¿Error histórico o ilusión óptica? Sánchez arremete contra la flexibilización de Bruselas hacia los motores de combustión

El presidente español criticó a la Comisión Europea por permitir un 10 % de emisiones en 2035. Pero, ¿se trata de un alivio real para la industria automovilística o solo un ajuste que no cambia el destino de los motores a combustión?

Por Miguel Díaz
18 de diciembre de 2025 08:33 Actualizado: 18 de diciembre de 2025 08:33

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado con dureza contra la decisión de la Comisión Europea de suavizar los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ para los turismos nuevos en 2035.

En un acto celebrado el miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, durante la presentación de un nuevo borrador del pacto de Estado frente a la emergencia climática, Sánchez afirmó que se trata de «un error histórico de Europa».

«Es un error histórico de Europa porque la competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no debilitando nuestros compromisos climáticos», declaró el jefe del Ejecutivo.

Sánchez añadió: «Lo caro no es actuar, es no hacerlo».

Con estas palabras, el presidente español se refirió a la propuesta que Bruselas presentó el martes, que pasa de exigir una reducción del 100 % en las emisiones medias de CO₂ de los fabricantes (lo que equivalía a un veto efectivo a los motores de combustión pura) a un recorte del 90 % respecto a los niveles de 2021.

¿Qué cambia?

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (izquierda), y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (derecha), durante la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Bruselas, Bélgica, el 17 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

La normativa original, aprobada en 2023 como parte del Pacto Verde europeo, obligaba a los fabricantes a alcanzar emisiones cero en su flota media a partir de 2035.

Esto implicaba, en la práctica, la desaparición de los vehículos nuevos con motor de gasolina o diésel, salvo excepciones muy limitadas para combustibles sintéticos (e-fuels).

La nueva propuesta mantiene el horizonte de 2035, pero permite un 10 % de emisiones residuales, calculadas como media por fabricante.

Además, abre la puerta a compensaciones mediante biocombustibles, inclusión de flotas empresariales y objetivos de producción dentro de la UE.

Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), celebró el cambio asegurando que «todos los motores podrán seguir vendiéndose después de 2035».

España y Francia, en minoría

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (der.), y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Barcelona el 19 de enero de 2023. (LUDOVIC MARIN/AFP vía Getty Images)

España se opone frontalmente a esta flexibilización.

Ya el 11 de diciembre, Sánchez envió una carta a la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que rechazaba «que los vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad probada puedan seguir comercializándose más allá de 2035».

En el texto, el presidente advertía que la relajación «reduciría la demanda de coches eléctricos», afectaría a la competitividad europea y aumentaría «la probabilidad de cierres de plantas y pérdidas de empleo en toda la UE».

Francia comparte esta postura.

En un documento conjunto con España de octubre, ambos países afirmaron que «mantener el rumbo hacia los vehículos de cero emisiones en 2035 es indispensable» y que la revisión «debe preservar el objetivo de 2035 y la ambición medioambiental».

En cambio, Alemania —bajo el canciller Friedrich Merz (CDU)— e Italia han presionado intensamente por este cambio, argumentando la necesidad de proteger la competitividad industrial.


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¿Flexibilización real o truco técnico?

Más allá de los anuncios, varios analistas cuestionan si este 10 % representa un alivio significativo para la industria europea.

El economista y divulgador Marc Vidal lo explicó con claridad en un hilo publicado el 16 de diciembre en la red social X.

«Recordemos que la UE nunca prohibió explícitamente los motores de combustión, prohibió sus emisiones», escribió Vidal.

«Ahora anuncia que en 2035 no exigirá emisiones cero, sino una reducción del 90 % respecto a 2021. De ahí nace la paradoja: los motores seguirán siendo legales, pero casi no podrán venderse», describió.

El experto subrayó que el margen permitido se calcula como media por fabricante, no por vehículo individual.

«Eso obliga a vender una mayoría abrumadora de coches eléctricos para poder comercializar unos pocos de combustión. En la práctica, solo sobrevivirán como nicho: modelos muy caros, de lujo o simbólicos», advirtió.

«Mantener combustión para un volumen tan reducido es económicamente inviable», concluyó Vidal, añadiendo que el cambio evita el titular de «prohibición total», pero no altera el marco de fondo.


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La polémica revela las tensiones internas del proyecto europeo entre la ambición climática y la realidad industrial.

Mientras Sánchez defiende la línea dura —y se queda relativamente aislado—, países con gran peso automovilístico como Alemania logran imponer ajustes que, no obstante, según críticos como Vidal, apenas modifican el destino final de los motores de combustión tradicional.

La industria española, con fábricas de grupos como Volkswagen, Stellantis o Renault, observa con preocupación un escenario en el que la transición forzada podría acelerar deslocalizaciones hacia mercados más flexibles o, en el peor de los casos, la quiebra.

El tiempo dirá si el 10 % de margen sirve para algo más que para ganar unos años antes de que la agenda verde arrase con la industria que supo hacer grande al continente.

Con información de EFE

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