Tras una intensa campaña de la plataforma Sí Almaraz, junto a un grupo de alcaldes y asociaciones empresariales de Extremadura, el Gobierno español anunció que tramitará en los próximos días una prórroga de tres años para la central nuclear de Almaraz 1, ubicada en la provincia de Cáceres. Su cierre estaba programado para el 2027.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, informó sobre la disposición a tramitar la prórroga en una conversación este fin de semana con el secretario del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, después que las empresas accionistas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— manifestaron su interés en prolongar la vida útil de la planta, dijo la agencia EFE el 2 de junio.
La plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro dijo en X que «celebra la decisión de las empresas de solicitar la continuidad de la central nuclear, un respaldo esencial para la economía y el futuro de Extremadura». Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy afirmó que la decisión fue «un gran paso», pero que seguirán luchando para que sean 10, 20 ó incluso 40 años más.
«Creo que la gente se ha concienciado del valor de la Central Nuclear de Almaraz», añadió Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata, el 3 de junio.
En los últimos días, se había movilizado un notable respaldo a nivel institucional y empresarial. Más de 50 alcaldes, concejales y representantes vecinales de Extremadura se desplazaron a Madrid para exigir ante el Ministerio para la Transición Ecológica la continuidad de la planta.
Ellos argumentaron que Almaraz garantiza una fuente de energía estable y segura para unos 4 millones de hogares, contribuye al objetivo de descarbonización al evitar la emisión de seis millones de toneladas de CO₂ anuales, y desempeña un papel crucial en la economía local, ayudando a fijar población en una región castigada por la despoblación.
Este lunes, representantes de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM y de CREEX, la Confederación Regional Empresarial Extremeña, visitaron las instalaciones de la central nuclear de Almaraz, y a continuación, destacaron tres aspectos fundamentales consecuencia directa del cierre de Almaraz:
– el riesgo para garantizar el suministro en periodos de alta demanda y baja producción de energía renovable;
– el incremento directo sobre el precio de la electricidad, que supondría un aumento del 23 % en la factura eléctrica de los hogares y pymes, con un coste de 22 500 millones de euros y de hasta un 35 % en el caso de la industria;
– y el aumento de emisiones de CO₂, ya que la eliminación del parque nuclear supondría la emisión de 21 millones de toneladas de CO₂ adicionales cada año, lo que equivale a un incremento del 73 % en las emisiones del sistema de generación eléctrico.
Los empresarios concluyeron que, en un contexto internacional de incertidumbre, «es necesario que el Gobierno central, las comunidades autónomas y las eléctricas lleguen a un acuerdo que permita un sistema mixto de energía renovable y nuclear, al igual que está ocurriendo en el resto de países europeos».
El apoyo también se ha sentido de parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien previamente hizo una intensa campaña en favor de la prolongación de vida de Almaraz.
«Es importantísimo que siga viviendo esta central nuclear que está dando de comer a más de 3000 familias en la comarca de Campo Arañuelo, que es importante para la soberanía energética de nuestro país, que aporta un 7 % de la energía que se genera en toda España y que abastece a cuatro millones de hogares. Es una defensa que tenemos que hacer todos», explicó la jefa del Gobierno extremeño ante los medios de comunicación en febrero después de reunirse con representantes de la Comisión Europea.
Avería sin consecuencias
La compañía Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, cuenta con dos reactores nucleares en Almaraz y uno de El Trillo. Todos están incluidos en el calendario de cierre pactado entre el Ejecutivo y las empresas accionistas.
El 1 de junio, se notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una avería leve en el circuito de vapor de Almaraz 1, lo que obligó a detener temporalmente su operación para permitir el acceso al área afectada y efectuar las reparaciones necesarias.
«Este hecho no ha tenido impacto en la seguridad de las personas, ni en la instalación, ni en el medio ambiente. La Unidad-I ha llevado a cabo la parada de manera ordenada y se encuentra estable. Por su parte, la Unidad-II opera con normalidad al 100 % de potencia», señaló la notificación oficial de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo.
Pese a la incidencia, el pasado 19 de mayo, Almaraz reafirmó su posición como referente internacional tras la revisión entre pares realizada en febrero de 2025. La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) volvió a otorgarle su máxima calificación (WANO 1). «Esta categoría la mantiene como un referente mundial de excelencia en seguridad y fiabilidad», informó la empresa.
Carga fiscal
La compañía también denunció que Almaraz soporta una carga fiscal de aproximadamente 435 millones de euros anuales, agravada por una reciente subida del 30 % en la tasa impuesta por Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA). Este factor fue uno de los puntos clave en el debate público sobre su viabilidad económica antes del anuncio de prórroga.
CEIM coincidió en que la generación nuclear ha visto cómo las cargas fiscales se han incrementado un 400 % entre 2008 y 2019 (fecha en que se estableció el calendario previsto de cierre), y otro 50 % adicional desde entonces.
«Precisamente, este incremento desmesurado de la carga fiscal, pone en riesgo la viabilidad económica de las centrales y por tanto, su continuidad, por lo que es preciso revisarla, tanto la componente estatal como la autonómica», dijo el grupo empresarial CEIN el 2 de junio en un comunicado.
El grupo compartió datos de la consultora Metys sobre un eventual cierre de la Central. «Este tendría un impacto negativo para la comarca de 124 millones de euros y de más de 200 millones en Extremadura. Además, en términos de empleo, se perderían más de 2000 empleos a nivel de Navalmoral de la Mata; 3800 en Extremadura y 15 300 a nivel nacional».
Según el secretario general de CREEX, Javier Peinado, esta es una de las razones para oponerse al cierre. Además, ha señalado que hay importantes proyectos industriales pendientes que serán intensivos en el consumo de electricidad: «¿qué sentido tiene cortar una fuente que garantiza el suministro y poner en riesgo estos proyectos?».
«El apagón del día 28 –añadi—nos enseña una lección: hay que contar con un sistema de generación estable, que es lo que garantiza la energía nuclear, y no depender de terceros países o de mercados volátiles como el del gas».
Demandas de la oposición
Diversas organizaciones ecologistas han criticado duramente la posibilidad de prolongar la vida de la central, calificándola de «tomadura de pelo». Alegan que la planta requiere una inversión «muy elevada» para garantizar su seguridad y funcionamiento, informó EFE.
También han expresado preocupación por la reciente parada no programada de Almaraz I, resultado de un fallo en un circuito del sistema.
Ecologistas en Acción sostiene que las empresas del sector nuclear «obtienen grandes beneficios a costa de la degradación ambiental», sin asumir los costes sociales del eventual cierre ni los derivados de la gestión de los residuos nucleares, que perdurarán durante decenas de miles de años. Advierten además que el elevado coste del futuro Almacén Geológico Profundo (AGP) para residuos de alta actividad radiactiva podría terminar siendo financiado por la ciudadanía a través de los presupuestos del Estado.
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