Al menos dos peticiones de investigación cuestionan la limpieza de las elecciones generales de 2023

Han surgido al menos dos peticiones de investigación sobre las elecciones generales del 23 de julio de 2023, una de ellas se refiere al papel que jugó una exmilitante del PSOE en el voto por correo. La otra es una querella contra un magistrado por no hacer el escrutinio general en los términos que marca la ley y dar por válidos los resultados provisionales de Indra. Todo esto sucede mientras el Caso Koldo y el ciclo de corrupción en la política española ha puesto en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control de las instituciones en España.

Piden a la Junta Electoral Central investigar el voto por correo de 2023

Las revelaciones comprometedoras contra una exmilitante socialista que trabajaba en Correos durante las elecciones de 2023, vinculada al voto telemático, hizo que el grupo Parlamentario VOX en el Congreso presentara un escrito dirigido a la Junta Electoral Central «para que se impulse una investigación, a través de la Guardia Civil, sobre los posibles fraudes cometidos en relación con el voto por correo».

Esto se debe «a la vista de las últimas revelaciones de la militante del PSOE, Leire Díaz y su vinculación con el servicio de emisión de voto telemático».

Recientemente, se dieron a conocer audios comprometedores de Díez, por lo que un juzgado de Badajoz inició una investigación sobre si maniobró contra la jueza que instruye la causa legal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La asociación HazteOir demandó a Leire Díez y al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada por intentar «sabotear» la causa abierta que se sigue contra David Sánchez por el proceso de su contratación en la Diputación de Badajoz a través de conseguir informaciones negativas hacia la jueza instructora, Beatriz Biedma, con el objeto de apartarla y que la causa fuera archivada, informó la agencia EFE. Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, están imputados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, a raíz de la adjudicación irregular de un puesto de alta dirección al primero.

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Tras el escándalo, la militante abandonó el PSOE sin que sus supuestas maniobras contra la Guardia Civil y la magistrada quedaran aclaradas. Desde entonces surgieron dudas sobre cómo llegó a ocupar un puesto de tan alto nivel en Correos.

Díez defendió que su entrada en Correos fue por un proceso de selección, pero, según Antena 3 Noticias, ese proceso nunca existió, e incluso fuentes internas de la compañía le aseguraron que, aunque Díez llegó a realizar una entrevista, el resultado no fue precisamente favorable.

Como fue contratada igualmente, el hecho levantó sospechas sobre la transparencia del proceso. En noviembre de 2021, Leire Díez entró a formar parte de Correos como Jefa de Área de Relaciones Institucionales, y tres meses después, le ascendieron al puesto de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia. Estas dos direcciones, que hasta entonces funcionaban de manera independiente, se fusionaron sin que se dieran explicaciones. El medio de prensa sostiene que su sueldo superó los 100 000 euros anuales y su dependencia era directa del entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, un hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez y que, antes de llegar a la empresa pública, fue jefe de gabinete del presidente del Gobierno.

En un mensaje de redes sociales al que tuvo acceso Antena 3, ella se atribuyó en primera persona el éxito del voto por correo, una afirmación que está resonando en el contexto político actual.

Correos ha negado en un comunicado que la militante socialista tuviese ninguna participación en aquel proceso. Según la empresa pública, «la responsabilidad de la gestión del proceso del voto por correo en Correos recae sobre la Dirección de Operaciones», que es a la que «corresponde coordinar todos los efectivos y la gestión necesaria».

Díez entró en la empresa en 2021 y fue directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro hasta marzo de 2024.

Según el portavoz del PP, Borja Sémper,  el que Díez mencionara estar involucrada en el proceso de voto por correo, otorga el derecho de hacer preguntas a la Junta Electoral Central y que es razonable hacerlo especialmente cuando se trata de una persona que ha cometido «actos absolutamente reprobables», informó la agencia EFE.

El actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo afirmó esta semana en una entrevista en EsRadio que, aunque no tenga dudas sobre los funcionarios de Correos, el sistema «puede tener algunas lagunas» y «no está completamente blindado».

El expresidente José María Aznar, en una reciente entrevista con El Mundo también cuestionó las elecciones afirmando que «cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?».

Ante posibles nuevas elecciones, sostuvo que si alguien asalta una joyería no hay nada para pensar que no esté dispuesto a asaltar un banco, según EFE.

Querella contra un magistrado por irregularidades en el escrutinio general

Un exmagistrado que ostentaba el cargo de presidente de una Junta Electoral durante las elecciones de 2023, fue acusado de faltar al Régimen Electoral General (LOREG) de España, que ordena que el escrutinio general de las elecciones debe realizarse mediante la apertura sucesiva de los sobres de la documentación electoral y la suma de sus resultados en voz alta antes de compararlos con los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la Administración, según una querella a la que ha tenido acceso Epoch Times.

