La Junta de Andalucía afirmó a través de una carta dirigida a la plataforma defensora del medio rural, SOS Rural, de que las autoridades cuentan con el apoyo de la sociedad para mantener su decisión de talar a miles de olivos centenarios en Jaén y reemplazarlos por placas fotovoltaicas, pese a que más de 122 000 ciudadanos habrían firmado en contra.
En la carta, la Junta informa de la negativa del presidente, Juan Manuel Moreno, a reunirse con la plataforma para abordar la tala de olivos, que son tradicionales en el entorno de Lopera, Jaén, y les asegura que los proyectos de energía renovables en Andalucía, desarrollados en un marco público-privado, cuentan con la «Licencia Social Operativa», informó Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
«La Junta nos argumenta que la tala de olivos cuenta con el apoyo de la sociedad y que se ajusta a la ley, pero desde SOS Rural le recordamos que llevamos más de 122 000 firmas en nuestra campaña contra la tala», declaró Corbalán.
«Hay muchos propietarios a quienes les han expropiado forzosamente sus olivos y que esa ley en la que se escuda el Gobierno de Moreno es profundamente inmoral», añadió.
En la misiva remitida por la Junta a SOS Rural, el Gobierno andaluz aseguró que «comparte plenamente la preocupación por el desarrollo e implantación de instalaciones de energías renovables en nuestra Comunidad Autónoma venga acompañado de la correspondiente salvaguarda de los intereses medioambientales, culturales y sociales».
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En una entrevista con Epoch Times España, la Sra. Corbalán dijo que «se está utilizando una herramienta pública, una ley como la del sector eléctrico, para beneficiar intereses privados».
«La figura de la expropiación forzosa en España está reservada, tradicionalmente, para obras de interés público, como carreteras o infraestructuras esenciales. Pero aquí se está utilizando para favorecer a empresas privadas, en muchos casos fondos buitre energéticos, sin rostro ni identidad clara», añadió.
La activista dijo que con frecuencia estas empresas son «sociedades pantalla, con nombres desconocidos, que llegan, construyen la planta —que no genera empleo más allá de los pocos trabajadores necesarios para su montaje— y luego desaparecen. La planta se mantiene con tres personas y la energía generada se exporta, sin que sepamos exactamente a dónde va. Desde luego, no genera riqueza para el pueblo: genera ruina y despoblación», agregó la Sra. Corbalán.
La portavoz de SOS Rural cuestionó si «¿de verdad un procedimiento que permite talar olivos tradicionales para poner placas de hierro y cristal, arrasando terrenos altamente productivos y dejando sin futuro las economías locales, es garante del bien común y de los intereses medioambientales, culturales y sociales del territorio?».
«Es una carta descarada, con una gran falta de consideración y en la que reconocen actuaciones que no son acorde a la ley», añadió Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte. «¿Acaso tomar como único criterio el beneficio de las empresas privadas es de utilidad pública? ¿De verdad nos quieren hacer creer que se cumple con la Licencia Social Operativa?», agregó.
De una parte, la Junta de Andalucía señala la necesidad de contar con energías renovables debido a la emergencia climática, a la necesaria descarbonización de la economía y a los objetivos internacionales, comunitarios y nacionales.
«Estos objetivos deben ser compatibles con el respeto a nuestro patrimonio, a nuestra cultura y a nuestro medio ambiente y, por tanto, con el cumplimiento riguroso de la normativa que ampara la tramitación de los proyectos de generación de energías renovables», argumentan.
Corbalán pidió a las autoridades que «por favor, diferencien el cumplimiento de la actual ley con respetar de forma genuina nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestro medioambiente».
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En su opinión, ve un desinterés del Gobierno de la Junta por los efectos ambientales adversos que generan estos proyectos.
«Estamos viendo cómo el Gobierno andaluz, que debería ser garante del cumplimiento de la ley, permite fraudes de ley con la fragmentación ilegal de los proyectos».
Para salvar a los olivos y a sus propietarios el derecho de sus tierras, la plataforma está pidiendo a la Consejería de Sostenibilidad y Medioambiente de Andalucía que apruebe el Plan que permita al Ayuntamiento de Lopera, Jaén, suspender de forma temporal las nuevas licencias de obra de parques solares ante el plan del cuarto proyecto fotovoltaico previsto en el municipio.
Se trata del «Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en el T.M. de Lopera», promovido por el Ayuntamiento loperano que la Consejería recibió el 22 de abril y tiene plazo de respuesta hasta el 22 de julio.
Además, la plataforma pide que la Consejería no emita la Autorización Ambiental Unificada (AAU), para el cuarto proyecto fotovoltaico previsto en Lopera, competencia exclusiva de la Delegación de Medio Ambiente en Jaén.
«Sin este informe favorable, el proyecto queda bloqueado. En este caso, además, existen alegaciones ambientales de peso, como la presencia del ave protegida Alzacola rojizo, cuyo hábitat se vería muy afectado», dijo SOS rural.
La plataforma dijo que acudió este miércoles a Sevilla, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se manifestó en contra de la tala masiva de olivos para implantar los megaproyectos solares.
«Queremos alertar a la comunidad internacional sobre un modelo de transición energética desordenado, que amenaza el paisaje, a la economía rural y a nuestra soberanía alimentaria, que se aprovecha de un discurso que promueve las renovables a cualquier precio», indicó la portavoz.
«Energías renovables sí, pero no así», sostuvo Corbalán.
Entre 2012 y 2022, los parques fotovoltaicos ocuparon en España 40 071 hectáreas de suelo. Más de la mitad (21 354 hectáreas) correspondían a suelos productivos: el 47,2 % eran cultivos de secano y el 6,1 %, cultivos de regadío, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. En 2012, el 6,6 % de estas tierras eran olivares.
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