Pagos opacos provenientes de la estatal petrolera venezolana podrían haber financiado operaciones que tocaron el sistema financiero estadounidense, abriendo la puerta a investigaciones federales por lavado de dinero y conspiración. La trama apunta a una maquinaria de influencia pagada desde Europa para avanzar intereses de regímenes aliados de Rusia, Irán y China.
Durante dos décadas, PDVSA dejó de operar como una empresa energética convencional para convertirse en el brazo financiero clandestino del régimen de Nicolás Maduro. Esta estructura, alimentada por corrupción sistémica, contratos inflados y esquemas de lavado, terminó financiando redes de influencia que se extendieron desde Caracas hasta el Viejo Continente. En este contexto, diversas figuras políticas, consultores y operadores internacionales recibieron fondos o contratos de un ecosistema petrolero desviado hacia fines políticos. Hoy, a medida que Estados Unidos intensifica el escrutinio sobre el origen de estos capitales, resurge la pregunta clave: ¿Quién financió qué, y qué ruta siguió el dinero?
A lo largo de los últimos años, documentos del Departamento del Tesoro, reportes judiciales y análisis de inteligencia han evidenciado cómo PDVSA se transformó en una fuente de pagos que atravesaban paraísos fiscales y bancos europeos para financiar actividades de lobby, propaganda o «mediación política» fuera de Venezuela. Estas operaciones coincidieron con la consolidación de la alianza entre Caracas, Moscú, Teherán y Pekín. Fue en ese ambiente donde medios europeos comenzaron a describir al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como un actor cuya postura pública se alineaba con los objetivos estratégicos que China persigue a través de sus aliados hispanoamericanos. Aunque estas caracterizaciones reflejan percepciones de la prensa y no sentencias judiciales, el contexto financiero detrás de su entorno político ha encendido las alarmas.
La trampa de la corresponsalía bancaria
En Washington se conoce bien un dato técnico que a menudo pasa desapercibido en Europa: la jurisdicción del dólar. Más del 80 % de las transacciones globales en esta moneda pasan momentáneamente por servidores bancarios en Estados Unidos, incluso cuando el pago se realiza entre dos cuentas europeas (por ejemplo, de un banco en Portugal a uno en España).
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Este paso técnico, que dura microsegundos, es suficiente para otorgar jurisdicción al Departamento de Justicia de EE. UU. Esto significa que cualquier pago realizado por PDVSA —directo o indirecto— que haya sido procesado en dólares podría activar automáticamente la competencia penal estadounidense. Bajo este principio han sido procesados empresarios venezolanos y operadores financieros europeos acusados de lavar dinero de la corrupción estatal. No importó su nacionalidad ni su lugar de residencia: lo único relevante fue que el dinero tocó el sistema financiero estadounidense.
De lo moral a lo penal
La discusión, por tanto, deja de ser ética para volverse estrictamente jurídica. Las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero (18 U.S.C. §§ 1956–1957) permiten procesar a quienes realicen transacciones con fondos derivados de «actividades ilícitas específicas», categoría que incluye la corrupción pública extranjera y la evasión de sanciones.
Dado que PDVSA ha sido catalogada por organismos federales como un vehículo de «corrupción sistémica», gran parte de sus flujos financieros son considerados fondos sucios. Si algún actor europeo del entorno de la mediación política recibió recursos canalizados a través de la banca estadounidense, la exposición legal es real. La figura de la «ceguera intencional» (willful blindness) impide que los beneficiarios aleguen ignorancia sobre el origen corrupto de los fondos para evadir la justicia.
Influencia geopolítica y el factor China
Informes de inteligencia e investigaciones periodísticas sugieren que fondos manejados por el entorno del régimen venezolano se utilizaron para financiar operaciones de propaganda, vigilancia a opositores y campañas para moldear la opinión pública en Occidente. Esta maquinaria de influencia converge con los intereses de China, que utiliza a Venezuela como cabeza de playa en el hemisferio.
Es aquí donde la figura de Zapatero, descrita por analistas y medios como un «mediador alineado», cobra relevancia para los investigadores. La preocupación en agencias de seguridad no es su ideología, sino si su actividad —o la de su entorno— fue sostenida por una estructura financiera ilícita que también sirve a intereses hostiles a EE. UU. Si se demostrara que operadores europeos actuaron como intermediarios pagados para promover agendas extranjeras dentro de Estados Unidos, o utilizando su sistema financiero, podrían entrar en juego estatutos adicionales, desde la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) hasta conspiración para defraudar al gobierno estadounidense.
Siguiendo la ruta del dinero
Lo que determinará si nombres de alto perfil entrarían en los expedientes de la Fiscalía estadounidense no serán sus declaraciones públicas, sino la trazabilidad forense de los fondos. Qué dinero se movió, qué bancos corresponsales lo procesaron y si esos pagos constituyeron una violación a las sanciones.
En este nuevo escenario, el escrutinio no distingue entre izquierdas o derechas. Sigue la ruta del dinero. Y en esa ruta, la proximidad de José Luis Rodríguez Zapatero a los esquemas de PDVSA es lo suficientemente estrecha como para que su papel, según analistas legales, sea examinado con lupa. La inmunidad política no cubre transacciones financieras ilícitas, y en el sistema de justicia estadounidense, el rastro del dólar es la evidencia final.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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