Natalia Corbalán sobre la tala de olivos centenarios en Jaén: «Energías renovables sí, pero no así»

Entrevista:

Miles de olivos centenarios en la Campiña Norte de Jaén y la Subbética cordobesa serán talados para instalar placas fotovoltaicas.

Los detractores de esta medida denuncian que no se ha estudiado el impacto económico y social. Además dicen que a muchos propietarios que prefieren mantener sus terrenos para continuar con el cultivo tradicional de la aceituna les han obligado a ceder sus tierras. Ese tipo de cultivo es el que más empleo genera —además de fijar la población al medio rural—, aunque sea menos rentable.

Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado que estos parques fotovoltaicos son de interés público, como parte de la estrategia de descarbonización de la economía y la transición energética, impulsado desde el Gobierno de España y la Unión Europea.

Por esta razón, la ley de Expropiación Forzosa de 1955 permite expropiar legalmente las tierras de aquellos agricultores que no quieran arrendarlas voluntariamente a empresas privadas como Greenalia.

Hoy hablamos con Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, una organización sin ánimo de lucro que dice defender la actividad económica, social y cultural del medio rural, y que se opone a este proyecto.

Epoch Times: Natalia, vuestra organización dice que ha nacido para defender la actividad económica, social y cultural del mundo rural. ¿De qué hay que defender al mundo rural?

Sra. Corbalán: Tristemente de demasiados ataques provenientes del ámbito político. Yo creo que la sociedad valora a nuestros agricultores y ganaderos, pero vemos cómo la política no los protege. Te hablaría de décadas de desprotección, de un cerco legislativo hacia quienes nos nutren, hacia quienes nos proveen de alimentos: nuestra gran despensa.

Sin embargo, observamos cómo el sector político los ningunea, los maltrata políticamente y no hace más que legislar sin parar, con políticas cargadas de ideología que, enarbolando la bandera de la ecología y del medio ambiente, utilizan el ecologismo como excusa para favorecer otros intereses. Vemos cómo se ofrece a nuestro sector primario —agricultores y ganaderos— como moneda de cambio. Poco a poco, estos profesionales carecen de relevo generacional, se ven obligados a cerrar sus explotaciones, y nos estamos quedando sin ellos. Un país sin agricultores es un país muerto, condenado al fracaso y, además, a su autodestrucción.

Epoch Times: Entiendo que ese es el motivo por el que surgió SOS RURAL.

Sra. Corbalán: Así es. SOS RURAL es una organización apartidista; es sociedad civil organizada y autofinanciada, debo decirlo. No percibimos ni un solo euro de financiación pública, por lo tanto, no respondemos a otros intereses que no sean los de los agricultores, los ganaderos y, en general, del mundo rural. Porque somos mundo rural: todo lo que le ocurra nos afecta directamente. Hacemos bandera de ello, nos preocupamos y nos ocupamos.

Digo que somos apartidistas, que no apolíticos, porque la política, como he mencionado al principio, nos afecta. Al agricultor le afecta especialmente, porque en nombre de muchas leyes se le impide producir, su actividad deja de ser rentable o se le sobrecarga de obligaciones —por ejemplo, de tipo medioambiental— que muchas veces resultan absurdas y le impiden llevar a cabo su labor. Estas normas pueden suponerle costes adicionales o someterlo a una burocracia asfixiante que no puede asumir.

Por lo tanto, somos eso: sociedad civil organizada, algo que creo que hoy, más que nunca, en este país y en esta sociedad global, tiene mucho sentido.

Epoch Times: ¿Y sobre la base de qué criterio se otorga la calificación de utilidad pública a la instalación de una planta fotovoltaica frente al cultivo tradicional del olivo? 

Sra. Corbalán: Eso es precisamente lo que no entendemos. Acabo de reunirme con el consejero de Industria y con el secretario general de Energía, y cuando les he planteado esta cuestión —les he dicho: “¿Cómo podéis declarar de utilidad pública el sustituir olivos centenarios por placas solares?”— su respuesta ha sido que los informes medioambientales y de valoración, que proceden de la Consejería de Medio Ambiente, lo aprueban. Es decir, que ellos no tienen competencias sobre eso: si reciben un informe favorable de impacto medioambiental que dice que ese terreno es apto para una planta fotovoltaica, están obligados a autorizarla.

Así de fríamente me lo han dicho. La Consejería de Medio Ambiente emite un informe vinculante y, si declara que el terreno es apto, se permite la instalación. Pero yo me pregunto: ¿cómo es posible que Medio Ambiente considere adecuado arrancar olivos centenarios para instalar placas solares? Es inconcebible. Algo está fallando en este Gobierno. No podemos tolerarlo.

