin embargo, «se requieren mayores esfuerzos para reducir el consumo de energía en un 11,7 %. A pesar de estas mejoras, persisten algunas deficiencias».
Las principales conclusiones de la evaluación a nivel de la UE, basándose en las proyecciones de los Estados miembros:
– la Comisión estima una disminución de las emisiones netas totales de GEI13 de aproximadamente el 54 % en 2030, en comparación con 1990.
– Se prevé que las emisiones de GEI de los sectores cubiertos por el Reglamento de Reparto del Esfuerzo14 (REE) disminuyan aproximadamente un 38 % en 2030, en comparación con 2005, aproximadamente 2 puntos porcentuales por debajo del objetivo del 40 % de la UE.
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