El Parlamento Europeo aprobó el 26 de noviembre —con una cláusula de revisión en abril de 2026— varias enmiendas que rebajan de forma notable la ley europea contra la deforestación. El nuevo texto retrasa un año su aplicación general y hasta cuatro años en el caso de muchas importaciones de madera. También elimina la trazabilidad completa en la cadena de suministro y permite que los «operadores primarios» de pequeñas empresas queden exentos de presentar «la diligencia debida» obligatoria si operan en países clasificados como de «bajo riesgo», una categoría en la que figuran no solo los Estados miembros de la Unión Europea, sino también países como China, Cuba y Marruecos, entre otros.
Un buen número de enmiendas clave presentadas por el grupo Patriotas de Europa fueron rechazadas. Las enmiendas del PPE casi todas fueron aprobadas, mientras que algunas del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, contaron con el apoyo del PPE y otras incluso de Renew.
Una propuesta de los Verdes para añadir una nueva ambición climática fue rechazada.
El texto resultante fue finalmente aprobado por 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, alineándose al del Consejo de la Unión Europea –los Estados miembros– y retrasando la aplicación de esa normativa, que el año pasado ya había sido postergada doce meses en medio de fuertes presiones de algunos países. Esta conjunción de la postura del Parlamento y el Consejo evita que ambas instituciones tengan que incurrir en nuevas negociaciones para acordar un texto definitivo y hará casi automático el retraso de un año al Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación.
«Hemos evitado una situación en la que miles de empresas habrían sido empujadas al caos jurídico y administrativo», señaló a EFE el grupo de los Reformistas y Conservadores Europeos.
La postura de Vox —que no logró sacar adelante ninguna de sus enmiendas— ya había sido adelantada en septiembre. Entonces el partido defendió que era necesario aplazar la ley y realizar un informe de impacto sobre el sistema productivo europeo. El portavoz de Vox en la Comisión de Agricultura, Ricardo Chamorro, lo expresó de forma explícita al presentar una proposición no de ley relativa a las medidas para evitar la competencia desleal de terceros países y atajar las continuas alertas alimentarias recibidas.
El PPE, en su postura anterior, dijo que esperaban lograr incluir una cuarta categoría de «ningún riesgo» en la clasificación en materia de deforestación para que muchos países europeos logren una simplificación de sus trámites. Lo que aprobó fue un alivio a todos los países «de bajo riesgo», incluyendo China y Marruecos.
La negociadora democristiana Christine Schneider opinó que la votación «garantiza la prevención efectiva de la deforestación ilegal, al tiempo que reduce cargas innecesarias para operadores, agricultores y silvicultores» y promueve «el crecimiento económico y prácticas forestales más sostenibles». El grupo Socialistas y demócratas consiguió aprobar algunas enmiendas con el PPE.
Andrea Carta, estratega jurídico de Greenpeace para la UE, afirmó que «hace menos de tres años, una gran mayoría de eurodiputados, incluyendo los del PPE y los Grupos Conservadores y Reformistas, aprobaron la ley de deforestación de la UE y garantizaron a los consumidores europeos que ya no serían cómplices de la deforestación, la degradación forestal ni las violaciones de los derechos humanos al comprar productos como café, chocolate o muebles. Hoy, eurodiputados de esos mismos grupos están renunciando a aquel compromiso».
«Están traicionando la confianza de los ciudadanos europeos y provocando un perjuicio en la inversión de muchas empresas que se esforzaron por cumplir con la ley de deforestación a tiempo. La naturaleza, los consumidores y las empresas merecen mejores legisladores», añadió.
Desaparece el núcleo de la trazabilidad
La Ley Europea de Deforestación se difundió con el propósito de que ningún producto que se venda o se importe en la Unión Europea pueda venir de terrenos que hayan sido deforestados recientemente. La UE prometió cerrar sus puertas a cualquier mercancía —carne, madera, café, cacao, soja, aceite de palma, caucho y muchos productos derivados— que esté vinculada a la destrucción de bosques después del 31 de diciembre de 2020.
Para asegurar eso la norma exigía una trazabilidad total. Cada lote de producto debía estar asociado a las coordenadas GPS de la parcela exacta donde se produjo. Ese dato tenía que acompañar a la mercancía a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la finca hasta el almacén europeo.
