En España han desaparecido 505 000 explotaciones agrícolas en 25 años, de las cuales 111 000 se perdieron en los últimos tres, lo que muestra una clara aceleración de un declive que se ha consolidado en medio de una Política Agraria Común (PAC) cada vez más criticada por alejarse de la producción local de alimentos y la protección del medio rural. Las situación es similar en otros países de Europa por lo que más de cuarenta organizaciones agrarias están organizando una gran protesta para el jueves 18 de diciembre en Bruselas, donde esperan reunir a unos 10 000 participantes.
El número de explotaciones españolas pasó de 1 289 451 en 1999 a 784 141 explotaciones en 2023, una pérdida cercana al 40 %, y más de la quinta parte de esa caída se produjo entre 2020 y 2023, según el Censo Agrario y la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del Instituto Nacional de Estadística. En el mismo período, la tierra labrada pasó de 16,7 millones de hectáreas a 11,4 millones.
El tamaño medio de estas explotaciones también refleja una concentración. En 1999 promediaban 20,73 hectáreas, en 2020 26,37 y en 2023 30,46, lo que indica un proceso sostenido de ampliación de las explotaciones en detrimento de las más pequeñas.
El sector ganadero ha sufrido un ajuste aún más acusado. Las explotaciones de bovino pasaron de 188 211 a 79 279, y las de porcino de 180 600 a 30 800, aunque en este último caso las granjas han mantenido —o incluso incrementado— el número total de animales.
«Desde 2024, los agricultores han advertido constantemente a la UE sobre las reformas de la PAC y del presupuesto, la regulación excesiva que restringe la iniciativa agrícola y el impulso para concluir acuerdos comerciales inaceptables, como el de Mercosur. Ahora, a finales de 2025, las expectativas siguen sin cumplirse», afirmó Copa-Cogeca, la mayor organización agraria de la Unión Europea, que representa conjuntamente a agricultores, ganaderos y cooperativas agrarias de todos Estados miembros.
El sector calificó la determinación de la Comisión de seguir adelante con Mercosur como «un error histórico para el proyecto europeo, sus agricultores y los consumidores por igual».
El 18 de diciembre, en Bruselas, la Copa-Cogeca ha convocado una jornada paneuropea de protesta, pocas horas antes de que la presidenta Von der Leyen viaje a Brasil para intentar cerrar el acuerdo con Mercosur y mientras los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen en una sesión clave del Consejo Europeo para definir el futuro presupuesto comunitario.
Recortes en la PAC
Después de décadas de un trabajo de jornadas interminables, costes crecientes, trámites burocráticos y precios inciertos, las cuentas no salen y las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos abandonan.
Unión de Uniones destacó recientemente las trabas de la incorporación de los jovenes emprendedores y advirtió que «si no hay apoyo, el relevo generacional es imposible. Los jóvenes aguantan cuatro años y se van».
«Si queremos que sigan, hay que ponerse manos a la obra y mucho de ello es voluntad política».
«La nueva PAC presentada en julio puede agravar el abandono y eso nos preocupa mucho», advirtió Alfredo Berrocal, responsable de ganadería y presidente de la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA).
«Ya que se habla de más del 30 % de recortes, lo que puede significar el abandono del campo y frenar el relevo generacional. Esto traerá consecuencias».
Lo que pide el sector es una Política Agraria «orientada de verdad al desarrollo rural y al sector primario, que es quien aporta los alimentos para que podamos comer tres veces al día», añadió.
Berrocal subraya la «falta de inversión y de promoción real para que se pueda vivir del campo y en el campo, con sus incomodidades» y la necesidad de «un apoyo suficiente para que esas familias tengan una vida digna y no abandonen».
Además sugiere que «en su ayuda, la PAC debería ir dirigida a los agricultores activos, evitando que se diluya en quien no lo necesita para su renta».
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Mercosur
Unión de Uniones subrayó que el Acuerdo Unión Europea–Mercosur presenta «irregularidades jurídicas» que suponen «una amenaza para el sector agrario europeo». Entre ellas, señala la división artificial del acuerdo destinada a avanzar en el plan de la Comisión Europea sin la ratificación de los Parlamentos nacionales, encargados de velar por los intereses de sus ciudadanos.