En las elecciones de 2023, la empresa Indra prestó el servicio de difusión provisional de los datos electorales.

La querellante, la Sra. María Pilar Baselga Calvo, compartió un documento judicial de mayo del presente año vía electrónica y explicó a Epoch Times que acusa al magistrado de haber simulado el escrutinio general de las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, elevando a definitivos los resultados provisionales facilitados por la empresa adjudicataria INDRA, sin realizar el recuento legalmente exigido.

La LOREG  indica expresamente que «los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la Administración convocante del proceso electoral carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la Administración Electoral».

«Aun cuando pueda servirse de dichos resultados para cotejarlos con los que resulten del escrutinio oficial que le corresponde hacer, nunca puede sustituirlos, sino que debe realizar su recuento conforme a las actas proporcionadas por las respectivas Mesas electorales».

La gravedad del caso radica en que afecta directamente a uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la transparencia del proceso electoral. Epoch Times pidió una confirmación del caso al Juzgado, pero se nos responde que no se nos puede facilitar ningún tipo de información sobre los procedimientos abiertos en el mismo.

Si se confirmaran los hechos denunciados, se trataría de una alteración del recuento electoral amparada desde el interior de la administración electoral y con participación de un alto cargo judicial.

Según el documento aportado por la querellante, la causa, inicialmente instruida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Segovia bajo las diligencias previas 104/2024, fue enviada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León por la condición de aforado del querellado. No obstante, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ respondió en mayo no tener competencia para investigar la causa, al considerar que los hechos no fueron cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional del acusado como magistrado, sino en calidad de presidente de un órgano administrativo.

En su resolución, la Sala dictó que el aforamiento de jueces y magistrados se limita a hechos delictivos cometidos estrictamente en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En este caso, dado que la actuación denunciada se habría producido en el marco de su presidencia de la Junta Electoral, en el momento en que se debían sumar los votos, el tribunal consideró que debe ser investigado por el juez ordinario competente, es decir, por el mismo juzgado de Segovia que lo remitió.

La causa fue devuelta al Juzgado de Instrucción nº 1 de Segovia, por lo que, a día de hoy, el procedimiento continúa en fase de análisis judicial. Aún se debe emitir el informe sobre competencia y admisibilidad de la querella.

La Sra. Baselga explicó a Epoch Times España que ella presenció el escrutinio de votos de la mesa electoral en las elecciones de julio de 2023. Una vez que concluyó la fase de votación, se apuntaron los resultados. Luego notó que la persona de la empresa concesionaria INDRA registró los datos por su cuenta sin que su registro fuera verificado. Cuando quiso hacerlo, dijo que no tuvo éxito.

La Sra. Baselga asistió al escrutinio general de las elecciones a cargo del presidente de la Junta Electoral en que se debían abrir los sobres y sumar los resultados de las actas, un acto público por ley. Sin embarto, no se pronunciaron los nombres de los partidos ni se procedió a sumar los votos en voz alta. Esto impidió que los ciudadanos pudieran corroborar los resultados. Se manifestaron quejas directas de por qué no se estaba realizando el procedimiento legal que el magistrado ignoró mientras siguió validando los datos provisionales de INDRA.

Propuesta de reforma del voto por correo

El 4 de junio, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso registró una proposición de ley orgánica que reforma la Ley vigente de 1985 sobre el Régimen Electoral General (LOREG), con el objetivo de reforzar las garantías democráticas del proceso electoral español y, muy especialmente, proteger el voto por correo frente a posibles manipulaciones o fraudes.  La proposición fue presentada el 4 de junio y está a la espera de la contestación del Gobierno.

Su denuncia apunta a que el actual sistema de votación por correo «adolece de graves carencias de seguridad, trazabilidad y transparencia», y exige que el voto por correo, esté separado física y documentalmente del voto presencial, ya que «actualmente, ambos tipos de voto se depositan en la misma urna, lo que imposibilita verificar si ha existido una alteración fraudulenta del resultado».

El escrutinio del voto por correo se realizaría en una urna separada, con lectura y actas diferenciadas.

«Este procedimiento permitiría detectar incongruencias estadísticas que puedan revelar casos de manipulación, como resultados desproporcionadamente distintos en el voto por correspondencia frente al presencial».

Otro punto clave es exigir que el votante por correo se identifique personalmente con su DNI. «Esta exigencia busca eliminar el riesgo de suplantación de identidad y asegurar que cada voto por correo lo emite de forma efectiva la persona censada».