El Juzgado de lo Penal número 1 de la Vitoria-Gasteiz, País Vasco, absolvió el 9 de diciembre a 21 personas acusadas de un delito de coacciones por concentrarse pacíficamente frente a la clínica Askabide, un centro acreditado para realizar abortos.
La sentencia, dictada el martes por la mañana, representa un revés significativo a las denuncias impulsadas bajo la reforma del Código Penal de 2022, que penaliza el supuesto acoso en torno a estas instalaciones.
Los procesados, vinculados a la campaña internacional «40 Días por la Vida», enfrentaban hasta cinco meses de prisión —sustituibles por 100 días de trabajos comunitarios— y una indemnización de 20 000 euros solicitada por la clínica.
La jueza, en su fallo, enfatizó que no se acreditó «ningún tipo de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza» por parte de los acusados.
«Nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas», añade el texto judicial, descartando cualquier obstáculo al ejercicio del derecho al aborto.
La decisión llega tras un juicio celebrado el pasado mes de noviembre, que se presentó como el primero en España —y en Europa— contra un grupo organizado por rezar en silencio ante un abortorio.
Los hechos se remontan a ocho concentraciones realizadas entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022. En grupos de no más de cinco personas, los voluntarios se situaban en la acera frente a la clínica, a una distancia de 15 a 30 metros, rezando el Rosario «unas veces en silencio y otras en voz baja, sin que en este último caso los rezos fueran audibles para los usuarios que se encontraban en el interior de la clínica».
Portaban carteles de tamaño DIN A4 con mensajes como «no estás sola», «estamos aquí para ayudarte» o «rezamos por ti».
Estas vigilias, comunicadas previamente a las autoridades locales, formaban parte de la iniciativa global «40 Días por la Vida», que promueve la oración y el apoyo no invasivo a mujeres en crisis de embarazo.
La clínica Askabide, ubicada en la céntrica calle Rioja, denunció las concentraciones alegando coacciones e intimidación. Su gerente, Igor Elberdin, testificó durante el juicio que la «presencia constante» de los rezadores suponía una coacción para él y su equipo. Una trabajadora y una paciente declararon sentirse «intimidadas» y «señaladas» por la actividad, aunque no aportaron pruebas de anulaciones de citas ni testimonios directos de mujeres obstaculizadas.
Por su parte, agentes de la Ertzaintza y la Policía Local de Vitoria corroboraron la naturaleza pacífica de las manifestaciones: no se formaron cadenas humanas, no se impidió el paso ni se exhibieron imágenes gráficas de fetos.
Los acusados, en sus declaraciones del 19 de noviembre, negaron cualquier intención de interferir. «No molestábamos», afirmó uno de ellos, subrayando que se limitaban a rezar sin interactuar con transeúntes ni dirigir palabras personales a usuarias.
La defensa, representada por abogados especializados en derechos fundamentales, solicitó la libre absolución argumentando que las acciones constituían un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de culto, amparadas por los artículos 16 y 20 de la Constitución Española.
Una ley controvertida
La acusación se basó en el artículo 172 quater del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 4/2022, que modifica la normativa para proteger el acceso al aborto.
Esta reforma, aprobada por el Congreso con el apoyo del PSOE y sus socios —incluidos EH Bildu y ERC—, castiga con penas de tres meses a un año de prisión ó 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad a quien realice «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que obstaculicen la práctica del aborto.
El PP y Vox se opusieron frontalmente a la norma proponiendo, sin éxito, vetos a la misma.
La ley entró en vigor en abril de 2022, y desde entonces ha generado al menos docenas de denuncias similares en todo el país.
Testimonios que inclinan la balanza
Durante las tres sesiones del juicio —del 17 al 20 de noviembre—, la prueba fue clave.
La Fiscalía presentó testimonios de Elberdin y la paciente, pero careció de evidencia documental, como registros de citas canceladas.
En contraste, los informes policiales destacaron la ausencia de incidentes: «Comportamiento correcto y educado», según un agente de la Ertzaintza.
La sentencia subraya que «no se ha acreditado que alguna mujer usuaria de la clínica fuera obstaculizada».
La clínica Askabide, personada como acusación particular, ha anunciado su intención de recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial de Álava.
Desde el movimiento provida, la reacción ha sido de alivio.
HazteOir, una de las entidades más activas en la defensa de la vida, tuiteó esta mañana: «¡Muy buenas noticias! Absuelven a los 21 provida que rezaban frente a un abortorio de Vitoria. Siempre con la vida. Siempre».
«Esta nueva ley que se promulgó llena de retórica no está dando los frutos que el ‘lobby’ abortista y su patronal desearían porque realmente no hay manera de que se aplique sobre un rescatador o sobre un grupo orante, porque ninguno de ellos acosa ni hostiga ni maltrata ni coacciona», comentó sobre la ley María Sánchez, abogada y portavoz de la plataforma Derecho a Vivir.
«La sociedad occidental ha escondido completamente la cuestión del aborto bajo la alfombra… La tragedia de 73 millones de abortos al año en el mundo, cien mil en España, se ha normalizado», declaró el pasado 18 de noviembre el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello.
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La oración bajo la lupa
La absolución de Vitoria se enmarca en un contexto de creciente escrutinio judicial a los grupos provida.
En Madrid, la clínica Dator —pionera en abortos desde 1986— ha interpuesto más de 20 denuncias desde 2022.
Mientras la Audiencia Provincial de Álava se dispone a examinar el posible recurso, los voluntarios de «40 Días por la Vida» preparan nuevas vigilias con rezos bajo su inflexible consigna:«La vida prevalece».
Con información de EFE
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