Las lluvias torrenciales y las riadas asociadas están de triste actualidad en España. Sin embargo, esto no es novedad. El historial de fenómenos de este tipo a lo largo de nuestra historia es interminable. La ciudad de Valencia ya en el siglo XIV comienza a registrar las riadas dañinas y decide tomar medidas de protección. En Murcia hay noticias desde el siglo XIII, y si recogemos los eventos de este tipo ocurridos desde el Estrecho de Gibraltar hasta la frontera con Francia, el listado sería interminable. Entre ellas, algunas con un número de fallecidos que supera el millar, como la tremenda Riada de Santa Teresa en el Segura (15 de octubre de 1879); la del Vallés, provincia de Barcelona (25 de septiembre de 1962) que dejó entre 600 y 900 víctimas o la que asoló numerosos pueblos de Granada y Almería el 19 de octubre de 1973, dejando más de 500 muertos tras un diluvio que produjo el récord europeo de lluvia caída en una hora y algunos consideran que alcanzó el récord mundial.
En fechas más recientes, la llamada «pantanada de Tous» (20 de octubre de 1982), con 9 fallecidos y numerosos daños en la cuenca baja del Júcar, y sin duda el episodio del 29 de octubre de 2024, con más de 200 fallecidos y enormes pérdidas materiales.
El mar Mediterráneo a finales de verano y otoño permanece caliente como consecuencia de la acumulación de calor durante el verano y la inercia térmica que tienen las aguas. La masa de aire situada sobre él también está caliente y cargada de humedad. En estas fechas es habitual la llegada de masas de aire frío en altura, lo que antes se denominaba «gota fría» y ahora «depresión aislada en niveles altos, DANA». Cuando ocurre, tenemos todos los ingredientes para una fortísima inestabilidad que genere lluvias muy abundantes. Además, cerca de la costa mediterránea española hay montañas de altura variable, pero suficiente para reforzar los movimientos ascendentes de las masas de aire, ya de por sí inestables, por lo que aumenta la probabilidad de lluvias muy intensas.
Este hecho es perfectamente conocido desde la antigüedad, tal y como demuestran numerosas crónicas y el ser humano ha intentado protegerse utilizando la tecnología que en cada momento tenía disponible.
Tras la pantanada de Tous de octubre de 1982, en la que un gran caudal circulante por el Júcar desbordó el embalse, se vio la necesidad de aplicar los sistemas de comunicación ya existentes para evitar nuevas catástrofes similares. En ese momento se decidió invertir una importante cantidad de dinero en la implantación de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) en las diferentes cuencas hidrográficas españolas. Como parece lógico, fue en el Júcar donde se instaló en primer lugar, seguida de la del Ebro.
Dichos sistemas transmiten información sobre precipitaciones, temperaturas, caudal circulante por los ríos, agua almacenada en los embalses y otras variables actualizados cada quince minutos al centro de control situado en la sede de cada confederación hidrográfica (Valencia en el caso de la del Júcar). Esta información permite observar en tiempo prácticamente real si están cayendo precipitaciones intensas o si el caudal de los ríos aumenta de forma amenazante. Esta información es crucial para la gestión de los embalses, pues entre sus funciones, además de almacenar agua para satisfacer las demandas sociales, está la de proteger de riadas a las poblaciones situadas aguas abajo.
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Una de las lecciones aprendidas tras la pantanada de Tous fue la importancia de vaciar agua almacenada en un embalse cuando aguas arriba se está generando una riada, pues así, soltando agua de forma controlada, se deja al embalse en condiciones de detener los caudales que van a llegar, evitando o disminuyendo los posibles daños aguas abajo. Si el embalse está lleno, lógicamente no puede almacenar más agua, y si en esas condiciones entra mucho caudal, sale la misma cantidad o el embalse queda desbordado con el consiguiente peligro.
Tener información en tiempo real es vital para decidir esas maniobras de vaciado preventivo en una situación de lluvias intensas, y esa es la principal función de los SAIHs.
