El jueves pasado, el Tribunal de Justicia de la UE analizó si el decreto del Ministerio de Agricultura checo —que obliga a avisar con 24 horas de antelación la llegada de ciertos alimentos a su destino en la República Checa para poder organizar su inspección sanitaria— vulnera el Tratado de Funcionamiento de la UE, que protege la libre circulación de mercancías y el reconocimiento mutuo entre Estados miembros. Lo que se decida será clave: si el decreto se considera compatible, otros países podrían implantar avisos similares para planificar controles de productos que consideren de mayor riesgo sanitario.
Según la Comisión Europea, ahora mismo ningún Estado miembro, salvo la República Checa, aplica una obligación de este tipo, que en la práctica, hoy afecta al traslado de manzanas, patatas [tempranas y tardías], adormidera [amapola], complementos alimenticios y determinados alimentos de origen animal [con excepciones como el colágeno, la miel o ciertos productos del mar], que pueden tener origen en terceros países.
Una empresa, Pragon, sostiene que el decreto es desproporcionado y contrario al derecho europeo. Tras dos consultas del Tribunal Supremo Administrativo checo (NSS) sobre su compatibilidad con el Derecho de la UE y sin que los tribunales nacionales zanjasen el asunto, el caso llegó al Tribunal de Justicia en Luxemburgo.
La compañía afirma que la obligación de notificar el movimiento de mercancías desde otros países de la UE impone una carga innecesaria a los operadores.
Los informes deben emitirse 24 horas antes de la entrega de las mercancías, bajo pena de una multa de hasta 10 000 000 coronas checas [412 000 euros].
Según Pragon, esto no se ajusta al principio de libre circulación de mercancías en el mercado único de la UE, consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El Derecho de la UE «¿impide una normativa nacional que impone a los destinatarios de complementos alimenticios de otro Estado miembro una obligación general de notificar, con al menos 24 horas de antelación, su llegada al destino y de facilitar la información [requerida]…?» fue la pregunta del NSS al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según la Autoridad Estatal de Inspección Agrícola y Alimentaria de la República Checa la legislación se ajusta a la legislación prioritaria de la UE.
El representante del gobierno checo ante el tribunal defendió el decreto y los representantes de la Comisión Europea afirmaron que la norma no supone un mayor nivel de seguridad alimentaria en la práctica.
La respuesta del tribunal sentará un precedente para toda la Unión Europea
El decreto impugnado es una norma del Ministerio de Agricultura sobre las obligaciones de información del destinatario de alimentos en el lugar de destino. El informe se realiza exclusivamente en línea y debe contener información: quién envía las mercancías, a qué categoría de mercancías se refiere, a qué lugar y cuándo llegará la mercancía en la República Checa. Los alimentos pueden ser de la UE o de terceros países.
Ganaderos españoles piden más control para los productos llegados desde terceros países
El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, declaró a The Epoch Times que actualmente «las fronteras de Europa son un coladero de productos no autorizados y de plagas que están causando gravísimos daños, agravados por el cambio climático».
«Están llegando por fronteras abiertas, por puertos donde no se controla», afirmó Andreu, indicando que una vez dentro de un país europeo, productos de baja calidad circulan por la región sin restricciones.
Para aclarar esta situación, indicó que «los puertos buscan más operaciones y más rapidez; sin embargo, para un control eficaz hay que imponer cuarentenas y ralentizar, y eso no se está haciendo».
«La legislación europea no afecta directamente a los puertos: estos son competencia de los Estados miembros. Europa dicta una norma, pero cada país decide si aplicarla en la zona portuaria». En la práctica, dice, «es un coladero», porque, aunque en España se controlara más, «llegan cítricos a Róterdam, a Portugal o a Marsella que entran perfectamente y, en unas horas, los tenemos en España en un camión. Igual ocurriría con una naranja de Brasil que llegue con su plaga, y eso es una auténtica ruina».
Posición del empresario demandante
Cuando el Abogado General [que forma parte del tribunal] preguntó si la empresa solo se opone a la carga administrativa que pesa sobre su sector de comercio de complementos alimenticios o al decreto en sí, el representante legal de la empresa respondió: «La norma nos molesta de manera arbitraria. La responsabilidad recae en el fabricante; si no la asumiera y no la garantizara, no podría beneficiarse del principio de libre circulación de mercancías».
