La decisión del Gobierno español de contratar a Huawei para el almacenamiento y la gestión de escuchas judiciales generó la apertura de dos investigaciones paralelas actualmente en curso en Estados Unidos. Estas podrían materializarse en un cierre de inteligencia y la inclusión de ciertas empresas españolas en una lista negra, advirtió el periodista de ABC, David Alandete durante su comparecencia del 28 de octubre ante el Congreso.
Estas dos investigaciones —una a cargo de la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia, y otra a cargo del Departamento de Comercio— se suman a una tercera llevada por la Comisión Federal Marítima, que podría agregar más sanciones, ya que España no dejó entrar al puerto de Algeciras a varios barcos que formaban parte de un programa estadounidense.
Al explicar sobre las restricciones que se aplican contra Huawei, relató que algunos miembros de la OTAN que trabajaron con la empresa china identificaron una serie de problemas de seguridad, por lo que en Estados Unidos se aprobó una ley para impedir la participación de la compañía china en las tecnologías 5G.
También mencionó las restricciones de la Unión Europea contra Huawei y otras empresas chinas por las mismas razones.
«El principal riesgo que se ve es político. La normativa china obliga a Huawei a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado chino sin posibilidad de negarse. Aunque tenga una filial en otro país, es obligatorio para Huawei compartir estas informaciones con el régimen chino», destacó Alandete.
Además, indicó el riesgo tecnológico, ya que «Huawei implementa su software con componentes cerrados, por lo que los gobiernos clientes no pueden auditar el código utilizado ni descartar la introducción de puertas traseras de acceso mediante actualizaciones futuras, porque la tecnología es propietaria».
En tercer lugar, señaló el riesgo estratégico y de dependencia, que se establecen en los informes estadounidenses.
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La investigación a cargo de Gabbard la solicitaron el senador Tom Cotton y el representante Rick Crawford, presidentes de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara, respectivamente, a través de una carta emitida el 17 de julio.
La investigación del Departamento de Comercio la solicitaron los congresistas Gus Bilirakis, presidente del Subcomité de Comercio, Manufactura y Comercio, y Richard Hudson, presidente del Subcomité de Comunicaciones y Tecnología, a través de otra carta emitida el 8 de agosto.
«Son dos cartas que este verano enviaron diputados y legisladores a la Casa Blanca», dijo Alandete, destacando que ellos piden a Gabbard, que trabaja en el gabinete de inteligencia del presidente Trump, «que someta a examen la forma en la que se comparte inteligencia con España».
Por otro lado, comenta que Cotton «es un senador muy influyente» cuya postura «es que si se mantiene el contrato con Huawei, esa inteligencia debe ser cortada».
«Desde mi punto de vista es algo extremadamente grave, sobre todo por la dependencia que hay mutua de la policía nacional y la Guardia Civil en combatir el crimen organizado, el yihadismo […] y para los cuerpos de seguridad estadounidenses, por ejemplo, combatir la mafia rusa en la costa mediterránea, la Costa del Sol, etcétera», añadió.
Un trato desigual «podría llevar a restricciones a empresas españolas»
Sobre la segunda carta, destacó que la petición pide investigar si se ha tratado de manera desigual a la tecnología estadounidense.
Alandete recordó que «desde luego, Huawei es barato y es una de las excusas del gobierno cuando se conoció este contrato».
En Estados Unidos, «se considera que Huawei, teniendo tantos subsidios por parte del gobierno chino, no ha competido en igualdad de condiciones con empresas estadounidenses».
«Esta carta, que es bastante reveladora. También establece que siendo España un socio de la OTAN, teniendo bases de uso compartido, debería haber dado trato prioritario a la tecnología estadounidense, como dentro de Estados Unidos se da trato a la tecnología de socios en la OTAN», mencionando por ejemplo a Nokia.
El periodista declaró que de acuerdo a las fuentes que consultó para su reportaje de ABC, si se determina que ha habido un trato desigual a empresas estadounidenses «podría llevar a restricciones a empresas españolas» que tienen participación del gobierno o del Estado en contratos estadounidenses y «haría que las empresas españolas queden en una lista negra de tecnológicas como hay muchas otras».
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España no deja de «sorprender» a los estadounidenses
Según Alandete, «si realmente España y otros países dejan de utilizar Huawei para el desarrollo de la tecnología 5G, esto dentro de Estados Unidos y en la inteligencia estadounidense se consideraría realmente un elemento muy positivo»
«Pero lo que desde Estados Unidos sorprende es que se firme este contrato para el almacenamiento de documentos secretos y judicializados».
Alandete recordó que en julio, la justicia estadounidense se negó a cerrar, un caso judicial contra Huawei. «Sigue abierto y da amplio detalle de las tácticas».
La justicia de Estados Unidos acusó al conglomerado chino de telecomunicaciones Huawei y sus filiales «de conspiración para cometer extorsión y conspiración para robar secretos». Los cargos, que fueron imputados en 2019, también revelaron los negocios de Huawei en Corea del Norte y su asistencia al gobierno de Irán en la realización de vigilancia interna.
Según la Fiscalía Estadounidense, el espionaje industrial que Huawei desarrolla en algo que tanto la fiscalía como también la inteligencia «identifican como las muchas de las tácticas empresariales chinas»: copia determinadas patentes y tecnología, luego vende a precios extremadamente baratos y dada la relación de obediencia debida al gobierno de su país, es un riesgo, declaró Alandete.
«Desde luego ya no es un riesgo solo tecnológico, sino también de fiabilidad dentro de la OTAN y de la posibilidad de compartir inteligencia», añadió.
Las medidas que tome Estados Unidos tras las investigaciones «pueden llevar a un entorpecimiento de la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sobre todo en materia de compartir información».
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La tercera investigación que pesa sobre España
Alandete mencionó que a la par de las dos investigaciones mencionadas, la Comisión Federal Marítima tiene en curso una tercera, «provocada por la negativa del gobierno de España, a dejar que los barcos que iban con destino a Israel entraran en Algeciras».
Esta debería acabar en enero, «cuya pena máxima son dos multas, dos millones de euros por cada barco que no entró en Puerto de Algeciras y un veto integral a cualquier barco con bandera de España de entrada a Estados Unidos».
El 19 de noviembre de 2024, la Comisión Federal Marítima fue informada de que España había denegado la entrada a sus puertos a al menos tres buques, incluidos algunos que participan en el Programa de Seguridad Marítima (MSP) de la Administración Marítima de los Estados Unidos (MARAD), dijo la Comisión Marítima según el Federal Register.
Los recursos que podría aplicar a España es «la denegación de entrada a buques de un país mencionado en los reglamentos de la Comisión y multas de hasta 2 304 629 dólares (Unos dos millones de euros) por viaje», añadió.
El periodista David Alandete compareció ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, a petición del Partido Popular, para informar de sus investigaciones en relación con las restricciones del Gobierno de Estados Unidos de América al uso de tecnología de la empresa china Huawei por parte del Gobierno español.
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