El 26 de junio, el Pleno del Tribunal Constitucional dictaminó que la Ley de Amnistía era legítima, avalando su conformidad con la Constitución Española. Sin embargo, tras el fallo, tres magistrados que votaron en contra expresaron fuertes críticas y pusieron en duda la composición del Pleno que emitió la sentencia, acusándolo de no ser el adecuado.
Además, el miércoles 2 de julio el sindicato de funcionarios Manos Limpias anunció que ha pedido al Tribunal Supremo que abra diligencias contra los seis jueces del Tribunal que avalaron la ley de amnistía por prevaricación judicial por lo que considera una «patente y grosera» interpretación jurídica —que la Constitución permite aquello que no esté expresamente prohibido— para encajar la polémica ley.
En esta segunda parte de la entrevista con Paula Fraga, la abogada profundiza no solo en el aspecto más formal del proceso de aval constitucional de la ley, sino también en cómo este encaje pone de manifiesto un problema de fondo mucho más profundo y relevante: la desconexión de los políticos con la realidad de los ciudadanos y la ineficacia de las instituciones que deberían controlar los abusos de poder.
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Epoch Times: Las personas que se sientan en el Congreso de los Diputados y que aprueban este tipo de leyes, teóricamente son los representantes de la voluntad popular. Sin embargo, da la sensación de que realmente esas leyes no responden a reclamaciones ni a necesidades reales de la sociedad.
Sra. Fraga: Por supuesto que no. Están de espaldas, de espaldas a la sociedad. Porque cuando empecé con este tema éramos tres o cuatro mujeres, algunas desde el feminismo, levantando la voz; éramos poquísimas, y el acoso y la difamación que sufríamos era tremendo. Pero desde entonces, hasta ahora, hemos salido a la calle miles y miles de personas.
También hay movimiento desde el plano conservador o la derecha —yo no estoy en esa posición política, pero en todo caso, parte de la derecha, no toda, porque hay quien también se pasa con el movimiento antiwoke y acaba en el otro extremo—. Ni una cosa ni la otra. Pero sí hay un movimiento de derecha, por ejemplo, y partidos políticos de derecha que —no en España, porque ya hemos visto lo que ha hecho el PP— que ha recogido parte de la argumentación jurídica, incluso feminista, y política que tenemos desde otros sectores, y que están presentando esa batalla también.
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Pero, en todo caso, desde luego, el Congreso, no solo en esto sino en tantos otros temas, está dándole la espalda a la calle. A mí, a ningún trabajador, le importan las políticas transgeneristas mientras no se llega a fin de mes, mientras las condiciones laborales son cada vez más paupérrimas, mientras el acceso a la vivienda es terrible. Yo, que vivo en Madrid, lo padezco en mis propias carnes: sin acceso a la vivienda y con condiciones laborales bastante precarias. Y esta gente está con perogrulladas transgeneristas, pseudo feministas… Es, de verdad, insoportable.
Epoch Times: Precisamente, una de las leyes que ha emanado de ese Parlamento y que parece tener poca conexión con las preocupaciones reales y los problemas concretos de los trabajadores es la ley de amnistía que, justamente ayer [26 de junio], el Tribunal Constitucional avaló. Una ley que fue la llave de la investidura de Pedro Sánchez tras perder las elecciones del 23 de julio, y que constituyó una condición impuesta por los partidos independentistas catalanes para apoyarle a continuar en la Moncloa. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Sra. Fraga: Bueno, lo primero es que, efectivamente, como usted dice, es otra ley que nada tiene que ver con la realidad de los trabajadores. De hecho, algo que me sorprende en mi sector, del que provengo —de la izquierda política—, es que no se perciba la terrible desigualdad que hay en esta ley. No hay amnistía para el pobre que roba un día para comer, y, sin embargo, sí existen amnistías y perdones para delincuentes que dan golpes de Estado, que, desde luego, constituyen el peor acto de traición que se puede cometer contra una patria. Eso, para empezar.
Después, efectivamente, esta ley se hizo única y exclusivamente para que el Gobierno pudiese continuar y Pedro Sánchez pudiera mantenerse en el poder. Por tanto, esta ley emana de un acto de corrupción política. Tenemos un Tribunal Constitucional que, lejos de ser el órgano que debería ser —el máximo garante de la Constitución—, se convierte en un órgano totalmente al dictado del gobierno y que actúa como correa de transmisión de su narrativa.