Según Pragon, el asunto va más allá de los intereses de su empresa y se refiere a los principios básicos del funcionamiento de la libre circulación de mercancías en la Unión. La norma «impone obligaciones indirectas a los proveedores de otros Estados miembros cuando entregan productos en el mercado checo», y el plazo legal para notificar 24 horas antes de la llegada de la mercancía «a menudo ni siquiera puede cumplirse sin restringir la libre circulación de mercancías, ya que el transporte desde Estados miembros vecinos puede hacerse, en la práctica habitual del mercado, en cuestión de horas, por lo que el envío debe posponerse».
La cumplimentación obligatoria de las declaraciones, según la empresa, «interfiere de forma inaceptable en el calendario de libre circulación de las mercancías acordado contractualmente entre proveedor, transportista y cliente» y, por ello, «altera directamente la libre circulación de mercancías en el mercado único de la UE».
Pragon añadió que si otros Estados miembros implantaran obligaciones de información sistemáticas y exhaustivas similares, «se produciría una violación permanente del principio garantizado de libre circulación de mercancías y, en el mercado alimentario [complementos alimenticios], potencialmente una ruptura irreversible del libre mercado de la UE».
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Posición de la Comisión Europea
Ante la consulta del tribunal, el representante de la Comisión Europea expresó que cada país de la Unión Europea realiza inspecciones y análisis de riesgos en las empresas que producen o suministran alimentos y existen diversos sistemas y oportunidades para compartir la información necesaria. Por lo tanto, consideran que el decreto checo y la obligación de enviar informes «no son absolutamente necesarios» y son contrarios al principio de libre circulación de mercancías.
El representante sostuvo que la información exigida para la inspección checa no mejora la seguridad alimentaria, sino que solo facilita la organización de las inspecciones. «Otros Estados miembros no cuentan con medidas similares».
Durante sus observaciones finales, añadió que «si todos los Estados miembros actuaran de esta manera, se perturbaría significativamente el movimiento de mercancías dentro de la Unión Europea».
También mencionó algunas herramientas que la inspección checa puede utilizar para la detección temprana de alimentos defectuosos o el análisis de riesgos. Estas incluyen la red AC Net y los sistemas RASFF, AAC o FFN .
La cuestión del decreto también es objeto de una denuncia presentada ante la Comisión Europea (pdf ), en virtud de la cual la Comisión Europea está iniciando un procedimiento (INFR 2016/4222) contra la República Checa por incumplimiento del Derecho de la UE. El Comisario declaró que la Comisión está a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia.
República Checa: «la salud es una sola»
El abogado de la República Checa, J. Vláčil, señaló al inicio de su intervención ante el tribunal que «la salud es una sola» y que, por ello, las empresas deben «asumir más incomodidades» y soportar la carga de los informes exigidos, que, según él, representan únicamente una «carga administrativa marginal».
Según Vláčil, la Inspección Alimentaria ha identificado áreas que considera de riesgo, como la carne, las patatas, las manzanas, las semillas de amapola o los complementos alimenticios. Por lo tanto se exige informes únicamente a las empresas que importan este tipo de productos.
«Los informes nos permiten realizar controles de la mercancía inmediatamente después de que llegue a la República Checa, antes de que se distribuya en el mercado».
— J. Vláčil, representante de la República Checa—.
De acuerdo con el abogado, las autoridades checas no pueden saber qué mercancías han sido inspeccionadas en los Estados miembros y cuáles no. También argumentó los envíos de carne en algunos casos contienen bacterias de salmonela, problemas con anabolizantes en complementos alimenticios, presencia de metales pesados o altos niveles de minerales.
Todo esto, según el representante, legitima la necesidad de vigilar el movimiento de mercancías [a través de los informes debatidos], lo que permite a la inspección planificar oportunamente los controles, que, según Vláčil, gracias a las notificaciones pueden llevarse a cabo en cuanto la mercancía llega a la República Checa, incluso antes de entrar en el mercado.
¿Cuándo decidirá el tribunal?
El panel resolverá el caso como una «cuestión prejudicial», un canal de comunicación entre el Tribunal de Justicia de la UE y los tribunales de los Estados miembros; no es un juicio, sino una interpretación de la ley.
Está previsto que el Abogado General del Tribunal de Justicia publique su postura sobre el asunto en noviembre, y que el tribunal dé a conocer la respuesta a la cuestión prejudicial en abril de 2026.
Artículo publicado primero en The Epoch Times Checa con el título «Soudní dvůr EU posuzuje soulad české vyhlášky s evropským principem „volného pohybu zboží“» y adaptado por Epoch Times España.
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