España se prepara para un cambio radical en sus carreteras: a partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia —ese accesorio rojo y plegable que ha salvado innumerables vidas en décadas— quedarán obsoletos.
En su lugar, la Dirección General de Tráfico (DGT) impone las balizas V16, unas luces amarillas conectadas que prometen mayor seguridad vial. Pero la medida, aprobada por el Real Decreto 1030/2022, ha generado un torbellino de críticas.
No solo por su coste —entre 40 y 60 euros por unidad, frente a los 10-15 euros de un triángulo—, sino por el negocio colosal que genera, las dudas sobre su eficacia real y las sombras sobre la privacidad de millones de conductores.
Con más de 37 millones de vehículos matriculados en España, la obligatoriedad podría inyectar hasta 1500 millones de euros en el mercado, incluyendo el 21 % de IVA que irá directo a las arcas del Estado.
Se trata de un filón que, como denuncia el eurodiputado Alvise Pérez, «roza la parodia»: «De 27 fabricantes, solo 7 son españoles; el resto, China. ¿Fabricación? China. ¿Quién lo vende? Los chinos. ¿Quién lo cobra? Los chinos».
Pérez, conocido por su activismo contra la corrupción, califica la V16 de «un AirTag del Gobierno plantado en el techo de tu coche», un dispositivo que hay que comprar sí o sí para evitar multas de 200 euros y que, en su opinión, es «control, negocio y saqueo».
¿Seguridad o excusa fabricada?
La DGT justifica la medida en la necesidad de reducir atropellos al conductor que sale del vehículo averiado para colocar el triángulo.
Según sus estadísticas, entre 2018 y 2022 se registraron entre 18 y 26 muertes por atropello tras bajarse del vehículo (aunque no se aclara si estas personas se dirigían o volvían de colocar el triángulo).
«El hecho de tener que transitar por la calzada o el arcén para montar unos triángulos incrementa el riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias», explica la web oficial de la DGT.
Pero estos argumentos levantan sospechas.
Desde el ámbito legal, Preico Jurídicos—una empresa de servicios jurídicos liderada por el abogado Raúl Castañeda—, cuestiona que el Real Decreto se aprobó «vía decretazo, sin emergencia que lo justificase y sin una ley orgánica que autorice un tratamiento de datos tan intrusivo. Esto vulnera el art. 18.4 de la Constitución Española y los art. 5, 6, 24 y 35 del RGPD».
Expertos en seguridad vial comparten reservas.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en un comunicado critica que «la eliminación total de los triángulos es un error. La tecnología debe de sumar, no sustituir ciegamente lo que funciona».
«Lo razonable sería mantener ambos sistemas de forma complementaria, adaptando su uso a cada situación», agrega.
LA AUGC también expone dudas sobre la visibilidad, ya que, sostiene, el triángulo probablemente alertaba con mayor antelación y eficacia en curvas, niebla o cambios de rasante.
Un mercado dominado por China
De las 243 balizas homologadas por la DGT hasta el 17 de noviembre —según su listado oficial—, la absoluta mayoría son chinas.
Empresas como Ningbo Chakesi Electronic Co., Ltd. y Limburg Technology Limited controlan más de un tercio del mercado. Esta última, con sede en Zhejiang, registra decenas de homologaciones bajo marcas como Don Feliz, Raykong o Geobaliza, vendiendo el mismo modelo con pegatinas diferentes.
Entre los gigantes chinos destaca también ZTE —empresa cuestionada en Occidente por sus vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh) y acusada de riesgos de espionaje y vigilancia masiva—, con su modelo E1 homologado el 10 de octubre pasado.
Otros como Ledel Solutions (30 homologaciones, 24 bajo marcas distintas) o Dongguan Chong Guang Lighting Technology Co. Ltd. (con ONEXUS y TXIQH) repiten el patrón: un producto base reetiquetado decena de veces.
«La empresa que más vende tiene el mismo modelo repetido con 43 marcas distintas, cambia la pegatina, pero no cambia el aparato», apunta Alvise Pérez al respecto.
Desde el lado de los fabricantes españoles también hay suspicacias.
La empresa que más sobresale es Netun Solutions S.L., fundada por los ex guardias civiles Jorge Costas y Jorge Torre, y primera en homologar el 21 de diciembre de 2022.
