La congresista estadounidense por Nueva York, Claudia Tenney, informó el 18 de diciembre que encabezó una carta dirigida al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la que solicita «revisar las leyes españolas relacionadas con el boicot a Israel», al considerar que incluyen medidas que «se alinean con el movimiento global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS)».
Tenney está invocando la Sección 999 del Código de Rentas Internas, una norma estadounidense que regula la participación extranjera en boicots internacionales no sancionados por Estados Unidos.
«España promulgó en octubre restricciones radicales que prohíben el comercio de armas con Israel y la publicidad de productos originarios de Judea y Samaria. Estas medidas se alinean con el movimiento global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y podrían discriminar a Israel, además de generar graves consecuencias legales y económicas para las empresas estadounidenses que operan en el extranjero», dijo la congresista en un comunicado que comparte la carta.
En sus declaraciones, Tenney destaca que «las acciones de España van más allá de la retórica y constituyen una discriminación económica formal contra uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos».
Sobre el movimiento BDS, el Gobierno de Israel emitió un informe especial en 2019 sobre los vínculos entre las ONG que promueven el BDS y las organizaciones terroristas.
La congresista advierte que la legislación estadounidense —en particular la Sección 999— exige que los gobiernos extranjeros que participen o promuevan boicots no autorizados contra Israel sean investigados y responsables. En ese sentido, el Departamento del Tesoro está obligado a «mantener una lista de países que exigen o fomentan la participación en boicots internacionales no sancionados por Estados Unidos».
La inclusión en esta lista genera requisitos específicos de información y «protege a las empresas estadounidenses de cumplir inadvertidamente con leyes extranjeras discriminatorias».
Tenney declaró a su vez que «la Sección 999 existe para proteger a las empresas estadounidenses de ser obligadas a cumplir con políticas discriminatorias [extranjeras] y para garantizar la transparencia cuando nuestros aliados son objeto de ataques».
«El Tesoro debe realizar una revisión exhaustiva y aplicar la ley tal como está escrita», sostuvo Tenney.
«Estados Unidos no puede hacer la vista gorda cuando gobiernos extranjeros intentan aislar económicamente a Israel o socavar a las empresas estadounidenses en el proceso», concluyó.
La carta no fue firmada solo por Tenney. La apoyan varios representantes republicanos que comparten preocupaciones sobre las leyes españolas y su impacto potencial en la relación con EE. UU. y los negocios estadounidenses.
La iniciativa de Tenney cuenta con la firma de Sheri Biggs (Carolina del Sur), Earl L. “Buddy” Carter (Georgia), C. Scott Franklin (Florida), Harriet M. Hageman (Wyoming), Brian Jack (Georgia), Nicholas A. Langworthy (Nueva York), Michael V. Lawler (Nueva York), Barry Moore (Alabama), Andy Ogles (Tennessee), John Rose (Tennessee), Derek Schmidt (Kansas), Keith Self (Texas), Jefferson Shreve (Indiana), Pete Stauber (Minnesota), Daniel Webster (Florida), Joe Wilson (Carolina del Sur) y Rudy Yakym III (Indiana).
Las leyes españolas «relacionadas con el boicot a Israel»
Las leyes españolas «relacionadas con el boicot a Israel» a las que se refiere esa carta apuntarían principalmente al Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Esta norma prohíbe exportar a Israel e importar desde Israel material de defensa y productos/tecnologías de doble uso, y además ordena denegar autorizaciones de tránsito de ese material.
También incluye medidas sobre combustibles con posible uso militar con destino a Israel, lo que significa denegación de autorizaciones de tránsito y la prohibición de importar productos originarios de asentamientos israelíes en lo que definen como «Territorio Palestino Ocupado».
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Otras investigaciones pendientes de Estados Unidos contra España
Comité de Transporte revisa la negativa de España a barcos de programas estadounidenses
La comisionada de la Comisión Marítima Federal (FMC), Rebecca F. Dye, dijo el 22 de julio ante el Subcomité de Guardia Costera y Transporte Marítimo del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que la FMC inició una investigación en diciembre de 2024 debido a informes de que «el Gobierno de España había negado la entrada al puerto a buques con bandera estadounidense que participaban en el Programa de Seguridad Marítima (MSP por sus siglas en inglés) de la Administración Marítima del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (MARAD)».