El artículo que obligaba a transmitir el número de referencia de la diligencia debida a cada nuevo comprador en la cadena, se suprime por completo con las enmiendas de ECR, Renew, S&D y PPE. Con su desaparición, la ley deja de exigir que el producto mantenga su rastro documental conforme cambia de manos.
Solo el primer eslabón después del importador tendrá que recopilar y guardar los números, mientras que los demás eslabones ya no están obligados a hacerlo, dice el texto con las enmiendas de Renew, S&D y PPE.
También se añade una excepción adicional, de S&D y PPE, por la que un operador en fases posteriores que reexporte el producto ya no está obligado a facilitar el número de referencia, de modo que la trazabilidad se pierde también en la salida de la UE.
El resultado es que la posibilidad de seguir un producto desde la parcela hasta el consumidor final— queda rota. En la práctica, una vez que la mercancía entra en la UE y supera el primer eslabón, puede circular sin que la ley exija conservar o transmitir la información que permitía comprobar si proviene o no de zonas deforestadas.
Otras enmiendas aprobadas de Renew y S&D permiten a las empresas sustituir la geolocalización de las parcelas de terreno por la dirección postal de estas o la dirección postal del establecimiento en el que se hayan producido las materias primas pertinentes.
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Alivio de la «diligencia debida» a las pymes europeas y países como China y Marruecos
En la versión original de la ley, todas las empresas que quisieran vender estos productos en Europa tenían que cumplir un proceso estricto de diligencia debida. Eso significaba anotar las coordenadas GPS del proveedor y la documentación de origen, registrar los datos del proveedor, la fecha de producción y las pruebas de legalidad forestal. Además, la empresa debía contrastar imágenes satelitales para asegurarse de que no hubiera deforestación después del año 2020 y revisar el historial del proveedor. Si se detectaba cualquier indicio de riesgo, estaba obligada a pedir más información, cambiar de proveedor o directamente bloquear el lote. La regla señalaba que si hay riesgo, no se puede importar.
La enmienda 40, 67 y 103 de e Renew, S&D y PPE introduce una excepción importante a los llamados «operadores primarios de pequeñas empresas», que pueden ser incluso personas físicas si están en un país de «bajo riesgo». A esta nueva subcategoría de operadores «no debe aplicarse la obligación de presentar una declaración de diligencia debida» cuando «introduzcan en el mercado o exporten productos pertinentes que ellos mismos produzcan en ese país».
«Tanto los operadores establecidos dentro de la Unión como fuera de ella deben estar cubiertos por la definición de operadores primarios que sean microempresas o pequeñas empresas».
En el texto no queda clara si las multinacionales pueden evitar este proceso si actúan a través de filiales pequeñas situadas en países clasificados como de «bajo riesgo».
Esta categoría de «bajo riesgo», no solo ofrece un alivio a las microempresas de la mayoría de los países europeos, sino que evita los trámites de diligencia debida a las pymes en países como China, Cuba, Chile, y Marruecos entre múltiples otras naciones.
La ley de deforestación a su vez obliga a los Estados miembros a realizar controles aduaneros sobre el 9 % de las importaciones procedentes de países «de alto riesgo» (donde figuran Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania y), el 3 % de las de países de riesgo estándar (entre ellos Brasil y Marruecos) y solo el 1 % de las de países de «bajo riesgo».
Notable excepciones para la importación de Madera
La madera es el único sector al que se le ha concedido una ventana excepcionalmente larga para evitar la aplicación plena de la ley. Las enmiendas del PPE establecen que toda la madera producida antes del 29 de junio de 2023 podrá seguir entrando en el mercado europeo hasta el 31 de diciembre de 2029 bajo la antigua normativa, incluso si se comercializa después del 30 de diciembre de 2026, cuando el resto de productos ya deberían cumplir la ley europea de deforestación.
Esto significa que un lote de madera procedente, por ejemplo, de China o Brasil, dos de los principales proveedores en la Unión Europea, que llegue a la UE en 2026, 2027, 2028 o 2029 no estará sujeto a la nueva ley de deforestación siempre que en la documentación figure que fue cortado antes del 29 de junio de 2023 y se mantuvo almacenada.
