El reciente anuncio de Nicolás Maduro sobre la promulgación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación en Venezuela marca un hito en la transformación institucional de ese país hacia lo que puede definirse, sin eufemismos, como un Estado-cuartel. Presentada como un mecanismo para «garantizar la paz y la soberanía» ante amenazas externas e internas, la norma incorpora en su entramado jurídico-operativo la militarización de lo que hasta ahora se concebía como civil.
La ley fue aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) y promulgada por Maduro.
Según los comunicados legislativos, consta de tres títulos y 35 artículos que establecen la creación de un «Comando Central de Defensa Integral» y la formalización de los llamados «Órganos de Dirección para la Defensa Integral»” (ODDI).
De forma clave, la norma articula el principio constitucional de «corresponsabilidad» entre Estado y sociedad (artículo 326 de la Constitución venezolana) con la idea de que todos los ciudadanos pueden tener un rol en la defensa nacional.
El objetivo declarado es consolidar una doctrina de defensa integral, en la que lo militar, lo civil y lo social convergen bajo un mando estratégico unificado que depende del organismo militar de élite: el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB).
Esto significa que la estructura existente de defensa territorial, reserva, milicia y movilización ciudadana se incorpora a un marco legal explícito, dándole rango institucional a lo que antes funcionaba bajo lógicas operativas y no siempre codificadas.
Tensión exterior vs. movilización interior
El momento de aprobación no es casual. Maduro argumenta una intensificación de amenazas «externas», especialmente de Estados Unidos y de actores supuestamente «imperiales», para justificar el nuevo marco.
En esa línea, el régimen decretó un estado de «conmoción exterior» que habilita poderes extraordinarios para la movilización de la FANB, requisición de infraestructuras clave, cierre de fronteras y la activación de la milicia territorial.
Este tipo de decreto de excepción es parte del patrón venezolano desde al menos 2016, cuando los estados de emergencia y excepción se volvieron una herramienta recurrente del Ejecutivo.
La arquitectura de la movilización permanente
El trasfondo es doble: por un lado, la narrativa de la defensa contra una amenaza externa, por otro la creación de una arquitectura jurídica que legitima la militarización del Estado en el interior. En esta ecuación, el país puede convertirse en un escenario de movilización permanente: «si hay agresión» o incluso «si no hay agresión». La ley está diseñada para operar en ambos escenarios.
Motivo realista: más mando, menos autonomía civil
Lo que la ley deja entrever es una reconfiguración del poder en Venezuela. Al institucionalizar la militarización de lo civil, se reduce la autonomía de la sociedad respecto al mando militar, y se incrementa el control del aparato gubernamental oficialista sobre territorio y población. En términos concretos:
El principio de «corresponsabilidad» abre la puerta a que ciudadanos, empresas, gobiernos locales y comunas entren en un esquema de movilización para la «defensa integral», con riesgos sobre la voluntariedad y la línea entre participación y coacción.
La definición de «amenaza interna o externa» queda abierta: sin mecanismos de supervisión independiente, el margen para interpretaciones amplias puede ser empleado para silenciar disidencia o movilizar a la población bajo lógica de seguridad nacional.
La integración del Estado civil al mando militar debilita los contrapesos institucionales: cuando las alcaldías, gobernaciones, empresas públicas, incluso privadas, están sujetas a directrices de defensa integral, la rendición de cuentas y la separación de poderes se difuminan.
Una comparación histórica ilustra el patrón. En Cuba, los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) se crearon como estructura de vigilancia vecinal bajo lógica de defensa, pero operaron también como mecanismo de control político. En Venezuela la analogía es directa: una ley que presenta la defensa nacional como un asunto de todos, pero que en la práctica horizontaliza el mando militar sobre la sociedad.
Qué implica para el día a día de los venezolanos
Para el ciudadano común, la ley promete que «todo el país se prepara para la defensa». Pero también implica que la línea entre lo público, lo privado y lo militar se vuelve más permeable. Algunas de las implicaciones concretas:
La movilización territorial de la milicia, reservas y comandos locales puede extenderse más allá de ámbitos tradicionales del servicio militar o civil, entrando en espacios que hasta ahora eran estrictamente civiles.
Las infraestructuras estratégicas (energía, telecomunicaciones, transporte) quedan bajo la lógica de «defensa integral». La ley, junto al estado de conmoción exterior, le da facultades al Ejecutivo para militarizar estos sectores en nombre de una amenaza nacional.
La lógica de «enemigo externo» sirve también como justificación para controlar internamente. En ausencia de conflicto armado real, la estructura legal permanece activa, permitiendo al régimen mantener un alto grado de militarización y movilización.
Mientras Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, migratoria y económica grave, el gobierno opta por reforzar la narrativa de la «defensa» y la «soberanía». Pero la consecuencia es clara: el país se organiza como si estuviera en guerra, aunque no haya disparos. Y esa organización pone al mando del régimen una estructura donde la FANB, la milicia y los comandos locales tienen roles crecientes.
Dominación interna
La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación no aparece como una medida técnica o episódica: es un instrumento estructural para consolidar un Estado-cuartel bajo mando único. Con o sin operación militar externa, Maduro gana: si hay agresión, el país ya está bajo estructura de movilización; si no la hay, el país queda militarizado bajo la lógica de la defensa permanente.
En ese sentido, esta ley debe leerse como parte de un proyecto político mucho mayor: no solo blindar la frontera o responder a una hipotética invasión, sino reorganizar la vida nacional —territorio, sociedad, economía— bajo una lógica de mando militarizado. Las instituciones civiles, la autonomía local, la sociedad civil y los derechos individuales quedan así bajo la sombra de la «defensa integral».
Para Venezuela esto significa que su soberanía ya no reside únicamente en los ciudadanos, sino en un comando que decide qué constituye amenaza, quién participa en la defensa y cómo se organiza el país. Y esa transformación va más allá de la logística: redefine la gobernanza, el poder y la vida diaria de millones.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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