Dye indicó que sobre la investigación la Comisión recibió 8323 comentarios, pero «el Gobierno de España presentó un comentario centrado en su soberanía, en lugar de en las razones para denegar el acceso al puerto».
Tras esta respuesta, anunció que continúa investigando y hará públicas sus conclusiones este año.
La Misión de MARAD es estratégica en la industria marítima de Estados Unidos no solo para las necesidades económicas sino también para la seguridad de la nación. El programa MSP a su vez «mantiene una flota de buques mercantes comercialmente viables y de utilidad militar, activos en el comercio internacional».
Los buques que pertenecen a la flota del MSP tienen que estar «disponibles para apoyar las necesidades de transporte marítimo de mantenimiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD por sus siglas en inglés) en tiempos de conflicto u otras emergencias nacionales», entre otros servicios, dice Federal Register.
El 19 de noviembre de 2024, la Comisión Federal Marítima fue informada de que España había denegado la entrada a sus puertos a al menos tres buques, dijo la Comisión Marítima según Federal Register. La Comisión agrega que España, al parecer, denegó en noviembre también la entrada al buque Maersk Seletar.
España denegó también el permiso para hacer escala en puerto español al mercante Marianne Danica, que zarpó de la India y que transporta armamento destinado a Israel, informó EFE .
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Congresistas piden revisión de todo el intercambio de inteligencia con España
El 17 de julio, el presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, el senador Tom Cotton, y el presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU., el representante Rick Crawford, enviaron una carta a la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, solicitando la revisión de todo el intercambio de inteligencia con los servicios de inteligencia, defensa y aplicaciones de la ley en España.
El senador Cotton dijo que emitieron la carta por los informes de que «el Ministerio del Interior español adjudicó contratos por valor de 12,3 millones de euros a Huawei, empresa con estrechos vínculos con el PCCh, para el suministro de servidores y servicios de consultoría para los sistemas de escuchas telefónicas de España», según un comunicado de prensa del 17 de Julio.
«Desde el primer gobierno de Trump, Estados Unidos ha desplegado un esfuerzo conjunto para eliminar la amenaza que los equipos de Huawei representan para las redes, la infraestructura y la privacidad estadounidenses. Hasta que España siga el ejemplo, el gobierno estadounidense debe garantizar que cualquier información compartida con el gobierno español esté censurada con los detalles que no deben compartirse con el PCCh», destacó el senador.
Revisión comercial de los contratos con Huawei para gestionar datos sensibles
Sobre el mismo tema, el 18 de agosto el congresista Gus Bilirakis, presidente del Subcomité de Comercio, Manufactura y Comercio, y el congresista Richard Hudson, presidente del Subcomité de Comunicaciones y Tecnología, enviaron una carta al Secretario de Comercio Howard Lutnick pidiendo al Departamento de Comercio de Estados Unidos que investigue la decisión del gobierno español de contratar a Huawei para gestionar y almacenar datos sensibles relacionados con los servicios de escuchas telefónicas del país.
«Me preocupan profundamente los informes que indican que España ha contratado a Huawei para gestionar y almacenar datos sensibles relacionados con los servicios de escuchas telefónicas del país. Esta decisión es sumamente problemática, dados los vínculos bien documentados de Huawei con el Partido Comunista Chino y los posibles riesgos para la seguridad nacional que dicha participación supone», declaró el presidente Bilirakis.
«Confiar una infraestructura tan crítica a una entidad bajo la influencia significativa de un gobierno autoritario extranjero podría poner en peligro no solo la seguridad interna de España, sino también la integridad de los sistemas de intercambio de inteligencia aliados. Se trata de una cuestión de seguridad nacional, y no podemos permitirnos la complacencia», añadió.
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