Es vergonzosa esa colonización de todas las instituciones por parte de este PSOE con Pedro Sánchez, que ha llevado a una colonización absoluta de todas las instituciones, empezando por el Tribunal Constitucional.
No es normal que, antes de que se conozca una sentencia o el resultado de una votación en pleno, ya sepamos que será seis a cuatro. ¿Por qué? Porque hay seis magistrados progresistas y cuatro conservadores. Para empezar, los magistrados del Tribunal Constitucional, ni ningún juez, cuando está haciendo su trabajo, debería ser ni progresista ni conservador. Eso puede quedarse para la vida privada, pero al impartir justicia —o en el caso del Tribunal Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional pero vela por la Constitución su protección y cumplimiento— no debería importar su sesgo. Lo que deben hacer es aplicar y defender correctamente la Constitución, y punto.
Esto ya revela la corrupción ideológica que hay tanto en el propio Tribunal Constitucional como en el debate social que aceptamos cuando hablamos de «jueces progresistas» o «jueces conservadores». Por supuesto, todos tenemos sesgos, pero éstos deben estar subordinados a la ley.
Por otro lado, entiendo la amnistía como el mayor acto de corrupción política, y también de corrupción ideológica, porque en nombre de la igualdad y el progresismo se promulga una ley que quiebra el principio de legalidad y el principio de igualdad ante la ley.
Por eso, no comprendo cómo mis compañeros de izquierdas no pueden ver primero que hay que defender la patria, porque no hay nada más comunitario ni más solidario que la propia patria, y segundo, cómo no pueden ver la diferencia ante la ley entre el pobre que roba un día para comer y Puigdemont, un delincuente que dio un golpe de Estado, malversó dinero público con esos fines y cuya conducta ha sido condenada.
Epoch Times: Además, a lo largo de estos años se han visto numerosas causas abiertas por corrupción política que han sido archivadas por errores judiciales que, como usted dice, no ocurre con ciudadanos particulares, sino solamente cuando se trata de algún alcalde, concejal o persona vinculada de alguna manera con la política. Me pregunto, ¿existe realmente independencia judicial en España?
Sra. Fraga: Bueno, el problema es de base. Podemos criticar al PSOE, podemos criticar al PP, pero el problema fundamental radica en cómo se elige el órgano de gobierno de jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, así como el Tribunal Constitucional. En estos procesos, los políticos no deberían intervenir. Por ejemplo, en el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial deberían elegir jueces, fiscales y todos los operadores jurídicos que forman parte de la administración de justicia, ya que son quienes conocen el ordenamiento jurídico y pueden determinar quiénes son los más aptos para representarlos y formar parte de ese órgano de gobierno.
El problema reside en la propia Constitución y en cómo se configuró el régimen del 78. Tenemos un poder judicial que no goza de la independencia que debería tener, y un poder ejecutivo que actúa sin límites reales ni control ciudadano efectivo. Parece que los ciudadanos entregamos una carta blanca cada cuatro años al votar, y después da igual que los políticos incumplan sus promesas electorales, porque no existe un mecanismo efectivo para cesarlos.
El sistema electoral y el sistema político, tal y como están concebidos, no permiten un control real sobre la actuación de los políticos y parlamentarios. En cuanto al poder judicial, la independencia es ya escasa y con este gobierno parece que se quiere eliminar incluso esa poca independencia que queda.
Sin embargo, debemos ir más allá de la crítica a este gobierno en particular y plantear una reforma profunda en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, de los tribunales y de las más altas instancias judiciales.
Epoch Times: Y si todo esto es posible hacerlo dentro del marco de la Constitución, aunque sea retorciéndola, como mencionaba, ¿es posible que la Carta Magn necesite reformarse para poder blindar un poco la separación de poderes? ¿Está el fallo en la propia Constitución?
Sra. Fraga: Para mí, sí, desde luego. Y yo creo que hay que reformar de arriba a abajo la Constitución, por no decir que hay que hacer una nueva. Otra tropelía de la Constitución para mí es el propio artículo 2. Un artículo 2 donde te está diciendo la indivisibilidad de la nación y, a la misma vez, reconocimiento de nacionalidades, de plurinacionalidad. Entonces, está diciendo una cosa y su contraria.
El título ocho de la Constitución, que es el título de la organización territorial del Estado, donde se esquematiza, se hace todo ese modelo autonómico —que nos ha traído nacionalismos fragmentarios totalmente sobrerrepresentados—.
