El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles el Real Decreto-ley 7, conocido como el decreto antiapagones, que buscaba reforzar el control del sistema eléctrico. Desde Vox y el PP se advirtió que el decreto es engañoso y no ofrece soluciones para evitar que se produzca otro apagón, mientras que las empresas eléctricas pidieron que se insista nuevamente con la propuesta del Gobierno.
Diputados de VOX, PP, Podemos, BNG y Junts, así como un diputado de la Chunta Aragonesista integrado en Sumar decidieron decir No al decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que contaba con medidas de control, regulación de datos, reparto de responsabilidades, control de tensión, instalaciones de almacenamiento e instalaciones de emergencia, entre otras.
También establecía dos mandatos específicos de informe e inspección a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los campos del control de tensión y reposición del servicio, respectivamente.
El real decreto fue calificado como «una auténtica vergüenza que no piensa en el bien de los españoles ni garantiza que no vuelvan a producirse apagones como el que sufrimos hace unos meses», declaró el secretario general del Grupo Parlamentario VOX, José María Figaredo, en un comunicado antes de la votación.
En su opinión, antes del apagón hubo una «clara intencionalidad» de «conseguir la mayor proporción de energías renovables en un día para venderse como los adalides de la energía renovable. ¿Y qué sucedió? Que hubo un apagón en España».
También recordó que el Consejo de Ministros del 8 de julio autorizó la compra de compensadores síncronos para mantener el balance de la red eléctrica, lo que significa que «el Gobierno reconoce el problema. Si esto fuera un juicio, saldrían automáticamente considerados culpables, porque esto es un acto propio de reconocimiento de la culpabilidad».
«Este decreto contemplaba ayudas para determinadas empresas eléctricas, pero no resolvía la posibilidad de que en España vuelva a suceder un apagón como el que sufrimos hace dos meses», declaró el secretario general del PP, Miguel Tellado, este miércoles refiriéndose a empresas de energías renovables. «El análisis que hace el Gobierno, desde luego, es bastante simple. Aquí en España sufrimos un apagón energético de 24 horas por la irresponsabilidad del Gobierno de España.
Hasta el día de hoy, según Tellado, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, «no ha sido capaz de reconocer» lo que ha sucedido. «La Sra. Beatriz Corredor debió haber sido cesada hace ya semanas», añadió refiriéndose a la presidenta de Red Eléctrica de España (REE)
«Este real decreto no es más que un engaño», sentenció el secretario general.
La líder de Podemos, Ione Belarra, dijo a EFE que su partido no participó en el diseño del decreto y ninguna de sus propuestas para «democratizar el sector energético» fue incorporada.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, añadió que ha analizado la situación de la legislatura tras la derrota parlamentaria del Gobierno en el Congreso este martes por el rechazo al decreto antiapagones, y ha considerado que el Gobierno se encuentra en una situación de «bloqueo».
De otra parte, el voto en contra de Jorge Pueyo (CHA) sería solo porque ya «no salía el decreto», para recordar la necesidad de una planificación ordenada y respetuosa de la instalación de proyectos de energías renovables, que excluya aquellas zonas de especial valor natural, patrimonial y paisajístico.
El Gobierno y Aelec apuestan por «insistir»
Según la ministra Aagesen, el siguiente paso del Gobierno será «insistir» con la propuesta de real decreto ley, y que se encuentra trabajando «desde ya» en ello, tal como lo anunciara en la víspera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
También algunas empresas de energía renovable lo pidieron.
Aelec, asociación que agrupa a compañías como Iberdrola, Endesa y EDP, dijo que valoraba que el decreto antiapagones incorporase iniciativas «necesarias para avanzar en un sistema eléctrico más resiliente, eficiente y preparado para dar servicio a la industria y vivienda que lo requiere».
«Algunas medidas incluidas en el texto tenían sentido», dijo a EFE el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
También agrupaciones sectoriales como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y Protermosolar, una asociación que agrupa a las empresas del sector de la energía termosolar en España también se mostraron en línea con la propuesta del Gobierno, al igual que CCOO, que recomendó volver a presentar el texto, y ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para que «reconsideren su posición».
En un comunicado conjunto, Aelec y las empresas renovables como APPA Renovables, AEE (eólica) y UNEF advirtieron de las «graves consecuencias» si no se lograba ratificar esta batería de medidas, anunciando una pérdida de competitividad internacional o la paralización de inversiones que reducen la dependencia energética.
En un artículo de Opinión publicado en el Período de la Energía, se analiza que después de que el apagón eléctrico dejó sin luz a unos 60 millones de personas en la Península Ibérica, surge la reflexión de si somos capaces de aprobar medidas para evitar futuros cortes, o si, en realidad, nos merecemos vivir como en Cuba, donde los apagones son cotidianos. El sector energético finalmente ha logrado un consenso, algo raro en este campo, pero la política se ha centrado más en crear controversia que en abordar soluciones.
La oferta, calificada como engañosa por VOX y el PP, por no dar solución al problema de los apagones y beneficiar a ciertas empresas, según el artículo de opinión, puede indicar que los políticos no trabajan por el bienestar de los ciudadanos, lo que genera frustración en la calle.
Falta de regulación
El avance del Gobierno, que apuesta por la energía renovable, tiene sus detractores cuando se trata de instalaciones que afectan a los ciudadanos y sus medios de vida.
Por ejemplo, miles de olivos centenarios en la Campiña Norte de Jaén y la Subbética cordobesa serán talados para instalar placas fotovoltaicas.
Los detractores de esta medida denuncian que no se ha estudiado el impacto económico y social. Además, dicen que a muchos propietarios que prefieren mantener sus terrenos para continuar con el cultivo tradicional de la aceituna les han obligado a ceder sus tierras. Ese tipo de cultivo es el que más empleo genera —además de fijar la población al medio rural—, aunque sea menos rentable.
Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado que estos parques fotovoltaicos son de interés público, como parte de la estrategia de descarbonización de la economía y la transición energética, impulsado desde el Gobierno de España y la Unión Europea.
Otro aspecto, no estudiado a fondo, es que los estudios indican que los paneles fotovoltaicos pueden elevar la temperatura ambiental, y este efecto se intensifica especialmente en entornos urbanos, donde los incrementos pueden alcanzar hasta los 9,4 °C. Esto pone de manifiesto que, a pesar de los beneficios de las tecnologías renovables, su impacto en el entorno aún no se comprende completamente y sigue siendo un tema de debate.
Analizando el tema de seguridad, también surge la preocupación sobre la procedencia de los productos utilizados en las redes eléctricas. Actualmente, el 70 % de los inversores fotovoltaicos en España provienen de China. El Consejo Europeo de Fabricación Solar (ESMC), en un comunicado de prensa del 30 de abril, advirtió que esto podría representar un riesgo teórico para la estabilidad de la red.
«Los inversores modernos deben estar conectados a internet para cumplir con las funciones esenciales de la red o participar en el mercado eléctrico. Sin embargo, estas conexiones también permiten actualizaciones de software, lo que implica que cualquier fabricante podría alterar el rendimiento de estos dispositivos de forma remota».
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