El Dr. Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, declaró que en muchos hospitales públicos la totalidad de sus ginecólogos se niegan a practicar abortos, por lo que obligar a estos profesionales a figurar en un registro de objetores de conciencia, que será manejado por el Gobierno y no por los propios centros de salud, abre la puerta a que sean señalados, presionados o discriminados.
El colectivo médico comunicó el 7 de octubre que «rechaza el registro de objetores por vulnerar derechos fundamentales y la libertad de conciencia».
«Obligar a los médicos a inscribirse en una lista por razones éticas o de conciencia sienta un peligroso precedente», dijo el Dr. Martínez-Sellés, su presidente. El médico advierte que este tipo de medidas atenta contra los principios constitucionales, la ética médica y los códigos deontológicos que rigen la profesión.
«En Madrid tenemos muchos hospitales públicos en los que todos los ginecólogos son objetores de conciencia, por lo tanto es imposible practicar abortos. A las mujeres que acuden para abortar a esos hospitales se las deriva a los centros privados», añadió Martínez durante una entrevista con esRadio.
«Que a este médico haya que apuntarlo en una lista que está en posesión de la consejería de Sanidad, que el día de mañana podría decidir si contrata o no a un ginecólogo en función de si el profesional está en la lista, lógicamente limita el derecho a la objeción de conciencia porque abre la puerta a la discriminación de los médicos objetores».
El Colegio de Médicos de Madrid advirtió que el derecho a la objeción debe ser una «garantía de que no habrá consecuencias negativas por ejercer ese derecho», por lo tanto, «cualquier mecanismo que pueda derivar en señalamiento, presión o discriminación de médicos objetores es inaceptable».
«Lógicamente, lo que está buscando el Gobierno es limitar el derecho a la objeción de conciencia y esto se consigue con estas listas negras de médicos objetores. Además, hay que tener en cuenta que no es solo el caso de Madrid [donde los médicos rechazan hacer abortos]», dijo Martínez en la entrevista.
Por esta razón, la mayoría de abortos (79 %) en España se realizan en centros privados.
La lista será controlada por INGESA, entidad presidida por la ministra de Sanidad
El 16 de diciembre, Sanidad anunció que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud determinó que el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se creará en cada comunidad autónoma y además en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), una entidad adscrita a la Secretaría de Estado de Sanidad, dentro del organigrama del ministerio, y su presidenta es Mónica García, titular del ministerio de Sanidad.
«Solo se incluirá en el registro al personal que interviene directamente en la IVE: médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermeras/os y matronas», informó Sanidad, destacando que «el acceso al registro estará restringido al personal encargado de la gestión y organización de recursos humanos para la IVE».
Esto significa que el personal de maternidad de muchos hospitales podría quedar expuesto.
El Colegio de Médicos advierte que, de esta manera, la lista «abre la puerta a un uso político e ideológico de la medicina, instrumentalizando a los profesionales sanitarios en lugar de proteger su independencia y vocación».
«El aborto no es de izquierdas ni derechas», sostiene el Dr. Martínez.
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Presión del Gobierno
El lunes, el presidente Sánchez envió una carta a los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Madrid instándolos a que pongan en marcha el registro de médicos objetores de conciencia aún pendiente, según RTVE.
La lista contempla la objeción en cuatro supuestos: a) el aborto antes de las 14 semanas, b) el aborto por anomalías fetales en general, c) aborto hasta 22 semanas por anomalía fetales y d) el aborto por causas médicas, cuando la vida de la madre corre un grave riesgo, de acuerdo a Sanidad.
Este protocolo obedece a la Ley Orgánica 1/2023 del Gobierno de Pedro Sánchez, que modifica la norma vigente desde 2010.
Respecto a la carta de Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró el 6 de octubre que «ya veremos lo que le voy a ir contestando», según El Día. «Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar o por no hacerlo».
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, declaró, por su parte, que «cumplirá la ley» y pondrá en marcha el registro.
Más de 106 000 abortos en 2024: «Se intenta convertir esta situación dolorosa en poco menos que un objetivo»
Casi 3 millones de vidas en gestación han sido destruidas desde la despenalización del aborto en 1985. En 2024, se consumaron 106 172 abortos, es decir, 106 172 vidas truncadas, de las cuales el 21 % tuvieron lugar en centros públicos, mientras que el 79 % se realizaron en centros privados.
No obstante, Sanidad dijo que está impulsando que un número mayor de mujeres tenga acceso al aborto en España como una prestación más del SNS, lo que podría incrementar las cifras en los próximos años. «El Ministerio subraya la necesidad de normalizar la prestación pública del aborto y reforzar el acceso equitativo en todo el territorio».
El Gobierno de España reconoce el aborto «como un derecho de las mujeres que ha de ser protegido por los poderes públicos». Al respecto, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, escribió en X que «no puede ser un derecho acabar con una vida humana. El deber primordial de la humanidad es defender la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural».
El Dr. Martínez ve el aumento de la destrucción de vidas desde la perspectiva médica y humana. «Me sorprende que haya una página web reciente que intente convertir esta situación tan dolorosa para muchas mujeres que acaban con la vida de sus hijos, poco menos que en un objetivo», dijo a EsRadio.
«Nosotros todos pagamos por esos abortos con nuestros impuestos y en función de en qué momento de la gestación estén las mujeres que van a abortar, a veces son procedimientos bastante costosos», añadió.
«No creo que promover el aborto sea bueno, desde luego, no para los hijos de estas madres, pero tampoco para las mujeres».
«El aborto es una lacra para toda la sociedad», sostiene Martínez.
«Por cierto también me llama la atención que no se ofrezca una oportunidad a las mujeres que quieren seguir con el embarazo. Que se les ofrezca el importe económico equivalente a lo que cuesta el aborto».
El Colegio de Médicos de Madrid dijo que «reitera su compromiso con la defensa de la libertad de conciencia, la autonomía profesional y el respeto a los derechos fundamentales de todos los médicos. Asimismo, hace un llamamiento a las autoridades para que reconsideren esta iniciativa y actúen con responsabilidad institucional, garantizando un marco de respeto y protección para todos los profesionales del sistema sanitario».
El Dr. Martínez sugiere contratar personal dispuesto a hacer abortos donde lo necesiten ya que no pueden obligar a los médicos que están trabajando en el cuidado de sus pacientes a una acción que atenta contra sus conciencias. Esto no requiere elaborar listas.
También aclara que «en el tema de la nueva ley del aborto, el Gobierno en ningún momento consultó a los profesionales de la salud».
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