El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra emitió el 7 de noviembre una nota de prensa cargada de alarma. Más de un centenar de inmigrantes irregulares malviven en asentamientos ilegales diseminados por Pamplona, generando insalubridad, inseguridad y un repunte delincuencial que los agentes no pueden contener.
El detonante ha sido la detención de cuatro personas de origen magrebí por agredir sexualmente a una joven cerca de la carpa universitaria, tres de ellos con órdenes de expulsión pendientes.
Según el comunicado enviado por el SUP a la redacción de The Epoch Times España, estos detenidos residían en uno de estos campamentos improvisados, caracterizados por acumulación de basura, malos olores y frecuentes intervenciones por robos con violencia, apuñalamientos y agresiones.
En barrios como Rochapea, Milagrosa o San Jorge, los residentes viven con el corazón en un puño.
«Hay vecinos aterrorizados; muchos temen por sus hijos cada vez que salen a la calle», relató uno de ellos a los agentes que patrullan la zona.
Inmigrantes de estos asentamientos acceden a terrenos privados, provocando robos y altercados que han disparado la percepción de inseguridad.
Los agentes de Policía Nacional en Pamplona han visto triplicada su carga de trabajo en meses recientes, sin aumento proporcional de efectivos ni medios.
«Los policías se enfrentan a continuas intervenciones en condiciones de riesgo y una creciente presión derivada del aumento de delitos», denuncia el sindicato.
La Ordenanza Municipal prohíbe expresamente los asentamientos ilegales, calificándolos como falta grave, tal como reconoce el propio concejal de Acción Social, Txema Mauleón, quien admitió que la situación «se escapa a Pamplona».
Se estima que hay más de 100 inmigrantes irregulares en asentamientos ilegales en Pamplona.
En tanto, los indicadores de delincuencia y agresiones se han disparado. Según datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre de este año, aumentó 77 % las agresiones sexuales con penetración en Pamplona.
Desde la oposición, el PP ha pedido la reprobación del alcalde Joseba Asirón por su «pasividad» ante estos focos, que comenzaron a proliferar en 2024 con el de Aranzadi.
Incluso el Ayuntamiento planea ofrecer pisos municipales a inquilinos de asentamientos cuando llegue el frío, una medida criticada por premiar la irregularidad en plena polémica por la violación.
Hasta ahora, ni el Ayuntamiento —gobernado por EH Bildu con apoyo PSN— ni el Gobierno de Navarra —presidido por María Chivite (PSOE)— han anunciado desmantelamientos masivos tras la agresión.
En tanto, el SUP reclama acción inmediata para ejecutar expulsiones y erradicar campamentos. «Si no se pone solución, crecerá de manera incontrolada haciendo que los ciudadanos paguen las consecuencias de esta omisión sin precedentes que estamos viviendo», advierten.
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