OPINIÓN
El reciente cierre de un centro de menores extranjeros no acompañados (menas) en Canarias, gestionado por la ONG Quórum 77, ejemplifica las grietas profundas en el sistema de acogida europeo. El 24 de julio de 2025, la Policía Canaria registró la sede de la organización y cinco de sus centros, culminando en la detención de su presidenta, Delia García, y el director, Enrique Quintana, miembro del PSOE. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia ordenó la clausura del centro José García I en El Cabrón, Arinaga, donde se habían reubicado 148 menas en instalaciones ya saturadas. Las acusaciones incluyen lesiones, delitos de odio, omisión del deber de impedir delitos, vulneración de la integridad moral y amenazas, basadas en testimonios de agresiones físicas por personal no cualificado y una paliza a dos menores fugados. Fuentes judiciales destacan que García solicitó apagar cámaras de vigilancia, agravando las sospechas de irregularidades. Quórum 77, responsable del más del 30% de los menas tutelados en Canarias (más de 1900), ha visto clausurado otro centro previamente por similares motivos. Este episodio no es aislado; ilustra cómo las ONG, bajo el manto humanitario, operan en un limbo que roza la complicidad con el tráfico humano, alimentando un conglomerado que se nutre de la inmigración ilegal mientras genera riesgos para la seguridad y un asalto constante al erario público.
El escándalo en Canarias va más allá, en junio de 2023, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, otra ONG clave en la gestión de menas en Canarias, fue investigada por malversación de fondos públicos destinados a los tutelados. Su directora, Carmen Barroso, utilizó la tarjeta de crédito de la entidad para gastos personales, incluyendo tratamientos de belleza como bótox y liftings por unos 1500 euros, noches en hoteles de lujo, comidas en restaurantes y combustible para recorridos improbables de 1200 kilómetros diarios. La denuncia de Anticorrupción reveló que estos fines particulares se financiaron con más de 12,5 millones de euros de subsidios, adjudicados por la Consejería de Derechos Sociales bajo Noemí Santana (entonces de Podemos, ahora en Sumar). A pesar de las irregularidades, el Gobierno canario mantuvo contratos con esta fundación hasta febrero de 2025, cuando su director, Omar Mohamed (PSOE), fue detenido por fraude de fondos de la UE, incluyendo empadronamientos falsos. Es sarcástico que dinero destinado a «proteger» vulnerables termine en caprichos estéticos de directivos, mientras estos centros se sobrecargan y amenazan nuestra seguridad.
Este patrón de disfuncionalidad se extiende a todas las ONG involucradas en la gestión, tutela, acogida y rescates marítimos de inmigrantes ilegales, configurando un sistema de trata institucionalizada donde el humanitarismo se entremezcla con la opacidad y potenciales vínculos criminales. ¿Es coincidencia que entidades como Open Arms, Caminando Fronteras, Quórum 77, Respuesta Social Siglo XXI, Iuventa, Sea-Watch, Médicos Sin Fronteras, SOS Mediterranée, Emergency Response Centre International (ERCI) y otras similares enfrenten investigaciones recurrentes? Lo que os traigo este domingo revela un ecosistema donde estas organizaciones, financiadas con fondos públicos, interfieren en controles fronterizos y perpetúan un efecto llamada que beneficia a mafias transnacionales. Según estimaciones de un servidor, las mafias se habrían embolsado con los trayectos hacia Europa más de 1500 millones de euros entre los años 2017 y 2021.
Sin embargo, estos traficantes no actúan solos, organizaciones humanitarias como Open Arms personifican esta controversia. Investigada en Italia desde 2018 por favorecimiento de la inmigración ilegal, ha afrontado incautaciones de barcos y acusaciones de coordinación para facilitar entradas ilegales en Europa. Aunque los cargos fueron archivados en 2024, Frontex la señala como operadora en zonas de gran actividad de los traficantes de inmigrantes ilegales en zona libia y tunecina, actuando como elemento favorecedor de esta actividad criminal, mientras continúa recibiendo subvenciones del erario público.
Caminando Fronteras, con Helena Maleno, ha sido investigada desde 2012 por tráfico de personas, con varias citaciones en Marruecos (2017) e incluso siendo deportada del país (2021). Sus alertas marítimas, aunque reivindicadas como salvavidas, podrían incentivar salidas de riesgo. Iuventa enfrenta cargos en Italia desde 2017 por favorecimiento agravado y reiterado de la inmigración ilegal y sus conexiones con los traficantes que operan en el Mediterráneo Central. Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée han sido acusadas también de favorecer el efecto llamada y desarrollar sus operaciones en un mismo escenario junto a las mafias libias. Carola Rackete, capitana de Sea-Watch 3, llegó a ser detenida en 2019 por atracar en Lampedusa sin permiso y fue procesada por favorecer inmigración ilegal.
En Grecia, el escrutinio abarca más: ERCI ha enfrentado varias detenciones por tráfico, falsificación y espionaje; su fundador llegó a ser arrestado por trata. En 2020, hasta cuatro ONGs fueron acusadas de espionaje y trata con la implicación en este tipo de actividades de las de 30 integrantes de estas organizaciones.
Una arista crítica en todo este entorno en nuestro país es la menor utilización de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que pone en riesgo la seguridad nacional. Desde 2015, los internamientos cayeron 80% (de 7503 a 1204 en 2021), pese a un aumento del 30 % en las entradas de inmigrantes ilegales durante el periodo expuesto. ONGs como CEAR, han incrementado sus plazas de acogida un 700 % (de 484 a más de 4000 entre los años 2015 y 2021, asumiendo el rol de los CIE, pero sin la capacidad para evaluar riesgos para nuestro país a través de perfiles radicalizados o ejecutar expulsiones, a menudo incluso paralizando repatriaciones vía peticiones de asilo. Esto genera vulnerabilidades que saltan a la vista en la actualidad.
Muchos ejemplos trágicos ilustran estos riesgos: Anis Amri, un inmigrante tunecino que llegó como mena a Italia en 2011, fue tutelado por el sistema llegando a incendiar el centro de acogida en el que estaba internado, se le rechazó el asilo, pero no fue expulsado. En 2016, tras entrar un año antes en Alemania, perpetró el atentado en el mercado navideño de Berlín, matando a 12 e hiriendo a 56, exponiendo fallos en los sistemas de tutela y repatriación. Similarmente, Abdellah Gmara, extutelado marroquí, cometió el atentado en Torre Pacheco (Murcia) en 2021, también el sistema le permitió permanecer en nuestro país de forma indefinida hasta que acabó con la vida de una persona tras ser atropellada en la citada localidad.
La financiación pública agrava esto: gobiernos europeos inyectan recursos que nutren mafias albanesas, turcas, marroquíes, argelinas e incluso a células yihadistas, facilitando infiltraciones de peligrosos activos en Europa a través de las vías de la inmigración ilegal. Ante un escenario de estas características, todas las ONG que orbitan la inmigración ilegal deben someterse a investigaciones exhaustivas y a un monitoreo riguroso, con castigos severos por cualquier línea de complicidad con el tráfico humano. Auditorías independientes, penalizaciones por opacidad y la priorización de las repatriaciones son un imperativo ante un escenario de esta magnitud. De lo contrario, Europa perpetuará un asedio criminal subsidiado por su complicidad organizada a través de todo el conglomerado de la filantropía perversa.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
