Esta semana, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo notificó a la asociación ciudadana Hazte Oír la admisibilidad de su denuncia contra la controvertida Ley Bolaños.
La reforma, impulsada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, busca transferir la dirección de las investigaciones penales de los jueces a la Fiscalía —un órgano dependiente del Ejecutivo—.
Es por ello que la misma ha desatado una ola de protestas, huelgas y ahora, un escrutinio preliminar por parte de la Unión Europea.
The Epoch Times España tuvo acceso a la carta que le dirigió Bogdan Rzońca, presidente de la Comisión de Peticiones, a Hazte Oír.
«La Comisión de Peticiones ha examinado su petición y la ha declarado admisible, ya que el asunto que usted plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea», reza el texto.
Rzońca añadió: «Por ello, he pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto. Teniendo en cuenta el asunto de que se trata, he remitido también su petición para información a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo».
Esta respuesta no es un mero trámite. La petición se enmarca en el Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho 2025, publicado el 8 de julio de este año, que dedica un capítulo específico a España.
El documento resalta «los actos de protesta que están llevando a cabo los jueces, magistrados y fiscales» y afirma que los mismos «son el reflejo de las reservas que tienen estos colectivos respecto de la propuesta de reforma del poder judicial».
Fuentes de Hazte Oír consultadas por The Epoch Times España explican que el objetivo máximo es que «la Comisión Europea analice la llamada «Ley Bolaños» por lo que realmente es: un ataque directo a la independencia judicial con fines puramente políticos».
Afirman que la organización espera que Bruselas «ponga freno a los abusos del Ejecutivo de Sánchez y el PSOE».
Momento crítico
La petición de Hazte Oír había sido remitida en junio junto a más de 70 000 firmas recolectadas en tiempo récord.
Tres meses después, el anuncio del Parlamento Europeo llega en un momento crítico para el Gobierno de Pedro Sánchez. La ley, presentada en mayo por Bolaños como «la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años», está encallada en el Congreso.
Similar a la fallida «Ley Begoña» —un proyecto de enero de 2023 para limitar las acusaciones populares en casos de corrupción—, la reforma enfrenta el rechazo de aliados parlamentarios como Junts, que exigen contrapartidas inconstitucionales como un tribunal supremo catalán.
En este marco es que desde Hazte Oír se entusiasman en que Bruselas le dé el knockout a la reforma de Bolaños: «Confiamos en que la Comisión Europea actúe con firmeza, instando al Gobierno español a rectificar y a garantizar la separación de poderes», apuntan desde la organización.
La UCO en la mira
Según el anteproyecto del ministro Bolaños, la Fiscalía asumiría la instrucción penal, desplazando a los jueces a un rol de «garantía», y supervisaría directamente unidades policiales como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El contexto de corrupción agrava las sospechas. El PSOE enfrenta un escándalo sin precedentes, con 47 altos cargos socialistas —21 investigados y 26 testigos— citados por la justicia en casos de corrupción o irregularidades, muchos de estos investigados por la UCO.
La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está imputada en el caso Koldo; su hermano, David Sánchez, enfrenta juicio por malversación en Badajoz; y el exministro José Luis Ábalos, procesado en el mismo caso, junto con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, encarcelado provisionalmente.
Desde el ámbito policial, Eugenio Nemiña, secretario jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), expresó en una entrevista a The Epoch Times España en junio su preocupación por el cambio en la dependencia de la UCO: «La veo peligrosa… ya que se percibe claramente la situación de descrédito que atraviesa la Fiscalía en la actualidad. La independencia que poseen los jueces no existe en la Fiscalía».
Nemiña añadió: «Por tanto, que quien investiga hechos delictivos dependa de una Fiscalía cuya imparcialidad está cuestionada nos parece muy peligroso… No comprendemos este cambio, sobre todo en un momento tan delicado como el actual, en el que la desconfianza hacia la Fiscalía es significativa en la sociedad».
La rebelión de las togas
El rechazo del mundo judicial ha sido unánime.
El 11 de junio, cinco asociaciones —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— publicaron un manifiesto conjunto: «La independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».
Alertaron que la reforma «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Dos semanas después, cerca de 5000 personas, incluyendo más de 1000 jueces y fiscales, se concentraron ante el Tribunal Supremo en Madrid bajo el lema «Sin independencia judicial, no hay democracia».
Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, leyó el manifiesto: «La concentración no es contra el poder ejecutivo, tampoco es contra el poder legislativo: es un acto a favor del poder judicial».
Pedro Vital Sánchez, portavoz madrileño de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), añadió en la protesta: «[La reforma] rompe el estado de derecho y la independencia judicial».
En diálogo con The Epoch Times España, explicó que «las investigaciones policiales siempre han sido mandadas por un juez imparcial. Ahora mismo (…) esas investigaciones quedarían bajo el criterio de la Fiscalía General del Estado, cuyo jefe es nombrado por el gobierno de turno».
Esto desembocó en una huelga histórica del 1 al 3 de julio, a la que se adhirieron más del 70 % de los profesionales según los convocantes.
«La reforma lo que hace es incrementar las posibilidades de injerencia política», sintetizó Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la APM, en una entrevista concedida a The Epoch Times España tras la huelga.
«Se generan, como mínimo, serias dudas sobre la independencia y sobre la posibilidad real de que se investigue lo que corresponde», añadió sobre las atribuciones que pasaría a tener la Fiscalía en caso de que se apruebe la Ley Bolaños.
Para el magistrado, la reforma representa «una amenaza histórica» a los derechos ciudadanos, ya que «esta huelga ha sido histórica porque la amenaza que enfrentamos es histórica. Y esa amenaza radica, fundamentalmente, en que lo que se está haciendo supone una merma de los derechos de los ciudadanos».
Lea también: La reforma judicial es una «amenaza histórica» a los derechos ciudadanos: entrevista al magistrado González Mariscal de Gante
La lupa de Bruselas
La perspectiva internacional amplía la gravedad del asunto.
Cinco asociaciones judiciales españolas —APM, AF, AJFV, Foro Judicial Independiente y APIF— viajaron a Estrasburgo el 10 de julio para denunciar las reformas ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, acusando al grupo de Socialistas y Demócratas (donde milita el PSOE) de «mentir» y ser el único que no quiso escuchar sus preocupaciones.
La gira alertó sobre un «poder judicial debilitado y complaciente con el poder político, en un momento especialmente delicado, con el Gobierno bajo el foco de diversas causas penales por corrupción».
«La UE debe pronunciarse porque la independencia judicial es un pilar esencial de cualquier democracia europea. La denominada «Ley Bolaños» pretende controlar el Consejo General del Poder Judicial y las competencias de los jueces mediante mecanismos que favorecen al Gobierno», señalan desde Hazte Oír a The Epoch Times España.
En la organización, presidida por Ignacio Arsuaga, ven en la reforma una doble amenaza: «Debilita la separación de poderes al permitir que el poder político condicione nombramientos y decisiones judiciales» y «utilizan la Ley Bolaños para buscar inmunidad por los casos de corrupción que acorralan a Sánchez y a todo su entorno familiar y político».
Mientras la investigación preliminar del Parlamento Europeo avanza, Hazte Oír insta a la ciudadanía a mantenerse alerta sobre los próximos pasos del Gobierno en el ámbito judicial: «Invitamos a todos los ciudadanos a seguir movilizados y a que se unan a Hazte Oír, estamos trabajando sin descanso en la defensa de España y es el momento de seguir presionando», indican fuentes de la ONG.
La defensa de la independencia judicial, sostienen, «no es solo una cuestión legal: es la defensa de nuestras libertades».
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