El nuevo acuerdo de financiación singular de Cataluña fue concretado este lunes entre el Ejecutivo español y el catalán en una Comisión Bilateral realizada en el Palacio de la Generalidad, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau.
Este acuerdo, que fue una de las condiciones de ERC para apoyar a la investidura de Pedro Sánchez, originalmente se estipuló entre ERC y el PSC hace aproximadamente un año, en el marco de la investidura del actual presidente del Gobierno catalán, Salvador Illa.
Un acuerdo con muchos detalles aún sin concretar
En el pacto de la financiación singular para Cataluña acordado entre ERC y el PSC originalmente se había definido que el gobierno catalán se haría cargo de la recaudación del impuesto del IRPF en el año 2026. No obstante, esta condición no aparece en el acuerdo cerrado este lunes.
Tampoco se han definido detalles respecto al principio de ordinalidad, a pesar de que el portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, reclamó este lunes que el principio de ordinalidad era un aspecto «innegociable» del acuerdo. Actualmente solo figura en la parte introductoria como una ambición por parte del ejecutivo catalán, sin ningún compromiso por parte del Gobierno español.
El principio de ordinalidad, según dictaminó el Tribunal Constitucional en la Sentencia 31/2010, estipula que «el Estado viene constitucionalmente obligado a procurar un “equilibrio económico, adecuado y justo” entre las Comunidades Autónomas que no perjudique a las más prósperas más allá de lo razonablemente necesario para el fin de la promoción de las menos favorecidas».
Albert también exigió que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) no debería estar «subordinada» a la Hacienda española, y que debería ser el organismo que gestione los impuestos en Cataluña. «La ATC debe coordinarse con todas las agencias necesarias, pero debe ser absolutamente autónoma en la gestión de los impuestos. El problema no es tanto cómo recorremos el camino, sino que este camino acabe siendo absolutamente autónomo», afirmó el portavoz.
Los cinco principios básicos del acuerdo
En la financiación singular se prevé que el gobierno catalán se encargue de recaudar todos los impuestos y posteriormente transfiera la parte correspondiente al Estado.
Sin embargo, a pesar de que quedan diversos detalles aún sin definir, en la reunión mantenida este lunes en el Palacio se han concretado cinco principios básicos en los que se fundamentaría el acuerdo.
El primer principio trata sobre los «porcentajes de participación en la recaudación de los tributos que se acuerden», los cuales quedaron pendientes de concretar en la Comisión Bilateral del lunes entre el Gobierno y la Generalitat.
Por otra parte, el segundo principio describe el implementar una cuota de solidaridad calculada de manera «transparente», mientras que en el tercero se describe un financiamiento adicional para competencias únicas de Cataluña, como la policía autonómica de los Mozos de Escuadra y las prisiones.
El cuarto principio del acuerdo trata sobre «mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja», así como una ampliación de su capacidad normativa, mientras que el quinto principio acoge «la desaparición del mecanismo de las entregas a cuenta». Estos dos últimos aspectos hacen referencia a ampliar la capacidad de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para gestionar los tributos en Cataluña de manera independiente.
Las múltiples críticas del acuerdo
El acuerdo ha recibido duras críticas por parte de diversos sectores, comunidades autónomas y partidos políticos.
Por una parte, Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, compareció en una rueda de prensa este lunes para rechazar el acuerdo, el cual tildó como «una sentencia de muerte contra España», mientras afirmaba que «nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España».
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, también criticó en un encuentro del diario La Razón que el Gobierno haya roto «la multilateralidad» en España. «Iremos a donde tengamos que ir para evitar que el afán de poder de una sola persona —Sánchez— cambie por la puerta de atrás la Constitución española que votaron en referéndum millones de españoles», recalcó.
El líder del PP, Albert Núñez Feijóo, quien presentó este mismo coloquio, también criticó al pacto entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat, denunciando que «los recursos de todos no pueden estar repartidos por una minoría. El dinero de todos los españoles no está para financiar el tiempo en el Gobierno de ningún presidente de Gobierno».
Además del PP, algunos sectores del PSOE también se han mostrado en contra del acuerdo. El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, indicó que este va «en dirección contraria» a los principios de igualdad, equidad y cohesión territorial y social, mientras que el presidente Emiliano García-Page, el presidente también socialista de Castilla-La Mancha, manifestó que «parece mentira que la primera vez que se habla en serio (de financiación) tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes».
Incluso Podemos criticó el pacto de financiación singular, cuyo portavoz, Pablo Fernández, acusó al Gobierno de usar el acuerdo para «tapar» casos de corrupción en el partido de Pedro Sánchez.
Por otra parte, el Principado de Asturias también rechazó el acuerdo. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, afirmó que «a nuestro juicio, este acuerdo parece sentar las bases de la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y, por tanto, debemos rechazar este acuerdo desde un punto de vista formal».
A pesar de que no se hayan definido los siguientes pasos legislativos respecto al acuerdo, ERC tiene previsto presentar una proposición de ley ante el Congreso próximamente.
Con información de EFE
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