Una demanda explosiva presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida acusa a los regímenes de Bolivia, Venezuela y Cuba de operar una sofisticada «Corporación Criminal de Estado» que fusiona narcotráfico, corrupción, tortura y persecución política.
El expediente, identificado como «J. Doe, 1-1000 v. Rubio, et al.», afirma exponer uno de los entramados criminales transnacionales más sofisticados y peligrosos del hemisferio. Acusa a altos funcionarios de Bolivia y países aliados del eje bolivariano de operar o facilitar una corporación criminal que busca el control geopolítico a través de la economía ilícita.
Los demandantes —una coalición de víctimas y defensores de derechos humanos— describen al Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano como el núcleo de una red coordinada conocida como «Bolivarian Joint Criminal Enterprise (BJCE)». Esta estructura, alegan, hace que los intereses políticos del socialismo del siglo XXI se fusionen con el narcotráfico y el poder represivo de los Estados.
El eje criminal: una división de roles estratégica
Según la demanda, el esquema transnacional habría funcionado con una división de roles perfectamente definida entre sus principales aliados:
Bolivia: El epicentro de producción y distribución de cocaína, con cobertura institucional del Estado, bajo el liderazgo de Evo Morales y Luis Arce Catacora.
Venezuela: El puente logístico, financiero y político, con la participación central del Cartel de los Soles, controlado por altos mandos militares chavistas.
Cuba: El cerebro de inteligencia, entrenamiento y coordinación estratégica, que facilita la comunicación entre los aparatos represivos y los operadores financieros de la red.
Los demandantes afirman que los tres gobiernos han actuado de forma sincronizada, utilizando la retórica antiimperialista como una fachada ideológica para encubrir una estructura de poder basada en crímenes de Estado y operaciones ilícitas. La denuncia sitúa esta red como una «empresa criminal de Estado».
Acusaciones bajo la Ley RICO: Delitos con impacto en EE. UU.
El documento introduce el término «Potencial Empresa Criminal MAS», describiéndolo como una organización paralela dentro del Estado boliviano creada bajo Morales. Esta «empresa» habría trabajado con las FARC y el Cártel de los Soles venezolano para financiar operaciones políticas y reprimir a opositores.
Bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), la demanda detalla crímenes con conexión directa a Estados Unidos:
Tráfico Masivo de Cocaína: Toneladas de cocaína boliviana habrían ingresado por rutas controladas desde Venezuela hacia Florida, donde el dinero fue blanqueado mediante bienes raíces y empresas de fachada.
Violencia Política: Secuestros, torturas y asesinatos de más de 300 opositores, incluyendo miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
Guerra Digital: Campañas de desinformación y difamación digital ejecutadas desde La Habana, dirigidas a desacreditar a activistas y periodistas exiliados.
Conspiración de Crímenes Sexuales: Acusaciones de tráfico sexual y explotación de menores, presuntamente facilitada por redes conectadas al MAS.
El precio del silencio: Un testigo muerto en Miami
Un punto central y trágico del caso es la muerte de un testigo protegido en Miami. Esta persona habría entregado evidencia crucial sobre contratos fraudulentos, sobornos ligados a infraestructura boliviana y la intermediación de empresarios venezolanos.
Según la denuncia, el asesinato fue ejecutado por una red coordinada entre operadores del MAS y agentes vinculados a inteligencia cubana en suelo estadounidense. El caso del testigo demuestra, para los abogados, la expansión del BJCE y su impunidad dentro del territorio norteamericano.
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Además, la demanda acusa al Departamento de Justicia de negligencia por no supervisar adecuadamente fondos provenientes de activos venezolanos incautados, que habrían sido desviados para financiar operaciones represivas del régimen boliviano.
Negligencia en Washington: Acusaciones a funcionarios de EE. UU.
El documento no se limita al extranjero. Bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Daños (FTCA), la demanda incluye al secretario de Estado, al fiscal general y al director del FBI, acusándolos de supuesta negligencia y omisión deliberada.
Los demandantes aseguran que Washington conocía desde 2020 los vínculos del MAS con estructuras criminales de Venezuela y Cuba, pero habría preferido priorizar la «estabilidad diplomática» sobre la justicia. La demanda también cita violaciones a los derechos de debido proceso y presenta evidencia de solicitudes FOIA ignoradas que habrían revelado la profundidad de la colaboración criminal.
La impunidad como elemento clave
Fuentes cercanas al caso describen la alianza entre La Paz, Caracas y La Habana como «una corporación criminal disfrazada de revolución».
Si la Corte Federal de Florida admite la demanda, el caso podría reconfigurar la relación de Estados Unidos con los regímenes aliados del chavismo y destapar rutas de financiamiento ilícito y operaciones de inteligencia cubana en América del Sur.
J. Doe v. Rubio, et al. no es solo una demanda, sino que representa un reto a la narrativa del modelo del socialismo del siglo XXI en la región. Por primera vez, una corte federal estadounidense podría examinar cómo tres Estados aliados funcionaron como una sola estructura criminal con impacto global.
Si el tribunal acepta las pruebas, el caso podría marcar un punto de inflexión histórico, puesto que se demostraría en una corte cómo el crimen organizado dejó de ser un fenómeno de frontera y pasó a convertirse en una política de Estado coordinada entre gobiernos del eje bolivariano.
El gobierno boliviano y sus aliados aún no han emitido comentarios oficiales al respecto y hasta el cierre de esta nota no se recibieron opiniones al respecto. En Washington, el Departamento de Justicia se ha limitado a decir que «no comenta sobre litigios en curso». Los demandantes permanecen bajo anonimato por seguridad.
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