El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que representa a la Policía Nacional, denuncia que las «cajas pagadoras» —fondos para cubrir gastos de desplazamiento, alojamiento o dietas— permanecen «vacías» desde hace meses, lo que obliga a los agentes a sufragar sus misiones con recursos propios en plena temporada alta.
La Dirección General de la Policía tuvo un presupuesto de 3,7 millones de euros en 2023 y desde entonces opera con presupuestos prorrogados, lo cual impide tanto ampliar como actualizar partidas ya previstas; y tampoco contempla ajustes por inflación. Si bien existen mecanismos de créditos extraordinarios, no se han activado por el momento. Esto ha provocado -denuncia el sindicato- la profundización de la precariedad en la que ya venían operando los policías nacionales.
«En el contexto de ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y continuar la prórroga de los últimos que se aprobaron, nunca hasta ahora se había dado la situación de que los policías nacionales tuviesen que adelantar el dinero de su bolsillo para poder prestar servicio», expuso el SUP el 19 de junio en un comunicado enviado a la redacción de The Epoch Times España.
Desde el sindicato, la portavoz Nadia Pajarón afirmó que, en la práctica, «son los propios compañeros los que están poniendo ese dinero de su bolsillo para ir a trabajar», calificando la situación como «surrealista».
Al ser consultada por The Epoch Times, Pajarón explicó que la situación «no es un caso aislado»: el sindicato ha recibido «múltiples llamadas de afiliados desde distintos puntos del país» informando que no se pueden tramitar los anticipos correspondientes a las dietas. «Esto evidencia que no se trata de un problema puntual o local, sino de una situación generalizada que consideramos extremadamente grave», advirtió.
Según la normativa vigente, los agentes desplazados por razones de servicio tienen derecho a recibir una dieta diaria para cubrir gastos de alojamiento y manutención. Sin embargo, estas dietas «no se han actualizado desde hace 23 años» y ascienden hoy a solo 77,13 euros por día, «una cantidad claramente insuficiente para alojarse o comer en condiciones dignas, especialmente en verano», subrayó.
«Con las cajas pagadoras bajo mínimos, se pretende que un policía se vaya a trabajar fuera de casa pagándose la comida y el hotel de su propio bolsillo. Inaceptable», sostuvo la portavoz.
Pajarón explicó que si bien históricamente existían dificultades para acceder a los anticipos —que cubrían hasta un 80 % del coste—, esta es la primera vez en muchos años que los agentes «deben asumir el 100 % de los gastos del desplazamiento» en comisiones que pueden durar hasta diez días. «Esto rompe el equilibrio institucional y traslada toda la carga económica al trabajador, lo cual resulta inaceptable en una institución del Estado con la responsabilidad operativa que conlleva la labor policial», añadió.
La brecha con Ertzaintza y Mozos
En paralelo, la Policía Nacional percibe una retribución básica inferior a los cuerpos autonómicos y las diferencias se profundizan a medida que se aumenta el rango analizado.
De acuerdo a las tablas salariales divulgadas por la Generalidad de Cataluña, los agentes catalanes perciben un sueldo de unos 40 000 €/año. En tanto, la nómina anual de un policía nacional raso es de aproximadamente 28 000 €/año. La diferencia es del 30 %.
Según datos surgidos en las negociaciones salariales del año pasado, citados por medios locales, la brecha entre las fuerzas autonómicas y nacionales es aún más notable entre los mandos intermedios. Por ejemplo, un subinspector A de los Mozos de Escuadra (Cataluña) cobra 51 000 €/año. En la Policía Nacional, el empleo equiparable sería el de un subinspector, que percibe unos 31 000 €/año. La diferencia de ingresos es, por tanto, de un 40 %.
La brecha también aparece en la comparativa con las fuerzas del País Vasco. Los agentes de la Ertzaintza cobran unos 35 000 €/año, que subirán a 39 000 €/año con el convenio previsto para aplicarse próximamente.
Pero el enojo en la Policía Nacional viene desde hace años, teniendo en cuenta que el Gobierno central ha destinado una gran cantidad de recursos a las fuerzas autonómicas —1512 millones de euros en los últimos seis años— mientras se ha ido retrasando la equiparación salarial de los cuerpos nacionales.
¿Es la primera vez que ocurre?
Pajarón asegura que hay que retroceder «muchos años para encontrar una situación tan inusual como la actual»: sin haber comenzado aún los meses de mayor carga operativa del verano, «no existe presupuesto disponible para anticipar las dietas a los agentes desplazados».
«El problema va más allá del momento presente; es estructural y arrastra lustros de desatención», sostuvo.
A su juicio, la raíz del conflicto no puede explicarse únicamente por la prórroga presupuestaria: «Los Presupuestos Generales del Estado llevan años prorrogados, y hasta ahora esta situación no se había producido», explicó.
«Solucionarlo sería perfectamente viable: actualizar las dietas conforme al coste real de vida y habilitar partidas específicas para garantizar los anticipos. Porque fondos hay; lo que falta es la decisión de invertirlos en quienes garantizan la seguridad de todos los ciudadanos», agregó.
España, finanzas tensas
España cerró 2024 con un déficit público cercano al 3,2 % del PIB, por encima del umbral del 3 % que permite la Unión Europea. El endeudamiento superó el 100 % del PIB y el gasto público general traspasó los 722 000 millones de euros.
En ese marco de presión financiera, las partidas vinculadas a Sanidad, Educación, pensiones y ayudas sociales, compiten —junto a seguridad ciudadana, entre otras— por cada euro presupuestario.
La moral bajo cero: agentes trabajando a pulmón
El SUP alerta de consecuencias reales: agentes que renuncian a operativos, retraso en refuerzos en playas o fronteras, y problemas para coordinar dispositivos temporales.
«Si no se aporta una solución urgente, podría verse comprometida la operatividad y seguridad de los distintos dispositivos al no poder garantizarse la presencia suficiente de funcionarios policiales», advirtió la portavoz.
La Dirección General de la Policía —añadió— «no puede exigir a los agentes que asuman con recursos propios los gastos derivados de desplazamientos por motivos de servicio». Y concluyó: «Nada debe situarse por encima del derecho de nuestros hijos a una vida digna y estable».
Posición del Gobierno
El sindicato ha presentado ya su reclamación ante la Comisión de Interior del Congreso.
Desde el Gobierno, ni Hacienda ni el Ministerio del Interior han emitido comunicación pública explicando qué ocurre con las cajas. El propio Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, compareció el 5 de diciembre del año pasado en la Comisión de Interior para exponer líneas generales, pero no se refirió a este problema presupuestario.
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