Los agricultores exigieron el 7 de julio urgentes regulaciones y medidas concretas para proteger la conservación del suelo contra la especulación que obliga a los propietarios a traspasar tierra fértil y cultivable a empresas que construyen paneles solares e instalaciones de energía renovable.
La creación y mejora de un suelo agrícola fértil puede llevar varias generaciones, ya que el suelo es un ecosistema complejo que no se desarrolla de un día a otro. «No podemos permitir que se esté transformando tierra cultivable en campos de paneles solares sin ningún tipo de zonificación», denunció el portavoz de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, con motivo del Día Mundial de la Conservación del Suelo el 7 de julio.
«Nos enfrentamos a una pérdida irreversible de superficie agraria útil y al desplazamiento de la actividad productiva en muchas zonas».
De hecho, «cada año se pierden unos 1000 millones de toneladas de suelo en la UE debido a la erosión», señaló la organización. En el caso de España, las regiones más afectadas son la cuenca mediterránea y diversas zonas de montaña.
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Las medidas que se piden son, en primer lugar, la de reforzar la fiscalización sobre las nuevas instalaciones energéticas y establecer una zonificación oficial de interés agrario que impidiendo el arriendo o expropiación de esos suelo con motivo de energías renovables.
La inestabilidad y la especulación del suelo por la expansión acelerada de infraestructuras energéticas sin criterio territorial está afectando al relevo generacional y está comprometiendo la sostenibilidad del modelo profesional agrario, lo que apunta a la necesidad de reconocimiento y protección.
El número de explotaciones agrícolas se redujo un 12,4 % en la encuesta de 2023 respecto al censo de 2020, y la tierra agraria cada vez pertenece a menos personas dedicadas a la ganadería y agricultura, informó en febrero el Instituto Nacional de Estadística en su informe de la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del 26 de febrero. Además, la explotación ganadera cayó en los caprinos un 12,1 %, en ovinos un 11,4 %, en conejos un 10 %, en porcinos un 10 % y en bovinos un 6,4 %.
El problema lo viven especialmente los terrenos que se encuentran cerca de centros de transformación energética, ya que las energías renovables necesitan una subestación eléctrica y en vez de crear nuevas subestaciones buscan aprovechar las existentes.
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Sin importar si son terrenos fértiles, el modo de operación de las empresas interesadas es conseguir arrendar parte de esos terrenos con contratos a muy largo plazo y luego solicitan a la administración que declare ese suelo de utilidad pública. Si no logran que el propietario les ceda voluntariamente el terreno, entonces solicitan que la administración les facilite la expropiación forzosa.
Antonio Miguel, un agricultor de Jaén, explicó que se enfrentó a aceptar arrendar sus tierras agrícolas de toda una vida o serían expropiadas. El arrendamiento de sus tierras supondrá unos ingresos de aproximadamente 3000 euros por hectárea, una cantidad que Antonio considera insuficiente frente al valor que para él significan sus fincas.
«Después de toda una vida cuidando este campo, me encuentro con que no tengo alternativa. ¿Qué clase de democracia es esta, en la que tienes que entregar tu finca para no perderla por completo?», lamentó.
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Una declaración de utilidad pública a un terreno parcial o total de un propietario da solo 30 días después de que el anuncio se publica en boletines oficiales y en el periódico provincial de mayor tirada, para que los afectados puedan presentar alegaciones.
«Los agricultores estamos en la primera línea de defensa del suelo, porque vivimos de él», dijo un portavoz de Unión de Uniones. «No se puede proteger la tierra sin contar con quienes la trabajan cada día», dijo la organización.
«El suelo no es una mercancía más, es una base de vida. Sin él, no hay alimentos»
La organización exigió «políticas adaptadas a la realidad agro ganadera con regulaciones basadas en la ciencia y no en las ideologías» y solicitó «simplificar y adaptar las normativas medioambientales y los ecorregímenes de la PAC (Política Agrícola Común)», que es un conjunto de políticas de la Unión Europea que afectan directamente al colectivo y que podrían revertir la situación de crisis que se vive hoy.
«El suelo no es una mercancía más, es una base de vida. Sin él, no hay alimentos, no hay agricultura y no hay futuro para el mundo rural».
Estas políticas deberían «reflejar la realidad productiva del campo y permitir su viabilidad económica, para apoyar la adopción de prácticas de conservación por parte de los agricultores, especialmente aquellos que trabajan en zonas sensibles a la erosión o la desertificación, que son, además, los más vulnerables», añadió.
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