Además, hay otro aspecto que quiero subrayar: se está utilizando una herramienta pública, una ley como la del sector eléctrico, para beneficiar intereses privados. La figura de la expropiación forzosa en España está reservada, tradicionalmente, para obras de interés público, como carreteras o infraestructuras esenciales. Pero aquí se está utilizando para favorecer a empresas privadas, en muchos casos fondos buitre energéticos, sin rostro ni identidad clara. Muchas veces se trata de sociedades pantalla, con nombres desconocidos, que llegan, construyen la planta —que no genera empleo más allá de los pocos trabajadores necesarios para su montaje— y luego desaparecen. La planta se mantiene con tres personas y la energía generada se exporta, sin que sepamos exactamente a dónde va. Desde luego, no genera riqueza para el pueblo: genera ruina y despoblación.

Las familias que viven del olivar, ya sea en régimen extensivo o intensivo, se ven desplazadas. Como le he dicho hoy al consejero, me da igual que el olivar sea extensivo, como él argumentaba, diciendo que no es rentable y que los agricultores no lo quieren. Les asiste el derecho a modernizarse, a cambiar a una variedad más rentable, con recogida mecanizada. Pero siguen siendo tierras útiles para producir aceite de oliva. En cambio, si colocan una planta fotovoltaica, ya no habrá ni olivar intensivo ni extensivo: no habrá nada. Estaremos favoreciendo exclusivamente el interés de una empresa privada.

Epoch Times: ¿Y por qué se instalan placas solares en terrenos productivos, cuando hay muchísimos terrenos improductivos que reciben la misma cantidad de sol?

Sra. Corbalán: Eso es precisamente lo que no se entiende y lo que le hemos trasladado al consejero esta misma tarde. Le hemos dicho: «Esto se puede hacer, pero colocando las placas solares en terrenos baldíos, improductivos», como se está haciendo en otras partes de Europa. Italia, por ejemplo, ya ha protegido sus superficies agrarias de alto valor, lo que se conoce como SAU, es decir, Superficie Agraria Útil. ¿Por qué no se hace lo mismo aquí?

Se podrían instalar en las orillas de las carreteras, sobre los tejados y cubiertas de naves industriales, en los polígonos industriales, o fomentar el autoconsumo en las viviendas. Nosotros no estamos en contra de la energía renovable. Al contrario: energía renovable, sí; fotovoltaica, sí, pero no así. Nuestro lema es claro: no a costa de la soberanía alimentaria, no a costa de destruir la economía de comarcas enteras que se van a quedar con un paisaje devastado.

Además, mucha gente no sabe que el olivar es refugio de especies protegidas. El lince habita en zonas de olivar; hay aves en peligro de extinción que anidan allí. Existen informes medioambientales que reconocen que en estos terrenos viven especies amenazadas. Y, sin embargo, se talan olivos de forma totalmente insensible, sin que a la administración pública le tiemble el pulso.

Eso es precisamente lo que estamos denunciando y por lo que estamos dando la voz de alerta.

Epoch Times: Pero alguna razón tiene que haber…

Sra. Corbalán: Tiene su lógica. Mire, estas empresas buscan la cercanía y proximidad a los centros de transformación eléctrica, porque la energía necesita una red de transporte para ser trasladada al lugar donde vaya a consumirse.

Entonces, si el centro de transformación está ubicado en una zona concreta, lo que hacen es trazar mediante un compás, una circunferencia alrededor. Todos los terrenos que quedan dentro de un radio de cinco a siete kilómetros de esa red de transformación son los que comienzan a intentar arrendar.

La figura que suelen utilizar es la del arrendamiento a treinta años, con contratos a muy largo plazo. Y si no logran que el propietario les ceda voluntariamente el terreno, entonces solicitan a la administración que declare ese suelo de utilidad pública. De ese modo, la administración les facilita la expropiación forzosa.

Ese es el modus operandi de estas empresas, en connivencia con la administración pública.

Epoch Times: La Junta de Andalucía ha afirmado que el 86 % del suelo ha sido arrendado voluntariamente. ¿Cómo responde a eso?

Sra. Corbalán: Yo tengo que matizar esa información. Esa supuesta voluntariedad no lo es tanto. Muchos de esos acuerdos no son realmente voluntarios; los propietarios están presionados. La mayoría se ve forzada a firmar. Lo que sucede es que mucha gente no quiere dar su testimonio, pero se ven abocados a ello. De hecho, tenemos testimonios de agricultores que no pueden hablar del tema sin llorar, y que ya han firmado contratos de arrendamiento. Por tanto, no es como lo presentan.