Pero su éxito inicial, con Help Flash IoT, genera dudas: el periodista Albert Castillón, expone que «Jorge Costas en 2016 se arruinó tras poner en marcha un parque acuático en México. Y tres años después, se hacía de oro» con diversos contratos con el Gobierno socialista.
«¿Casualidad que escojan una empresa con dos ex guardias civiles para ser la primera en homologar?», pregunta Castillón.
¿Rastreo masivo o solo «alerta anónima»?
Otro de los puntos álgidos es sobre la eventual violación de la privacidad, ya que la baliza está conectada.
Al respecto, la DGT insiste: «La baliza solo transmite la posición exacta del vehículo al objeto de evitar siniestros viales, pero no recoge ni emite información personal nuestra ni del vehículo».
Específicamente, de acuerdo a la agencia, la baliza envía datos cada 100 segundos a DGT 3.0, visible en paneles y apps, pero anónimamente.
Sin embargo, juristas ven grietas.
Preico Jurídicos alerta: «No existe una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD). Y sin eso no se puede legalmente implantar una tecnología que geolocaliza millones de ciudadanos».
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hasta ahora guarda silencio ante las reclamaciones presentadas.
Expertos en privacidad, citados en El Diario de Madrid, advierten que la geolocalización de vehículos en tiempo real puede considerarse un dato personal indirecto si permite identificar al titular o vincular trayectorias.
«La normativa no aclara si los datos se destruyen de inmediato o si se almacenan durante un periodo determinado», advierte un técnico del sector de ciberseguridad consultado por el medio. «Tampoco sabemos si podrían ser consultados por aseguradoras o autoridades distintas de tráfico», añade.
«¿Quién guardará los datos? ¿La DGT? ¿Los fabricantes privados? ¿Terceros operadores? ¿Se podrán vender? ¿Se podrán cruzar con otros sistemas? Nadie ha respondido», se preguntan desde Preico asegurando que «esto vulnera el RGPD y el artículo 18.4 de la CE».
¿Vodafone o Telefónica, el lobby invisible?
La conectividad es, sin dudas, el talón de Aquiles de la V16: cada baliza incluye una SIM M2M (máquina a máquina) con 12 años de servicio gratuito, pero atada a una operadora.
Por ejemplo, modelos como Help Flash IoT de Netun usan Vodafone y otros como Fase Light optan por Movistar/Telefónica; en tanto Sos Road Connected utiliza Orange.
«Es ilegal que esas balizas tengan un contrato con una compañía de telefonía que nos ata a ella durante 12 años», denuncia Castillón.
«Sí, va en el precio de la baliza, pero usted firma un contrato, en este caso con Vodafone, durante 12 años», apunta.
Además, la lupa está puesta en los vínculos entre estas empresas que ofrecen conectividad y el Gobierno.
«Qué casual que sea Vodafone, ¿verdad? En los últimos meses, Sánchez ha regalado a Vodafone 14 millones de euros […] para que lo inviertan en inteligencia y soluciones», añade sobre el contrato firmado este año entre la empresa y el Gobierno para desarrollar arquitectura chip abierta en su centro de innovación de Málaga.
Otra de las compañías que ofrecen conectividad es Telefónica.
«¿Adivináis quién conecta la baliza para enviar tu ubicación en tiempo real? Telefónica. ¿Y quién manda ahora en Telefónica? Gente colocada por el gobierno, familiares, afines al PSOE, íntimos amigos de Pedro Sánchez», denuncia Alvise Pérez al respecto.
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¿Mejor visibilidad o más riesgos?
Técnicamente, la V16 emite luz 360º visible a 1 km, con batería de 30 minutos y resistencia IP67. Se fija con imán en el techo, activándose en segundos.
Pero en curvas o niebla, su altura (1 metro) limita la antelación: «En curvas no se ve. En cambios de rasante no se ve», advierte Preico.
La AUGC coincide describiendo que las balizas no se ven de día o en lluvia.
«Los accidentes por falta de señalización aumentarán. Esto no es una opinión: es física básica», aseguran desde Preico en cuyo canal de Telegram se ofrecen formularios gratuitos para recurrir sanciones.
En este marco, Alvise Pérez llama a «pelear para que la ley sea declarada inconstitucional y que todas las multas por no comprarlas sean nulas».
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