La preocupación aumenta si se recuerda lo que advierten varios estudios científicos. Un artículo publicado en Nature el 31 de julio de 2023 señalaba que el sistema digital brasileño para controlar la madera —guías, permisos y registros— no integra bien los datos, de modo que una transacción «rara vez puede trazarse hasta su origen». Según el estudio, ese fallo permite «blanquear» madera talada ilegalmente dentro del propio sistema legal.
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Los peligros de una «falsa seguridad»
El Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación contaba con el apoyo de grandes productores, de la comunidad científica y de las organizaciones ecologistas.
Sin embargo aún quedan varios puntos que están bajo crítica.
Los altos costos para las empresas europeas fueron abordados en el llamado «Informe Frías», un informe de iniciativa no legislativa aprobado en octubre y elaborado por el eurodiputado de Vox Jorge Martín Frías, que aborda el acceso a la financiación de las pymes y empresas en expansión.
El texto sostiene que la hiperregulación europea —incluidas las exigencias derivadas del Pacto Verde Europeo, a la cual pertenece la ley de deforestación— está asfixiando a las pequeñas y medianas empresas, y reclama una reducción profunda de las cargas burocráticas y regulatorias que soportan. Esta línea argumental exige una solución en este aspecto frente a cualquier nueva ley que pueda generar más presión a los europeos.
A esto se suma el contexto comercial. Un estudio coordinado este año por el Parlamento Europeo analizó que, mientras la UE elevaba drásticamente el listón ambiental con la ley europea de deforestación, el texto actualizado del acuerdo con Mercosur (EUMETA 2024) introducía mecanismos pensados para suavizar el impacto de esas exigencias en los países sudamericanos.
Los autores concluyeron que Bruselas intenta lograr un «equilibrio» entre requisitos ambientales y concesiones comerciales, pero advierten de que el resultado preocupa al sector agrario europeo, que deberá cumplir estrictamente la ley europea de deforestación mientras compite con productos importados más baratos y sujetos a obligaciones más relajadas.
En cuando a las excepciones otorgadas a los países «de bajo riesgo», otro punto crítico, según expertos citados por Cocoa Radar, esta lista puede llegar a ser «un regalo para los malos actores» y supone una amenaza para la integridad del propio mercado europeo, ya que se evita la diligencia debida incluso a mercancías consideradas de alto riesgo, como el cacao, que podrán entrar en la UE sin trazabilidad completa y sin una evaluación real del riesgo de deforestación.
Las asociaciones de agricultores y ganaderos, como ASAJA, han expuesto lo que llaman la «falsa seguridad» en las fronteras europeas y exigen menos burocracia y más control de parte de las autoridades a los productos que llegan desde el extranjero. El 9 de septiembre ASAJA difundió los datos de un estudio de la Comisión Europea que revela que solo el 0,0082 % de los productos importados son inspeccionados. Además, entre los que sí se revisan, el 16,4 % no cumple las normas.
Aunque su denuncia se centraba en la seguridad alimentaria —y no en la deforestación—, la organización subrayó que no se puede hablar de control real cuando se detecta un porcentaje tan alto de productos infractores y se sigue dejando las puertas abiertas.
En medio de fuertes negociaciones, la Comisión Europea anunció en septiembre de 2024 que retrasaba un año la entrada en vigor del reglamento, afirmando que las empresas no habían tenido tiempo para adaptarse. Un año después, volvió a pedir una prórroga de un año, esta vez atribuyéndolo a un problema informático.
Finalmente, Bruselas propuso mantener su aplicación desde el 30 de diciembre de 2025, aunque introdujo las enmiendas.
Dentro de las enmiendas se incluye una nueva cláusula de revisión, que exige una reapertura del texto en abril de 2026. Según Greenpeace, esto «genera incertidumbre» y genera falta de credibilidad de la UE «a la hora de garantizar la coherencia y la formulación de políticas predecibles, y dificulta aún más que los inversores diligentes se preparen para el cumplimiento». Para otros otorga un tiempo para evaluar su impacto en la comunidad y realizar enmiendas equilibradas para las empresas de la Unión Europea.
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