El Consejo de Ministros aprobó el 8 de julio un anteproyecto de reforma electoral que pretende exigir a los medios de comunicación públicos organizar debates electorales con la asistencia obligatoria de los candidatos y establecer que las encuestas y sondeos difundidos durante las campañas electorales publiquen todos los datos que los sustentan.
Lo que se busca es modificar la Ley Orgánica del régimen Electoral General «en sintonía con las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea en 2020 y 2023 para mejorar la transparencia de los sistemas democráticos europeos», declaró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska el 8 de julio tras concluir el Consejo de Ministros. El texto iniciará su recorrido parlamentario, donde podría estar sujeto a enmiendas.
En este sentido, Gabriel Araújo, perito en Informática Forense, aclaró a Epoch Times España que el texto propuesto esta semana podría sufrir modificaciones durante el trámite parlamentario, «ya veremos cómo se suscitan las respectivas votaciones. En principio, yo veo positivas estas dos reformas. ¿Por qué? Por un lado, por el tema de suscitar ese debate electoral, incluso con los grupos de especial significación, que eso es muy importante».
«Eso implica que candidatos que actualmente no tienen representación parlamentaria, pero que han obtenido más del 5 % en otras citas electorales —como en las elecciones europeas— deberán ser citados obligatoriamente en los debates electorales. Es el caso, por ejemplo, de Alvise Pérez, representante del partido Se Acabó la Fiesta», dijo Araujo.
«Suscita la pluralidad de debate, la pluralidad de ideas y que todo el mundo ponga ahí su programa».
Debates obligatorios en medios públicos y opcionales en los privados
La reforma exige a los medios de comunicación de titularidad pública que organicen al menos un debate durante la campaña electoral. Los medios, además, deberán comunicar a las formaciones políticas los debates que vayan a emitir con una antelación mínima de 5 días.
Grande-Marlaska dijo que esta norma ya figura en las legislaciones electorales de algunas comunidades, como es el caso de Castilla y León, la Región de Murcia y el País Vasco, y está prevista también su regulación en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Para los medios privados no se aplica la imposición, pero tampoco se les niega dicha posibilidad. «Como hasta ahora, pueden programar debates respetando los mismos principios que rigen a los medios públicos: el pluralismo político, la neutralidad informativa, la igualdad y la proporcionalidad», explicó el ministro.
Obligación de los candidatos a asistir
La norma obliga a los candidatos de las formaciones políticas que obtuvieron representación electoral en las anteriores elecciones equivalentes a asistir a los debates organizados por los medios públicos, salvo que se lo impida una causa justificada, dijo el ministro.
Una junta electoral competente valorará si corresponde o no, esta justificación.
Además de los candidatos cuyos grupos políticos han tenido representación en las elecciones, el proyecto incluye la participación de los conocidos como «grupos políticos significativos».
«Esta denominación se refiere a las formaciones políticas que, pese a no haberse presentado en anteriores elecciones equivalentes o no haber obtenido en ellas representación, sí han logrado al menos un 5% de los votos válidos emitidos en procesos electorales posteriores y en el ámbito territorial del medio de difusión», informó La Moncloa.
Los detalles no son suficientemente claros en esta fase de la reforma, pero según Grande-Marlaska, «la medida refuerza el pluralismo y pretende que los medios de comunicación ofrezcan a los ciudadanos —a los votantes, en definitiva— una información que refleje con la mayor fidelidad posible el escenario electoral en cada uno de los momentos».
Compartir los datos de las encuestas
Tras la aprobación de la reforma, el público tendrá derecho a acceder a los ficheros de microdatos de las encuestas políticas publicadas por los medios informativos durante las campañas electorales, lo que incluye datos individuales de los entrevistados, pero de manera anónima, preservando la confidencialidad de esa información.
En la actualidad, según el ministro del Interior, cada sondeo debe ir acompañado de una fecha que especifique la entidad que lo ha realizado, las características técnicas, el texto íntegro de las preguntas planteadas y el número de personas que ha contestado o no ha contestado a cada una de ellas.
«La consulta de los microdatos, convenientemente anonimizados, permitirá a la ciudadanía y a las entidades públicas o privadas comprobar los resultados del sondeo y extraer sus propias estimaciones».
Según Araújo, obligar en los sondeos electorales a aportar esos ficheros de los microdatos «descarta por completo el inflado de muchas de las encuestas que lamentablemente vemos».
«Me parece una medida positiva para poder nosotros, por nuestra parte, con esos ficheros de microdatos totalmente desagregados y anónimos verificar si realmente la intención de voto es la que la propuesta concluye».
Posibles enmiendas
Araújo destacó que hay que estar muy pendientes si a través del trámite parlamentario se introducen enmiendas.
«Ese es el gran peligro cuando viene una propuesta, que a partir de las enmiendas se introduzcan reformas que no estaban contempladas originalmente. Este sí que puede ser un caballo de Troya porque la Ley Orgánica de régimen Electoral General, la LOREG, es una de las leyes que más transformaciones ha sufrido. Ha sufrido 28 modificaciones desde el año 85, el año de su proclamación. Así que hay que estar muy pendiente de ese trámite parlamentario», declaró Araújo.
Ante una pregunta realizada por Epoch Times, sobre las especulaciones originadas por la coincidencia de la reforma a un período de tensión en el gobierno por los casos de corrupción, sugiere que «si lo interpretamos de manera, digamos con desconfianza, podría ser primero una maniobra de cortina de humo de parte del Consejo de Ministro para distraer un poco la atención de los temas candentes, sobre todo del de Santos Cerdán, Koldo, Caso Mascarillas, todos esos casos de corrupción que aquejan a los a muchos de los integrantes del gobierno, del actual gobierno».
«La ciudadanía y la oposición [deberían estar] muy pendientes de que no se introduzca por la puerta de atrás, pues algún tipo de modificación que suponga realmente un compromiso aún peor con la transparencia electoral», dio Araújo.
El ministro Grande-Marlaska señaló que las recomendaciones de la Comisión Europea dirigidas a reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral español, que contemplaban las obligaciones de debate y la publicación de microdatos, fueron previamente aprobadas en el Plan de Acción para la Democracia, el pasado 17 de septiembre.
El anteproyecto de ley aprobado el 8 de julio por el Consejo de Ministros requiere la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
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