Un pequeño dispositivo luminoso puede parecer, en principio, un elemento práctico para señalizar una avería en el coche. La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previsto que la conocida baliza de preseñalización V16 sea de uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, la medida incluye algunos aspectos que generan inquietud.
Desde hace cinco años, la DGT advierte de la necesidad de implantar este dispositivo y sustituir de forma definitiva los triángulos de preseñalización de peligro, que hasta ahora obligan al conductor a bajar del coche para colocarlos a 50 metros de distancia y que sean visibles para otros conductores a 100 metros de distancia.
La medida ha despertado preocupación en distintos sectores, ya que la instalación de la baliza V16 podría poner en riesgo la privacidad de los datos de los conductores e implicar una vulneración de la libertad de movimiento de los ciudadanos españoles.
Lea también: ¿Qué hay detrás de las nuevas balizas obligatorias para los coches?
Las balizas V16, que tendrán un coste de entre 40 y 60 euros, incorporan una tarjeta eSIM vinculada a la red DGT 3.0. Actualmente, hay tres operadoras que compiten por este mercado: Telefónica, Vodafone y Movistar. Según algunos cálculos, la recaudación podría rondar los 45 000 millones de euros.
Además, la implantación de estos dispositivos para más de 37 millones de vehículos registrados en España representaría para el mercado un coste de 1 500 millones de euros, a los que se sumaría el 21 % de IVA que iría a las arcas del Estado.
La conectividad de cada dispositivo tendría un periodo de vigencia de hasta 12 años. Sin embargo, la norma no aclara qué se deberá hacer una vez se cumpla ese periodo de conectividad, si se deberá recurrir a algún servicio técnico para instalar un nuevo chip o si será necesario adquirir una nueva baliza.
Entre los países miembros de la Unión Europea que han implantado este sistema, solo España ha optado por hacerlo obligatorio.
Para Raúl Castañeda, director del despacho jurídico Preico Jurídicos, el Real Decreto 1030/2022 introduce una medida «sin que concurra una situación de emergencia que la justifique y sin una ley orgánica que autorice un tratamiento de datos tan intrusivo. Esto vulnera el art. 18.4 de la Constitución Española y los art. 5, 6, 24 y 35 del Reglamento General de Protección de Datos».
Según este despacho, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) únicamente autoriza que el tratamiento de datos sea obligatorio cuando exista una ley explícita que lo permita o una evaluación de impacto en protección de datos que lo justifique, pero, de momento, no se cumple ninguna de estas condiciones.
Preico Jurídicos aconseja a los ciudadanos presentar tres reclamaciones con las que, según sostiene, podría paralizarse la norma en vigor hasta que exista una ley adecuada que garantice la privacidad del usuario al implantar este tipo de señalización.
1. En primer lugar, una reclamación ante el Ministerio de Industria y Turismo para objetar la obligatoriedad del sistema de conectividad como requisito para homologar las balizas, solicitando transparencia a los operadores y exigiendo la certificación y la evaluación de su impacto.
2. En segundo lugar, una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para denunciar la ausencia de una ley que evalúe el impacto en la protección de datos y exigir su supervisión.
3. Por último, Preico Jurídicos señala que una reclamación ante la DGT permitiría prorrogar la normativa hasta que haya una ley adecuada y garantías para su aplicación. En los modelos que propone el despacho se solicita que conste la oposición expresa de la persona interesada, que se suspenda el despliegue del sistema y que se garantice su derecho a utilizar balizas sin enviar su ubicación, según explicó en una publicación en X.
En cuanto al procedimiento de cada una de estas reclamaciones, la empresa de asesoramiento jurídico aconseja descargar los documentos para realizar las solicitudes, rellenar los datos con la firma y presentarlos en las sedes electrónicas anexando el certificado digital, o a través de las oficinas públicas.
Según la DGT, el dispositivo es de uso obligatorio para turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías, según lo previsto en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos.
La Dirección General de Tráfico también explica que la baliza V16 «proporciona una visibilidad de carácter virtual mediante el envío de una señal a la plataforma del vehículo conectado. Esa información se transmite a los organismos competentes en materia de tráfico, que, a su vez, la pondrán a disposición de los usuarios y de los proveedores de servicios a través del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad».
En cuanto a la implantación de la baliza, la última advertencia la hizo el director de la DGT, Pere Navarro, en un acto celebrado en Badajoz con motivo de la toma de posesión del jefe provincial de Tráfico. Durante la ceremonia expresó: «Yo no digo que todos fueran a colocar el triángulo, pero es evidente y no porque lo diga yo, cualquiera de ustedes que haya bajado a colocar el triángulo a 50 metros por detrás del coche sabe que aquello es peligroso».
Lea también: JUPOL pide la dimisión de Marlaska tras el presunto ataque yihadista de Vallecas
Los conductores que no cuenten con la baliza homologada V16 a partir de enero se enfrentarán a una multa de entre 80 y 200 euros. En caso de que un coche presente una avería grave y no lleve el dispositivo de preseñalización V16, la Guardia Civil puede considerar que no cumple con el equipamiento obligatorio y, en teoría, puede inmovilizarlo hasta que encuentre la manera de conseguir la baliza. En relación con esta medida, ya se han presentado y aprobado varias pruebas piloto.
Hasta el 17 de noviembre hay 243 balizas homologadas por la DGT —de acuerdo con el listado oficial—, de las cuales la mayoría son fabricadas por empresas chinas.
Más de un tercio del mercado está acaparado por las empresas Ningbo Chakesi Electronic Co., Ltd. y Limburg Technology Limited, que han registrado homologaciones bajo marcas como Don Feliz, Raykong o Geobaliza, distribuyéndolas en el mercado con etiquetas distintas.
Otro proveedor homologado de balizas es la cuestionada ZTE, una marca china que la Comisión Europea señaló en 2023, en el ámbito de las telecomunicaciones, por los riesgos que representa para la seguridad de los sistemas de comunicación y vigilancia de la Unión Europea.
Cómo puede ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