Y gracias también al sistema electoral [los nacionalismos] están constantemente chantajeando al gobierno de la nación, al Estado, porque pueden, porque les han dado un modelo autonómico que se lo permite.
Y vemos todos los parlamentos de las comunidades autónomas. Todo eso sobra, son duplicidades. Hay que tener organismos menores como los ayuntamientos, para acercar la administración al ciudadano, por supuesto que sí, pero no todo el elefante que se ha hecho de comunidades autónomas y todo el modelo autonómico que tenemos, que además no significa un mejor servicio a la ciudadanía, y que se utiliza de esa forma tan espuria para dividirnos entre propios españoles.
Epoch Times: ¿Y cuál sería la solución? De qué manera podría la ciudadanía retomar la soberanía y el poder en sus manos.
Sra. Fraga: Creo que lo que hay que hacer es mucha divulgación. Llevo muchos años divulgando que existe otra izquierda, simplemente una izquierda normal que no está alineada con políticas transgeneristas ni con otras cuestiones que, al final, han contribuido a debilitar la lucha obrera y las izquierdas. Es necesario realizar esa divulgación y tratar de convencer. Hay que explicar a la sociedad cuáles son los problemas que generan un poder ejecutivo o unos parlamentarios que actúan de manera autónoma, al margen de la sociedad, y que toman decisiones sin rendir cuentas. Por ello, considero imprescindible abogar desde la sociedad civil por un cambio profundo y una transformación de la Constitución, dotándonos de un nuevo texto jurídico superior o uno muy reformado que cambie las reglas del juego.
Si se mantiene el sistema actual, por ejemplo, se puede estar años denunciando leyes como la ley trans, pero sin tener representación política ni poder para derogar esas normas no será posible cambiar nada. Sin embargo, con formas de participación más directas, sería posible exigir responsabilidades a los gobernantes que incumplan sus compromisos y, en su caso, removerlos de sus cargos. Por ello, es necesario revisar profundamente el sistema electoral y la Constitución, comenzando por impulsar una amplia divulgación.
En España, existe una asociación llamada Junta Democrática que explica con detalle los problemas del sistema electoral y el poder ejecutivo sin límites de control, y presenta mecanismos que podrían aplicarse si la Constitución lo permitiera, lo cual no es el caso.
Epoch Times: Me pregunto si de algo negativo puede surgir algo positivo. ¿Podrían los españoles, tanto de izquierda como de derecha, unirse en torno a los valores fundacionales de la nación? España fue un imperio donde nunca se ponía el sol y dio forma a la civilización occidental, aunque hoy en día se haya olvidado. A pesar de las divisiones históricas, ambas Españas lograron entenderse al inicio de la transición democrática. Ahora, por la falta de liderazgo, podríamos ver una unión de esas dos Españas para dar un golpe sobre la mesa.
Sra. Fraga: Ojalá sea así, porque yo me considero de izquierdas, vengo de la escuela marxista y sigo usando el materialismo para analizar la realidad política. No creo en recetas cerradas, pero defiendo la patria y la clase trabajadora. Sin embargo, veo que las etiquetas de izquierda y derecha se usan más para dividir a la sociedad. La izquierda actual, con su progresismo posmoderno, ha dejado de lado las reivindicaciones clásicas de la clase trabajadora y la derecha es una mezcla similar; por ejemplo, PSOE y PP son muy parecidos, socialdemócratas o socioliberales. Nos quieren enfrentar entre nosotros para que no nos unamos.
Porque obviamente yo con un neoliberal económico voy a tener muchos desacuerdos. Pero, como ciudadana española, me pongo al lado de un neoliberal o me pongo al lado de quien sea para reclamar una independencia judicial, para reclamar un sistema electoral justo, para reclamar que no nos trocen la patria y defender la unidad del país.
La hispanidad es un ejemplo que podría unir a todos los españoles, incluidos los de América, porque cuando éramos imperio aquellos también eran españoles. Defiendo la hispanidad, aunque algunos sectores de izquierdas la asocien solo a la derecha. Por eso pienso que las etiquetas izquierda y derecha deben ir quedando atrás, porque solo sirven para dividirnos.
Entonces, bueno, es verdaderamente aterrador la fractura social entre grupos, entre grupos varios, y que no nos podamos poner de acuerdo para salir a la calle para exigir cuatro cosas básicas.
No se pierdan la tercera parte de esta interesante entrevista con Paula Fraga donde nos dará su visión sobre la reforma de la carrera judicial.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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