Bajo los términos propuestos por la Comisión Europea, las frutas y verduras originarias del Sáhara Occidental llevarán la denominación de las regiones El Aaiún-Saguía el-Hamra y Dajla-Río de Oro, un sistema que, a juicio de gran parte de los eurodiputados, es contrario a las reglas comunitarias sobre denominaciones de origen y etiquetado.
La nueva normativa —una modificación del Reglamento Delegado (UE) 2023/2429, sobre el etiquetado de origen del Sahara Occcidental, negociada entre la Unión Europea y Marruecos— superó el 26 de noviembre las dos mociones de objeción presentadas en su contra, una del PPE y otra de Patriotas de Europa. Ninguna alcanzó los 360 votos necesarios (la mayoría absoluta del Parlamento Europeo, actualmente compuesto por 719 eurodiputados), por lo que ambas fueron rechazadas y el reglamento delegado quedó confirmado.
Hasta ahora, en los registros de importación españoles las frutas y hortalizas del Sáhara Occidental han llegado sobre todo contabilizadas como Marruecos, que figura como uno de los grandes proveedores de España, con una tendencia claramente creciente: en 2023, las importaciones de estos productos sumaron 931,5 millones, en 2024 alcanzaron 1071,8 millones, y en 2025, con los registros disponibles de Datacomex, las importaciones ya suman más de 1000 millones de euros, reflejando además un aumento sostenido del valor.
Ambas mociones expusieron que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en varias sentencias que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo separado del Reino de Marruecos, lo que implica que debe considerarse un territorio aduanero distinto a efectos de etiquetado. En consecuencia, —según sostenían los eurodiputados—, las frutas y hortalizas frescas procedentes de ese territorio deberían indicar su auténtico origen, es decir, «Sáhara Occidental», y no una denominación que pueda confundirse con Marruecos.
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«La propuesta del Reglamento Delegado no garantiza que las frutas y hortalizas originarias del Sáhara Occidental estén claramente identificadas con su verdadero país de origen, esto permite un etiquetado ambiguo contrario a la legislación de la Unión en materia de información alimentaria facilitada al consumidor», dice el texto del PPE.
Los populares advierten de que la falta de «una referencia territorial explícita, precisa y verificable» podría «facilitar prácticas comerciales injustas, socavar la confianza de los consumidores y debilitar la certidumbre legal».
Por su parte, los Patriotas de Europa subrayaron que la sentencia de la Justicia europea que anuló el sistema anterior y obligó a la Comisión a presentar esta alternativa «dejaba claro que el etiquetado de los bienes recolectados en el Sáhara Occidental debe indicar únicamente al Sáhara Occidental como el país de origen de esos bienes».
El grupo criticó que, con la propuesta de la Comisión, el apartado reservado al país de origen quedaría en blanco, sin ninguna referencia al Sáhara Occidental, mientras que las regiones «Dakhla Oued Ed-Dahab» y «Laâyoune-Sakia El Hamra» pasarían a figurar únicamente en el apartado de «Observaciones» del certificado de origen.
Además, remarcaron que, a su juicio, las normas de origen y de etiquetado de la Unión Europea no deben modificarse en función de acuerdos internacionales, sino mantenerse coherentes con la legislación europea y con las sentencias del Tribunal de Justicia.
El grupo de Patriotas añadió que el último Eurobarómetro sobre seguridad alimentaria «mostró que, al comprar alimentos, el origen geográfico era el factor más importante para el 46 % de los encuestados, solo por detrás del coste (54 %) y del sabor (51 %)».
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La objeción del Partido Popular Europeo, defendida por la eurodiputada Carmen Crespo, obtuvo 359 votos a favor, 188 en contra y 76 abstenciones, quedándose a un solo voto de la mayoría absoluta necesaria para bloquear la propuesta de la Comisión.
La objeción presentada por Patriotas de Europa, impulsada por Jorge Buxadé Villalba y Mireia Borrás Pabón, reunió 157 votos a favor, 465 en contra y 20 abstenciones, por lo que también fue rechazada.
Aunque las objeciones habían sido planteadas por los grupos europeos en los que militan el Partido Popular y Vox, sus miembros votaron de forma muy dividida y la iniciativa recibió un apoyo significativo entre los grupos progresistas.
En el Partido Popular Europeo, 65 eurodiputados votaron a favor (entre ellos los del PP), 67 en contra y 38 se abstuvieron, mientras que en Patriotas por Europa, solo trece eurodiputados votaron a favor (incluidos los seis de Vox), 56 lo hicieron en contra y nueve se abstuvieron.
El PSOE, según la agencia EFE, alegó que su posición se alinea con la de los veintisiete países de la Unión Europea, que han dado por bueno en el Consejo este sistema. De los 20 eurodiputados socialistas, nueve votaron en contra, uno lo hizo a favor el gallego Nicolás González Casares, y cuatro no votaron pese a estar presentes en la sesión.
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