La Comisión Europea confía en sellar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur durante la cumbre del próximo día 20 en Brasil, sin embargo Francia pidió aplazar la firma mientras las organizaciones agrarias anuncian una gran manifestación agraria este jueves en Bruselas «que ya se perfila como histórica» con la participación de representantes de 25 Estados miembros de la Unión Europea.

La protesta contra la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que reunirá alrededor de 10 000 participantes, agricultores y ganaderos de toda Europa, se debe también al recorte del 20 % previsto en la Política Agraria Común (PAC).

Francia pidió este domingo que se aplace la firma del acuerdo y continúen las negociaciones sobre medidas de protección «legítimas» de la agricultura europea.

«Francia solo puede emitir una declaración definitiva basada en elementos concretos, precisos y operativos, no en meros anuncios», señaló en un comunicado el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, según la agencia EFE. «Es evidente, en este contexto, que no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo».

Macron reiteró en Berlín su oposición a la firma del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur en su estado actual, en línea con la posición expresada previamente por su Gobierno, según la prensa local. «El presidente fue muy claro con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el sentido de que el acuerdo no cumple actualmente los requisitos para proteger a los agricultores franceses».

El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, estableció tres condiciones para aceptar la firma del acuerdo. En primer lugar, la inclusión de una cláusula de salvaguardia sólida y eficaz. En segundo lugar, que las normas aplicables a la producción en la UE se apliquen también a los países socios. Y, en tercer lugar, el establecimiento de controles de importación efectivos.

«Hasta que no obtengamos garantías sobre estos tres puntos, Francia no aceptará el acuerdo», declaró el ministro.

En la misma línea, el ministro italiano de Agricultura, Francesco Lollobrigida, declaró que el tratado UE-Mercosur, en su estado actual, es «insostenible», una posición que ya había sido confirmada por Roma en junio de 2025.

En marzo, el Gobierno de Polonia reiteró a la vez su oposición al acuerdo al considerar que algunos de sus artículos pueden resultar engañosos o ambiguos. «Declaramos que no hay cambios en la posición» del Ministerio de Agricultura y del Ejecutivo, subrayó Varsovia.

El principal argumento es «la excesiva apertura del mercado de la UE a productos sensibles», que —según el Gobierno polaco— amenaza la igualdad de condiciones y dificulta el acceso de los agricultores europeos a los mercados. «La posible compensación, cuya forma y cuantía se desconocen, no es suficiente», añadió.

España: «Es vital» cerrar el acuerdo

El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, afirmó este martes que es «vital» cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, dada la actual coyuntura internacional.

«En el contexto internacional actual, la prioridad para la Unión Europea de cerrar este acuerdo es vital, y esperamos que así sea», declaró Sampedro a su llegada a Bruselas, donde participó en la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos de los Veintisiete.

El responsable español subrayó además que «nunca se han dado unas circunstancias tan favorables» que expliquen de forma tan clara «la urgencia y la necesidad» de suscribir el acuerdo con Mercosur.

En la misma línea, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se mostró la semana pasada «optimista» que el acuerdo «pueda cerrarse antes de final de año».

Por su parte, la expectativa de la Comisión Europea «sigue siendo firmar el acuerdo con Mercosur a finales de 2025, siempre que se cumplan los procedimientos del Consejo», afirmó este lunes el portavoz comunitario Olof Gill en la rueda de prensa diaria de la institución.

Según Bruselas la firma ahora de ese acuerdo es «una cuestión de una importancia crucial desde el punto de vista económico, diplomático y geopolítico».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tienen previsto viajar a Brasil el 20 de diciembre para la firma del polémico acuerdo, tras obtener el visto bueno del Parlamento y el mandato de los Veintisiete.

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Agricultores en pie de guerra

Las organizaciones agrarias españolas ASAJA, COAG y UPA anunciaron el 15 de diciembre que participarán en una gran manifestación el próximo 18 de diciembre en Bruselas, que «ya se perfila como histórica», según ASAJA, al confirmarse la presencia de representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea.

La COAG informó de que acudirá con más de 100 representantes, en una movilización que, según las organizaciones convocantes, será la primera en la que el campo europeo se manifieste de forma conjunta en Bruselas para «enviar un mensaje claro a las instituciones comunitarias: basta de decisiones alejadas de la realidad agraria cuando están en juego la agricultura y la seguridad alimentaria europeas».