Podemos deducir de lo expuesto hasta este punto que contar con embalses de regulación es vital para poder realizar las maniobras señaladas. En España la construcción de embalses ha sido una necesidad que en ocasiones ha encontrado una fuerte contestación social, apoyada fundamentalmente en los daños ambientales y, en ocasiones, sociales por traslado forzoso de población o inundación de tierras agrícolas que provocan. Muchos de nuestros ríos están regulados, pero algunos de conocida peligrosidad como el barranco del Poyo, que desemboca en la Albufera de Valencia y está dentro de la red hidrográfica gestionada desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se encarga del control del dominio público hidráulico de toda su demarcación.
Existe documentación que habla de la peligrosidad del barranco del Poyo desde el siglo XVIII, pues su dinámica es la de una típica rambla mediterránea, que tiene escaso o nulo caudal habitualmente, pero que en momentos de lluvia abundante puede ser muy destructivo. En el Plan Hidrológico Nacional aprobado en julio del 2001 con el gobierno de J.M. Aznar se preveía la construcción del embalse de Cheste en la cabecera del mencionado barranco. En 2004 el Gobierno, entonces presidido por J.L.Rodríguez Zapatero se anunció la construcción de dicho embalse y se presentó un plan a 16 ayuntamientos y grupos ecologistas para disminuir el riesgo de riada, se afirma.
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En la rambla del Poyo, en su confluencia con el barranco Gallego, se ha delimitado el área de mayor riesgo de inundación para su reserva como zona de laminación natural. En las poblaciones de Torrent, Picanya y Paiporta, la rambla del Poyo se encuentra bien definida y no hay riesgos potenciales de inundación. Dicho embalse, previsto con 8 hm3, con el principal objetivo de laminar avenidas, no se ha llegado a construir.
Con frecuencia se escuchan alegatos a favor de dejar discurrir los caudales de los barrancos y ríos, algo que se define como «libertad fluvial». Se trata de un concepto muy interesante y aplicable a algunos ríos de zonas poco pobladas en las que las inundaciones no tienen afecciones destacadas o ríos de montaña con llanuras de inundación muy limitadas. De hecho, en el Pirineo hay algunos ríos sin regulación, como el Ara o el Aragón Subordán (Huesca), cuyo funcionamiento responde exclusivamente a factores naturales, lo que sin duda es una gran riqueza natural y tiene gran interés científico.
Sin embargo, este concepto a nuestro juicio no es aplicable a zonas en las que las proximidades de los ríos y su llanura de inundación están densamente ocupadas por población o actividades socioeconómicas consolidadas (urbanización, áreas comerciales o industriales) pues se las está poniendo en peligro. Se puede discutir si fue adecuado o no permitir la ocupación de esas zonas, y probablemente en muchos casos no lo fuera, pero la realidad es la que es, y una vez consolidada esa urbanización hay que priorizar la seguridad mediante alertas tempranas, gestión adecuada de los embalses de regulación o, si es necesario, nuevas obras o infraestructuras de protección.
El riesgo de riadas en la costa mediterránea española, especialmente en otoño, es una constante de nuestra climatología, por lo que términos como fenómeno sin antecedentes son completamente faltos de rigor. Lo ocurrido en octubre de 2024 demuestra que ni siquiera la sociedad de principios del siglo XXI está a salvo de dichos episodios. La tragedia obliga a realizar una profunda reflexión sobre sus causas y la manera de evitar futuras tragedias en zonas hoy densamente pobladas y ocupadas.
Algunas ideas expuestas de forma muy resumida pueden ser: mejora de la transmisión a la población de las alertas climáticas e hidrológicas, gestión adecuada de los embalses para utilizar su capacidad de gestión de avenidas, agilizar los sistemas de rescate y ayuda a la población afectada o construir nuevas embalses para laminación de avenidas.
Por último, hemos de destacar que, aunque las competencias de mantenimiento y gestión del Dominio Público Hidráulico, que incluye aguas superficiales y subterráneas, cauces permanentes o temporales, embalses, etc., compete al Organismo de Cuenca correspondiente (Confederación Hidrográfica del Júcar en el caso de Valencia y zonas próximas), es necesario mejorar la coordinación con las administraciones autonómicas y también locales, a quien les corresponde elaborar los planes de emergencia municipales.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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