El sector agropecuario y ganadero está preocupado de que el acuerdo genere «una competencia desleal devastadora en sectores como el vacuno, aves, porcino, arroz, miel o maíz dulce, al permitir importaciones masivas sin cláusulas espejo ni obligaciones equivalentes». Fuente: The Epoch Times España
Por su parte, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, denunció la «ratificación exprés» del pacto entre la UE y Mercosur, y explicó a The Epoch Times España que el procedimiento elegido «deja al campo europeo en una posición de vulnerabilidad» frente a las importaciones agroalimentarias del bloque sudamericano.
«Hay una serie de flecos que no quedan claros y que son muy comprometedores para el futuro de la agricultura española y para los consumidores europeos», agregó.
«No hay bilateralidad. El producto llegará a precios bajos y sin garantías sanitarias» en cuanto a plagas, químicos y pesticidas, añadió. Además, en algunos términos tan anunciados por la Comisión Europea como la afirmación de que el acuerdo reducirá los elevados aranceles sobre productos agroalimentarios clave de la UE, en particular el vino y ciertas bebidas advierte que «tardarán una decena de años para que se apliquen».
«En teoría, podríamos incrementar nuestras exportaciones de vino y aceite, pero lo que no han dicho es que hay un periodo de transición de entre 8 y 12 años en el que esa bilateralidad no va a ser así: para poder exportar nuestros productos hay que superar ese periodo. En cambio, en sentido contrario, los productos de Brasil y Argentina van a poder llegar sin aranceles desde el minuto uno. Es decir, no es tan beneficioso», destacó Andreu.
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El cereal importado empuja a «miles de explotaciones familiares a la ruina»
El precio de los cereales en 2025 entró en una espiral bajista, una tendencia que se estima continuará hasta que se regularice el balance entre importación y exportación, así como la producción nacional e internacional.
«La avalancha de cereal importado, fundamentalmente procedente de Ucrania, está hundiendo los precios en origen y empujando a miles de explotaciones familiares a la ruina», denunciaron ASAJA Ávila, Segovia y Valladolid el 1 de octubre ante la situación de emergencia que viven los cerealistas de Castilla y León y de España.
El colectivo afirmó que mientras tanto «el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León mantienen una inaceptable pasividad en fronteras y mercados interiores».
«Los cerealistas en España atraviesan una grave situación con precios hundidos en origen. Los costes, por su parte, se han disparado en los últimos diez años, pasando de 600 euros/hectárea en secano y 1 700 en regadío, a 800 euros en secano y unos 2 200 en regadío», informó Agronegocio el 23 de mayo.
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«Boom solar»
José Portillo trabajó toda su vida como agricultor en Carmona, Sevilla, pero declaró a los medios que decidió cambiar de trabajo y dedicarse a alquilar su terreno a una empresa fotovoltaica para poder tener un alivio en la renta.
Muchos agricultores explican que el auge y la presión de las plantas solares se han sumado a una PAC que ejerce cada vez más presión, los costes disparados, la competencia de importaciones impulsada por acuerdos y la burocracia ligada a las normativas medioambientales han hecho que mantener una pequeña explotación sea, sencillamente, inviable.
El alcalde de Carmona, donde vive Portillo, reconoció en septiembre que en su región se vive un boom solar, con 28 proyectos en tramitación y millones de euros en juego, según la Revista Jara y Sedal. El pueblo cuenta con 92 000 hectáreas agrícolas y parte de esas tierras, antes dedicadas a la siembra, ya han pasado a producir energía.
La presión de una subida constante de la luz y los precios bajos del grano, es lo que ha terminado por empujar a buscar alternativas.
Expansión de grandes corporaciones
WWF ha estado promoviendo la ley de transición agroecológica que ofrecería soporte a los productores de agricultura ecológica.
El plan también promueve políticas que limitan la concentración y el acaparamiento de tierras y aguas, así como de fondos públicos, evitando la especulación y la expulsión de pequeños productores.
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