«Más de 10 000 profesionales agrarios de toda Europa alzarán su voz», agregó.

La protesta tendrá como eje central la defensa de una Política Agraria Común (PAC) con presupuesto propio, frente a la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un fondo único y que, según el sector, pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE.

También se denunciará la incertidumbre generada por acuerdos comerciales como el de Mercosur y la necesidad de una simplificación normativa real.

En paralelo, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reiteró este domingo su rechazo al tratado UE-Mercosur «hasta que no incluya cláusulas espejo». «Seguiremos trabajando para que no siga adelante y, si ha de hacerlo, que sea en las mejores condiciones», declaró la organización el 15 de diciembre.

Unión de Uniones subraya que el acuerdo deja en situación de vulnerabilidad al sector agrario y ganadero europeo, especialmente en productos como la carne de vacuno, las aves de corral, el cerdo, el arroz, la miel o el maíz dulce, al generar —denuncia— competencia desleal por la ausencia de exigencias equivalentes a las que rigen en la UE.

En Francia, las protestas agrarias se intensificaron estos días después que los agricultores salieron a las calles contra la normativa que obliga a sacrificar rebaños bovinos afectados por dermatosis nodular contagiosa. Durante las movilizaciones, el sector ha expresado igualmente su rechazo al nuevo PAC y el acuerdo con Mercosur por el temor a la entrada de productos sudamericanos más baratos producidos bajo normas menos estrictas.

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Las salvaguardas agrícolas

En octubre, la Comisión Europea presentó una propuesta de salvaguardas agrícolas para complementar el acuerdo de libre comercio con Mercosur que recién fue aprobada el 16 de diciembre, con algunos cambios, por 431 votos a favor, 161 en contra y 70 abstenciones. Las negociaciones con el Consejo sobre la forma definitiva de la legislación tendrán lugar mañana, 17 de diciembre.

Francia considera que el mecanismo aún «debe garantizar su solidez y operatividad», según declaró el ministro Sébastien Lecornu, una postura que coincide con las críticas expresadas por el sector agrario.

El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ya advirtió en septiembre a The Epoch Times España de que «se presenta como un acuerdo con Mercosur, pero hay flecos que no quedan claros y que son muy comprometedores para el futuro de la agricultura española y de los consumidores europeos». A su juicio, el procedimiento elegido «deja al campo europeo en una posición de vulnerabilidad» frente a las importaciones agroalimentarias del bloque sudamericano.

El reglamento aprobado establece cómo la UE podría suspender temporalmente las preferencias arancelarias para productos agrícolas sensibles —como las aves de corral o la carne de vacuno— procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay si se demuestra un perjuicio para los productores europeos, según informó el Parlamento Europeo. La Eurocámara rebajó además del 10 % al 5 % el umbral de incremento de importaciones que activaría una investigación y pidió plazos más rápidos para aplicar las salvaguardias.

Asimismo, se aprobó una enmienda que introduce un mecanismo de reciprocidad, por el cual la Comisión deberá investigar y actuar si existe evidencia creíble de que las importaciones beneficiadas por preferencias arancelarias no cumplen requisitos equivalentes en materia medioambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria o protección laboral.

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En paralelo, el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, anunció el 9 de diciembre una actualización de las normas de importación de alimentos y productos animales y vegetales, incluidas las relativas a residuos de pesticidas peligrosos, adaptándolas a estándares internacionales. La Comisión reconoce que las normas europeas son más estrictas que las de terceros países, lo que ha generado inquietud en el sector por una posible flexibilización de las importaciones.

En este sentido, Andreu advirtió de que estas medidas podrían «condenar a los agricultores europeos a la ruina y a los ciudadanos a una peor calidad alimentaria en términos de seguridad».

La Comisión también ha optado por activar un Acuerdo Comercial Interino (ATI) para aplicar de forma inmediata parte del pilar comercial del pacto. ASAJA rechaza este procedimiento al considerar que «solo favorece a terceros países y desprecia los esfuerzos de sostenibilidad, bienestar animal y calidad alimentaria exigidos en la UE». Según denuncian las organizaciones agrarias, con el ATI «la Comisión sacrifica la agricultura europea en aras de un rédito político inmediato».

El acuerdo completo de asociación entre la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur) —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— continúa bloqueado por desacuerdos políticos y deberá superar aún los trámites reglamentarios, incluida la aprobación por parte de todos los Estados miembros.