En estos días estamos siendo testigos de numerosas reclamaciones del sector agrario que denuncia cómo se dedican tierras de alto valor agrícola a la instalación de placas fotovoltaicas en España.
El jueves 12 de junio la asociación SOS Rural entregó en el Parlamento de Andalucía 108 000 firmas de ciudadanos que se oponen a la expropiación de cientos de hectáreas de tierras de cultivo de olivo tradicional en la provincia de Jaén para la instalación de megaplantas solares.
«No se pueden talar olivos centenarios para poner placas solares. No puede permitir que este gobierno expropie a nuestros agricultores, les quite sus tierras de más alto valor para destinarlas a los usos fotovoltaicos», reclama la portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán en la puerta del Parlamento de Andalucía.
La activista denuncia que esta situación solo beneficia a empresas privadas y lobbies energéticos y amenaza la soberanía alimentaria.
«Así que hoy estamos aquí, vendremos las veces que sea necesario porque el contador de SOS Rural no para de subir. Hoy son 108 000, mañana serán 200 000, 300 000. Porque los españoles, los andaluces, lo tienen clarísimo, señor Juanma Moreno, no quieren este modelo. No quieren a su Andalucía llena de placas solares. Quieren a su Andalucía como la conocemos, llena de olivos, llena de vegetación y llena de riqueza», asegura la Sra. Corbalán
La Junta de Andalucía autorizó la instalación de 25 megaplantas solares en los municipios jieneses de Lopera y Marmolejo «que ocuparán más de 4000 hectáreas de terreno cultivado con olivar tradicional, lo que supone la eliminación de un sistema económico vinculado al olivar, a la producción de aceite de oliva y al empleo rural», denuncia la Sra. Corbalán.
Pero no son los únicos.
La Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Alicante califica de «despropósito ambiental» la instalación de una planta fotovoltaica que suministrará energía a la desaladora de Torrevieja con el objetivo de reducir el coste energético.
El presidente de ASAJA Alicante, el Sr. José Vicente Andreu dijo a The Epoch Times que esta estructura causará un «impacto brutal en espacios protegidos».
«Eso deja clara la voluntad de este gobierno, que es erosionar la agricultura, erosionar el agua disponible y no hacer ninguna inversión para que la agricultura siga teniendo el recurso hídrico que necesita», añadió el Sr. Andreu.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) planea construir la estructura en tierras agrícolas protegidas y declaradas de interés nacional por la Ley 52/1980 y que, según la asociación agraria, «debe estar protegido de este tipo de instalaciones».
Los agricultores argumentan que esta decisión «solo puede entenderse como una excusa para no conectar la desaladora con el trasvase [Tajo-Segura], lo que hipoteca el futuro del regadío en la provincia».
Y es que llueve sobre mojado con el tema del agua en el Levante, que está muy preocupado por la limitación que el MITECO ha anunciado que aplicará al Trasvase Tajo-Segura desde el año 2027.
Estas medidas, que afectarán a los tres niveles de trasvase clasificados actualmente, «acaban prácticamente con el trasvase para regadío», dijo el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez.
Con estas reglas «va a haber muchísimos meses y años de trasvase cero», declaró Jimenez a EFE.
«El daño que se va a infligir a este sector en el año 2027, con la entrada de esa batería de normativas orientadas a acabar con el sector agrícola, va a ser un daño tremendo», añadió, acusando al Ministerio para la Transición Ecológica de apostar por «la destrucción del sector productivo, agrícola y ganadero» de la zona.
Y todo esto sucede en un momento en que el exceso de producción de energías renovables en la red está en el ojo del huracán tras el cero energético que dejó a España, Portugal y parte de Francia a oscuras el 28 de abril.
Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ofrecido oficialmente una explicación del apagón, expertos de todo el mundo señalan directamente a un exceso de energías renovables en la red eléctrica.
Según Red Eléctrica, la energía solar fotovoltaica era, a fecha de 5 octubre de 2024, la tercera fuente que más electricidad produjo en España, con el 18,3 % del total en un mix liderado por la eólica con el 22,4 % del total.
«El riesgo de cortes a gran escala en las redes eléctricas con un alto porcentaje de energías renovables es bien conocido», explica Raúl Bajo Buenestado —experto en energía en el Instituto Baker para las Políticas Públicas de la Universidad Rice— para el medio británico The Telegraph. Buenestado explica que, a diferencia de las centrales eléctricas convencionales, las instalaciones solares y eólicas «no pueden garantizar de forma autónoma la estabilidad de la red en caso de perturbaciones».
Pero no solo la agricultura se siente amenazada por las políticas medioambientales y de transición energética que se están implementando en España en el marco de las regulaciones europeas, también la industria está reclamando una revisión de todas estas medidas que considera ideológicas y sin base en la tecnología ni en la medición real de gases contaminantes.
El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, cuestiona las políticas de desarrollo sostenible ya que, en su opinión se centran en el adjetivo «sostenible» y olvida el sustantivo, «desarrollo»:
«No podemos poner la ideología por delante de la tecnología y esta aproximación ideológica se impone continuamente bajo ese paraguas de transición ecológica en las políticas energéticas y de movilidad, haciendo un grave daño a nuestro tejido industrial».
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