Lo que ocurre es que el procedimiento previsto en la Ley del Sector Eléctrico está rodeado de una gran opacidad y genera una inseguridad jurídica enorme. Estos agricultores, cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ya es tarde: se ven obligados a aceptar la instalación fotovoltaica. Es una situación de «o lo tomas o lo dejas», sin alternativas reales. O arriendan por el precio que les ofrece la empresa, o la administración declara la utilidad pública y les expropia con una indemnización, que no siempre es justa.

Además, no tienen garantías procesales suficientes para defenderse. No cuentan con instancias legales a las que acudir, porque la ley no se lo permite. Es una normativa muy poco garantista en este sentido. Y claro, el proceso es legal —eso es lo que te dicen los responsables políticos—, pero yo siempre respondo lo mismo: durante la Segunda Guerra Mundial también se cometieron atrocidades amparándose en la legalidad vigente. Por eso, hay que cuestionar y valorar críticamente la legalidad que se está aplicando.

Epoch Times: ¿Cuántos olivos se han talado ya, aproximadamente?

Sra. Corbalán: A día de hoy, la cifra prevista, según los proyectos aprobados que tengo sobre la mesa, es de 50 311 olivos y 45 065 cepas de vid, que también están siendo afectadas aunque no se hable mucho de ello.

Epoch Times: Y aún quedan otros proyectos pendientes de aprobación.

Sra. Corbalán: Nosotros estimamos que, solo en la Subbética Cordobesa y la Campiña Norte de Jaén, podrían talarse unos 200 000 olivos. Estas plantas se están extendiendo por toda Andalucía, incluyendo zonas donde el olivo no es tan predominante, aunque pueden afectar a otros cultivos.

Epoch Times: Ha mencionado antes que Italia y Alemania están adoptando una especial protección de los suelos productivos frente a las placas solares.  ¿Qué medidas proponen ustedes para compatibilizar la producción de energía renovable con el sector agrario?

Sra. Corbalán: Esto mismo se lo hemos trasladado esta tarde al consejero y a todos los grupos parlamentarios. Lo primero que solicitamos es una moratoria, es decir, que se detenga inmediatamente la tala de árboles y que no se concedan licencias de obra a los macroparques fotovoltaicos actualmente en tramitación. Proponemos que sean los ayuntamientos quienes frenen la concesión de estas licencias, elaborando planes de protección especial para esos terrenos, declarándolos de interés paisajístico o agrario. Por ejemplo, el municipio de Lopera ya está impulsando un plan de este tipo para evitar que se siga afectando esta área productiva.

Asimismo, pedimos que se promueva un marco normativo que, al igual que en Italia, Francia o Alemania, proteja la Superficie Agraria Útil (SAU). Esta protección es posible legalmente, ya que el Estatuto de Autonomía de Andalucía lo permite. La legalidad está a su favor; lo que falta es voluntad política.

Voluntad para escuchar al pueblo, para atender a la voluntad popular. Desde SOS Rural, no hablo en nombre propio, sino como portavoz de un movimiento que ha reunido más de 100 000 firmas en una campaña que comenzó el 22 de abril. En muy poco tiempo, la respuesta ciudadana ha sido masiva, de auténtica alarma social. La gente se pregunta cómo es posible que, en nombre de la transición energética y ecológica, se esté permitiendo un atentado medioambiental de primer nivel.

Nosotros no estamos en contra de la transición energética, ni de la descarbonización de la economía, que reconocemos como necesaria y urgente. Pero no puede hacerse a costa del medio rural, del olivar tradicional ni de la soberanía alimentaria. No puede ejecutarse así. Así, no.

Epoch Times: Estamos viendo en los últimos años mucha oposición de la ciudadanía a la instalación, no solo de placas fotovoltaicas, sino también de los aerogeneradores. Por ejemplo, hay una fuerte oposición a la construcción del Cluster Maestrazgo, que instalará en una zona de altísimo valor natural de la provincia de Teruel 130 aerogeneradores —70 de ellos en zonas de Red Natura— y unos 300 kilómetros de pistas forestales. ¿Estáis involucrados en este tema también? 

Sra. Corbalán: Actualmente, nuestro foco principal está en este asunto, ya que fue la Campiña Norte quien se puso en contacto con nosotros y no dudamos en ofrecer nuestro apoyo y dar voz a su causa. No obstante, acudiremos allá donde se nos requiera. Este problema afecta hoy a Lopera, pero mañana puede extenderse a otras comunidades autónomas, especialmente aquellas que no cuentan con una legislación que regule los usos del territorio mediante zonificación, protegiendo así los suelos agrarios de alto valor.

