La preocupación ante la inhabilidad para circular libremente con sus vehículos congregó a madrileños motorizados y ciudadanos a pie el día sábado 22 de noviembre en un nuevo día de movilizaciones contra las Zonas de Bajas Emisiones, una normativa que empezaría a ser más restrictiva desde el primero de enero del año 2026 y que se estima que afecte a más de 300 000 vehículos —el 15 % del conjunto total de vehículos que circulan por Madrid—.
La manifestación organizada por la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales (AVARM) comenzó en la Plaza de Toros de Las Ventas y terminó en la Puerta de Alcalá.
Sergio García, uno de los asistentes al encuentro y afectado por la medida, compartió con The Epoch Times España que como su vehículo no cuenta con etiqueta medioambiental, en enero va a tener problemas para poder ir a su trabajo, que se encuentra a 25 km de distancia de su hogar.
«Estoy aquí porque me parece una injusticia que a otros coches con motores V6 se le pone una batería que le da 20 kilómetros de autonomía o lo que quiera decir la marca —que luego realmente es mentira— y le dan una etiqueta ECO, cosa que a todas luces es absurdo, completamente».
Para Sergio, «La normativa es clasista porque, al final, la gente con menos recursos —que son los que no se pueden permitir un vehículo nuevo, son los más afectados. Porque si un coche es más moderno, aunque contamine el doble, le meten una batería y le dan etiqueta ECO o CERO y ya puede circular… o incluso ni siquiera hace falta que tenga batería ni autonomía eléctrica: simplemente con que sea más nuevo, ya lo dejan pasar».
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María Potas, propietaria de un taller de coches en Madrid asegura que con la medida restrictiva a la circulación, le han quitado el 40 % de su trabajo; debido a que muchos de sus clientes en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, o de San Fernando de Henares, tienen dificultad a la hora de desplazarse hasta su negocio.
Susana Monsalve, residente de la capital de Madrid y propietaria de un Volkswagen Golf 1.9 TDI y un Passat de 2001, asegura que a los propietarios de estos vehículos los están echando de su barrio. Cuenta que ni siquiera vive cerca de la autopista M30 y que no la frecuenta mucho, más que para ir a los exteriores.
«Es muy raro que yo aparezca en el centro de Madrid con mi vehículo, porque no tiene sentido, hay un buen transporte público dentro del M30, pero no en el exterior», asegura.
«Es una discriminación absoluta, es una discriminación contra los pobres. No solo quieren echar a los vehículos sin etiqueta, porque después van a venir los B, más tarde van a venir los C, de hecho, el próximo año en Getafe, los B no van a poder circular; quienes no sean residentes en Getafe en la zona de bajas emisiones. Al año siguiente no van a poder los C, y bueno, pues yo creo que esto al final va a ser un control total. Y lo que quieren es que solamente se quede la movilidad eléctrica y expulsar a los vehículos de la ciudad, y dejarlo para turismo y para ricos», añadió.
Susana espera que el alcalde recapacite y no amplíe Madrid 360 y deje circular por lo menos a los residentes.
Mariano Vallejo, portavoz de AVARM, explicó a Epoch Times España, que la normativa viene afectando la movilidad de los vehículos sin etiqueta de los propietarios del municipio de Madrid que no estén empadronados desde hace ya dos años.
«Se ha dado el caso de gente que vivía en San Fernando, por ejemplo, y venía a trabajar a Vicálvaro en su coche y tardaban entre 10 y 15 minutos para llegar hasta su puesto de trabajo todos los días, y ahora han pasado a tardar una hora en transporte público». De acuerdo con Vallejo, actualmente podrían haber sido afectadas alrededor de un millón de personas.
«Si existe una masa social que se manifiesta y está en contra de cualquier ley y cualquier ordenanza, obviamente la tendrán que tener en cuenta. Si la gente se calla, se queda en el sofá sin hacer absolutamente nada, pues no vamos a llegar nunca a ningún sitio. […] Espero que el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se den cuenta de que la ciudadanía está en contra de estas normas que son absurdas, que son ilegales, porque así las ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el de Castilla y León, el de Extremadura, el de las Islas Canarias, el de Cataluña…», agregó.
AVARM, alega en su portal web que, si bien el Tribunal Superior de Justicia anuló la medida, «el Ayuntamiento no ha dejado de sancionar a estos vehículos y anuncia que recurrirá para intentar que se revoque la sentencia».
El 17 de septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, anuló la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, específicamente la modificación de 2021 que impulsó Madrid 360, el plan de movilidad y calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid.
La ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, establece la obligatoriedad a implementar la normativa a 169 municipios en toda España, principalmente a los municipios con más de 50 000 habitantes (alrededor de 149 municipios) incluyendo a los territorios insulares y las localidades con más de 20 000 habitantes que superen los límites de contaminación.
La ordenanza solo ha sido aplicada por completo a una tercera parte de los 169 municipios implicados, los demás están en prórroga. El plazo original para establecer la normativa era a finales del 2023, luego hubo una ampliación del plazo general hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de ampliación hasta mediados o finales del 2025.
Hasta ahora se encuentran en suspensión cautelar 13 sentencias de ocho Zonas de Bajas Emisiones por defectos de forma, ausencia de informes económicos y falta de evaluación sobre el impacto en las clases populares.
Una suspensión cautelar se refiere a medidas provisionales que imponen los tribunales mientras se resuelve el tema de fondo, que en este caso es si las ZBE es legal o no. Con esta medida se congela la aplicación de la normativa, lo que significa que no se pueden imponer multas o sanciones durante un tiempo determinado.
El reemplazo de cada coche que no cuente con el etiquetado medioambiental obligatorio costará entre 20 000 y 30 000 euros, lo cual representa un aumento general en la factura total para las familias, autónomos y pymes de entre 6000 y 9000 millones de euros, según datos de la empresa que brinda asesoría jurídica a conductores, Dvuelta.
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Para el sábado 22 también se convocó una protesta en Barcelona que comenzó en Santa Perpetua de Mogoda, un municipio situado a 2 kilómetros de la capital, desde donde salieron cerca de 350 vehículos, según datos de la organizadora del evento, ASOPARC. Colectivos de Gerona, Manresa, Terrassa, Reus y la plataforma No ZBE Manlleu, han convocado a la gran concentración en Barcelona.
Para el domingo 23, el grupo de Damnificados por la Zona de Bajas Emisiones de Granada también han convocado una movilización. La ZBE de Granada abarca casi 24 km cuadrados de toda la extensión de la ciudad.
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