El caso Leire Díez ha entrado en una nueva fase que eleva el foco de la investigación directamente al corazón del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al entorno más íntimo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La declaración de la exmilitante socialista, a menudo denominada la «fontanera» del PSOE, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, el lunes, no solo consolidó la instrucción contra ella y otros investigados, sino que introdujo un elemento de máxima gravedad: la presunta coordinación de sus actividades con la cúpula de Ferraz y con un alto cargo en activo en el Palacio de la Moncloa.
Según informaron fuentes presentes en el interrogatorio, Díez admitió ante el juez Zamarriego haberse reunido en dos ocasiones con Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE y persona de máxima confianza de Sánchez, en abril de 2024.
Pero el testimonio fue más allá: la investigada confirmó que al menos en el primer encuentro, celebrado en plena efervescencia judicial tras la imputación de la esposa del presidente, Begoña Gómez, estaba presente Antonio Hernando, quien en aquel momento ostentaba el relevante cargo de director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
La presencia de Hernando es crucial. Al implicar a un cargo de la Moncloa con acceso directo a la Presidencia, la reunión deja de ser un asunto interno de Ferraz para convertirse en una cuestión que afecta directamente a la estructura del Ejecutivo.
La defensa de Leire Díez se centró en minimizar el contenido de estas citas. Según fuentes jurídicas citadas por Cadena SER, la exmilitante alegó que se había reunido con Cerdán en su capacidad de «periodista» y que el objetivo era entregar documentación para demostrar que el PSOE estaba siendo perjudicado por supuestas maniobras policiales y judiciales ilícitas.
Esta versión, sin embargo, choca frontalmente con la interpretación del instructor, la gravedad de los audios que obran en la causa y el contexto en el que se produjeron los encuentros.
Audios bajo la lupa: El plan para «limpiar sin límite»
El Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset, y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El magistrado Zamarriego sostiene que Díez lideró una «actuación delictiva, continuada y coordinada» cuyo fin último era «recabar información comprometida o irregular» con la intención de «anular o malbaratar» investigaciones judiciales sensibles.
La prueba clave contra la exmilitante son una serie de grabaciones, las cuales Díez y Dolset han intentado invalidar en su comparecencia, alegando que están «manipuladas» y vulneran su intimidad.
Sin embargo, el juez desestimó la petición y ordenó la escucha de al menos uno de los audios, el aportado por el fiscal Ignacio Stampa, cuya mala calidad obligó a suspender la audición parcial para solicitar una limpieza técnica.
El auto del juez es claro: la investigación se centra en el presunto plan para socavar la labor de la Justicia.
En el crucial audio grabado por Stampa, Leire Díez se presentó como la «mano derecha» de Santos Cerdán y afirmó que había sido puesta por el PSOE para «ver qué había detrás de todo esto».
Pero la implicación de las más altas esferas no termina ahí.
En esa misma conversación, el empresario Pérez Dolset, coimputado en la causa, detalló la presunta orden de acción tras la imputación de Begoña Gómez: «[El presidente] ya dijo que se limpie todo, sin límite. Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial».
Leire Díez, a su vez, ofreció al fiscal Stampa, que fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción, su regreso a dicho organismo, asegurándole que la propuesta «viene del máximo».
Ambos investigados garantizaron al fiscal que el presidente Sánchez, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, estarían al tanto del encuentro y sus objetivos.
El peso de la Moncloa en la Operación
La admisión de las reuniones con Santos Cerdán es, en sí misma, significativa.
Cerdán, exsecretario de Organización y uno de los pocos dirigentes que permaneció junto a Pedro Sánchez en la travesía de 2016 hasta su regreso a la secretaría general del PSOE, representa la línea dura del partido.
Que Díez, imputada por tráfico de influencias, confirmara haberse reunido con él en la sede del PSOE en la calle Ferraz en un contexto de investigación judicial masiva contra el entorno del Gobierno, genera una sombra ineludible sobre la dirección socialista.
No obstante, la inclusión de Hernando es lo que eleva la gravedad de la situación a la esfera del Gobierno central.
Hernando, que fue una figura clave en el PSOE y llegó a ser portavoz parlamentario, fue nombrado director adjunto del Gabinete de la Presidencia en el momento de los encuentros.
Su presencia certifica la vinculación de la supuesta trama con la estructura de la Moncloa, el centro neurálgico del poder Ejecutivo.
Para ponerlo en términos simples: la reunión no se produjo en un café o en un ámbito personal, sino con los principales responsables políticos y administrativos del PSOE y del Gabinete presidencial. Esto implica que la información sensible sobre causas judiciales —que, según la versión de Díez, buscaba defender al PSOE como «perjudicado»— fue entregada directamente a dos de los máximos exponentes del poder, uno en el partido y otro en el Gobierno.
El asalto a la UCO
La trama, según la instrucción judicial, tenía como uno de sus objetivos principales el desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, precisamente los organismos que investigan causas sensibles que han salpicado al entorno socialista.
The Epoch Times España ha venido informando sobre la presión ejercida sobre la UCO y sus mandos, destacando el profundo malestar en el cuerpo, por lo que han catalogado como una «purga de altos mandos» y un «progresivo desmantelamiento de unidades claves».
De hecho, guardias civiles han demandado a Leire Díez e instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a condenar la presión contra la UCO, el cuerpo que goza de mayor valoración ciudadana y que ha sido un obstáculo para la corrupción política.
La coincidencia temporal y de objetivos entre estas supuestas presiones y las maniobras atribuidas a Leire Díez sugiere una conexión entre la acción política y las operaciones de «guerra sucia» contra las instituciones del Estado.
El propio juez Zamarriego atribuye a Díez un «plan delictivo» para «desacreditar» a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción en aras de «tumbar causas judiciales».
La declaración de Díez ante el juez, que reconoce las reuniones con Cerdán y Hernando, se convierte en un eslabón crucial que vincula las supuestas «cloacas» de Ferraz con el Poder Ejecutivo.
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¿Cerdán al banquillo?
La comparecencia de Leire Díez del 17 de noviembre tuvo una consecuencia judicial de alto voltaje.
El magistrado Zamarriego, con el fin de avanzar en la instrucción y depurar responsabilidades, ha resuelto dirigirse a la Fiscalía para que se posicione sobre la necesidad y la procedencia de imputar a Santos Cerdán en la causa.
Esta consulta formal al Ministerio Público marca un hito en la investigación.
Si bien el PSOE ha mantenido su postura oficial de total desvinculación con Leire Díez —negando que estuviera en nómina o hablara en nombre del partido—, la admisión de las reuniones por parte de Díez y la solicitud del juez a la Fiscalía colocan al ex número dos de Ferraz en una situación judicial extremadamente delicada.
Además de la posible imputación de Cerdán, el juez ha dado trámite a la solicitud de que Miguel Bernad, de Manos Limpias, sea considerado perjudicado por las supuestas maniobras. El objetivo, según la acusación, era «entorpecer la labor de la Justicia» y buscar la «nulidad de los autos penales» en otras causas impulsadas por la organización, como la que afectaba al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
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Los hechos admitidos por Díez ante el juez, al confirmar la participación del exsecretario de Organización y de un ex alto cargo de la Moncloa en estas maniobras, dibujan un panorama de grave compromiso institucional para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Es el turno de la Fiscalía, que deberá decidir si la evidencia recogida por el juez es suficiente para solicitar formalmente la imputación de uno de los hombres más influyentes en el organigrama del socialismo español.
Con información de EFE.
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