La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido esta mañana al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, y a su vicepresidente, Fernando Giménez, ambos del Partido Popular (PP), en una operación que investiga presuntas comisiones ilegales en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia de COVID-19.
Los arrestos, que también incluyen al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, forman parte del caso Mascarillas, una causa secreta abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería desde abril de 2021.
Fuentes judiciales —citadas por agencias como EFE y Europa Press— confirman que se han realizado registros en la sede de la Diputación y en varios domicilios privados, con un total de cinco personas detenidas hasta el momento.
El núcleo de la investigación gira en torno a un contrato firmado el 8 de abril de 2020 por valor de 2 030 000 euros con la empresa Azor Corporate Ibérica, para el suministro de mascarillas, monos de protección y guantes.
Este acuerdo, adjudicado de forma directa por García Molina en plena emergencia sanitaria, ha sido cuestionado por posibles irregularidades que beneficiaron a allegados políticos.
Entre los investigados destaca Óscar Liria Sánchez, exvicepresidente tercero de la Diputación y amigo de infancia del director de Azor, Kilian López, quien enfrenta cargos por narcotráfico y blanqueo en Barcelona.
Según el atestado de la UCO del 25 de abril de 2025 —al que han tenido acceso agencias de noticias—, Liria habría cobrado comisiones de entre 200 000 y 400 000 euros por facilitar la adjudicación, en un esquema que apunta a 17 personas implicadas en total.
La operación de hoy llega tras cuatro años de pesquisas discretas, impulsadas por denuncias iniciales del PSOE como acusación popular.
En junio de este año, los socialistas solicitaron la declaración de García Molina como testigo, alegando «falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados» en el contrato de mascarillas.
En el grupo de WhatsApp «Naranjito» —utilizado por altos cargos de la Diputación entre marzo de 2020 y marzo de 2022—, García Molina intercambió mensajes con Liria y Giménez que ahora forman parte de la causa.
De acuerdo a la acusación, uno de ellos, del principios de abril de 2020, reza textual: «Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!». Esta comunicación, incorporada por el PSOE el pasado mes de mayo, evidencia «conocimiento directo de los hechos».
La conexión con Kilian López añade un matiz criminal al asunto. López, sobrino del alcalde Sánchez y director de Azor, está imputado en Barcelona por un presunto entramado de narcotráfico y venta de armas. La UCO sospecha que fondos de esa red pudieron blanquearse a través de las comisiones almerienses, elevando el caso a dimensiones transregionales.
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