Por ejemplo, en Murcia ocurre algo similar: se están desmantelando hectáreas de regadío protegidas por ley, como las del Trasvase Tajo-Segura, consideradas la huerta de Europa, para instalar placas solares. El pasado 17 de mayo, un diario regional publicó en portada que Murcia se convertirá en el «huerto solar de Europa». Este fenómeno también sucede en Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde no existe una legislación autonómica que proteja esos suelos.

Además, no hay un marco legal nacional que regule esta cuestión, y por ello planeamos elevarla al ámbito nacional. Queremos dialogar con el ministro y la ministra de Transición Ecológica, ya que el Gobierno de España debe intervenir. Italia, por ejemplo, ya cuenta con un marco legal nacional que, sin menoscabar las competencias autonómicas, protege sus suelos agrícolas de alto valor mediante zonificación específica.

Por ahora, no estamos trabajando directamente en campañas contra los aerogeneradores, pero si mañana alguna asociación vecinal afectada nos solicita ayuda, SOS RURAL estará presente para apoyar cualquier zona rural que sufra estas injusticias.

Epoch Times: Me imagino que esta problemática también se está produciendo en otros países de Europa, ya que, por ejemplo, Italia ha protegido sus suelos agrícolas y Alemania está en proceso de hacerlo. ¿Están ustedes en contacto con agricultores de otros países europeos que enfrentan retos similares?

Sra. Corbalán: Así es. De hecho, SOS RURAL ha sido pionera en presentar un instrumento que está al alcance de todos los ciudadanos europeos para defender sus intereses y para instar a la Unión Europea a tomar medidas. Se trata de la Iniciativa Ciudadana Europea, un mecanismo que consiste en recoger un millón de firmas y que actualmente tenemos en marcha para proteger las actividades primarias. En esta iniciativa se incluye todo lo relacionado con el uso del territorio y los problemas que ocasionan la fotovoltaica y los aerogeneradores.

Estamos en contacto con asociaciones de agricultores de siete países europeos, requisito imprescindible para registrar esta iniciativa. Por lo tanto, está activa hasta julio y seguimos recomendando su firma. Aunque un millón de firmas es una cifra considerable, para el contexto europeo no es excesiva. Estamos realizando acciones innovadoras y movilizando a la sociedad urbana, que debe tomar conciencia de que si el campo no produce, la ciudad no come. Esto es fundamental.

El alimento no aparece mágicamente en los supermercados; alguien tiene que producirlo, levantarse a las cinco de la mañana para recoger la patata, cultivar la vid o cuidar el olivo. La población debe entender esta realidad. Es necesario incluir esta enseñanza en los colegios: proteger el medio ambiente está bien, pero ¿quién es el primer ecologista del planeta? El agricultor, porque su vida depende de ello.

Actualmente, existe un relato dominante que ha cambiado la mentalidad. ¿Cómo es posible que un ciudadano urbano perciba como sostenible una placa solar, que está compuesta de cristal, hormigón, hierro y tornillos, y no vea esa sostenibilidad en un olivo, una lechuga o un limonero? ¿Qué política ha influido en este cambio de mentalidad?

Nosotros defendemos las placas solares y la energía limpia, pero no a costa de la soberanía alimentaria. No lo vamos a permitir. SOS RURAL continúa lanzando un grito de esperanza para toda la sociedad y seguirá la batalla mediática y política. No nos quedaremos aquí: acudiremos a las instancias necesarias, como el Comité de Peticiones Europeo y el Parlamento Europeo, para movilizar a la sociedad europea contra lo que está ocurriendo en Andalucía si el Gobierno andaluz no detiene esta situación.

Epoch Times: ¿Existe algún caso de éxito o algún rayo de esperanza? Con frecuencia los periodos más difíciles que atraviesan las sociedades, los países o las comunidades suelen sacar lo mejor de ellas mismas.

Sra. Corbalán: Casi siempre. El caso de Lopera está siendo especialmente significativo. Por ejemplo, desde que iniciamos una campaña de recogida de firmas digitales el 22 de abril, hemos conseguido cerca de 100 000 firmas. Eso representa una unión, una voluntad colectiva. Muchas de estas personas no pueden manifestarse presencialmente, pero han expresado su apoyo a través de la firma, incluso desde fuera de España, ya que lo digital elimina fronteras.

Este es un claro ejemplo de que, cuando la sociedad civil reconoce un problema que afecta a su sensibilidad, se moviliza. Un olivo centenario es un ser vivo, y como tal, su destrucción duele profundamente, tal como expliqué esta mañana en un vídeo. Atacar un olivo centenario es como atacar a un familiar; es un símbolo de la infancia, de la identidad y de un territorio, y por ello no se puede permitir.

Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times