El Gobierno español está tramitando un nuevo proyecto de ley para quienes cursen una carrera judicial y fiscal. Supone la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los últimos 40 años y, según la respuesta conjunta de varias asociaciones judiciales y fiscales, si se promulga sería «un serio retroceso del Estado de Derecho».
El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal el 13 de mayo, y lo remitió al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. La iniciativa modifica la Ley Orgánica 6 de 1985, del Poder Judicial, y la Ley 50 de 1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Según el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la norma «mejora sustancialmente la carrera judicial» y es una reforma que «va a atraer talento y a incrementar el número de jueces, fiscales y magistrados».
«Porta más garantías, más certezas y más transparencia en los procesos de promoción de los miembros de la carrera judicial», afirmó el ministro durante el Consejo de Ministros.
Sin embargo cinco asociaciones de jueces y fiscales opinan distinto.
«Al propiciar un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas, se pone en riesgo la independencia judicial», dijeron en un comunicado conjunto firmado el 14 de mayo.
Los firmantes son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
«Esta deriva compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal como exige el respeto a los estándares constitucionales», añadieron.
«Con pleno respeto al proceso parlamentario, las asociaciones profesionales firmantes manifestamos nuestro firme compromiso con la defensa de la carrera judicial y fiscal, y de los valores constitucionales, y adoptaremos si ello fuera necesario y dentro de nuestro ámbito de actuación las medidas que resultenprecisas para salvaguardarlos».
A continuación se detallan algunos aspecto del Proyecto de ley y el alegato de parte de las asociaciones de jueces y fiscales firmantes:
El llamado «cuarto turno»
Argumentando la necesidad de tener «un mayor número de jueces y fiscales para agilizar el servicio público de la justicia», la nueva norma amplía y modifica el cuarto turno de la carrera judicial —que lleva en vigor cuatro décadas— y crea un «cuarto turno» en la carrera fiscal, inexistente en la actualidad.
El cuarto turno es el sistema que permite el acceso a la carrera judicial a juristas de reconocido prestigio sin pasar por la oposición tradicional.
En el acceso por el llamado «cuarto turno», es decir, para juristas de reconocida competencia con más de una década de ejercicio, se requiere el ejercicio de redacción de un dictamen eliminatorio a la fase de valoración de méritos.
Según el ministro, en la actualidad, el número de jueces y magistrados que provienen del cuarto turno está por debajo del 8 % y la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un porcentaje del 25 %, por lo que se convocará «una plaza de cuarto turno por cada tres plazas para el turno libre».
El problema que plantean las asociaciones ante esta norma es que la nueva regulación del llamado «cuarto turno» sería «un concurso-oposición sin límite máximo de plazas».
Además, discrepan con la norma porque, «reconociendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso, posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre».
Por otro lado, quienes superan la oposición por el turno libre, «si todo ha quedado como en el anteproyecto, ingresarían en la carrera a disposición de los presidentes de TSJ y con obligación de participar en los concursos siguientes. Ello supondrá en la práctica institucionalizar la figura del juez en expectativa de destino, vulnerando el principio de inamovilidad de jueces y magistrados proclamado en el artículo 117.1 de la Constitución Española».
Sustitución de la prueba oral por una escrita
En relación con las pruebas de acceso, el Gobierno de Sánchez sustituyó una prueba oral requerida en la actualidad por un ejercicio práctico escrito que se plantea como anónimo.
De acuerdo al ministro, este cambió «asegura la igualdad de oportunidades de los candidatos».
Según las asociaciones, la eliminación de un examen oral de la parte procesal, «para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio» —que ellos opinan «podría haberse incluido sin tener que rebajar las exigencias de conocimiento»—, tal y como parece regulado, «supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales».
Centro público de preparación
De acuerdo al proyecto de ley, el Centro de Estudios Jurídicos asumirá una nueva función como centro público de preparación de opositores, que contará con delegaciones en otras provincias «para que cualquier opositor pueda preparar sus exámenes con independencia del territorio en el que viva».
El ministro Bolaños afirmó que esto contribuirá a una mayor homogeneidad formativa.
Además, la iniciativa contempla la creación de un registro público de jueces y magistrados que prepararán a los opositores, los que tendrán que ser previamente reconocidos por parte del Consejo General del Poder Judicial para ejercer esta actividad.
Según las asociaciones de jueces y fiscales, «la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia, que, además, tendrá las competencias en materia de becas, conlleva un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del ejecutivo, inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes».
Estabilización de jueces
El proyecto de ley del Gobierno regula un proceso extraordinario para la estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos, «al que también podrán presentarse otros profesionales del derecho».
Asimismo, la norma elimina la incompatibilidad que tienen los jueces sustitutos y los magistrados suplentes para ejercer cualquier actividad relacionada con el derecho cuando no estén en activo.
Según el ministro Bolaños, esto «va en cumplimiento de la ley de eficiencia del servicio público de la justicia y de los requerimientos de la Comisión Europea».
Las asociaciones de jueces y fiscales sostienen que esto no es lo que pide Europa.
«Rechazamos el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Es contrario a nuestros principios constitucionales y, contrariamente a lo que se dice, no es lo que nos pide Europa», indicaron en el comunicado.
Los jueces y fiscales rechazaron «la convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a cualesquiera profesionales y basado en una oposición consistente únicamente en un dictamen práctico», no mediando un examen oral.
Esto «no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales» y además, «este sistema otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre».
«Se consagra así una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor que, por si ello no fuera suficiente, además abre la puerta a futuras convocatorias similares».
«No solo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, tal como recogen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española», dice su comunicado conjunto.
Según las asociaciones, para tener más jueces y fiscales se debe avanzar en un modelo estable basado en el incremento progresivo y sostenido de plazas en la carrera judicial y fiscal «obtenidas mediante un sistema selectivo basado en la excelencia, y ello hasta alcanzar estándares europeos».
Ascenso automático
En materia de desarrollo profesional, el texto del Proyecto de Ley establece el ascenso automático de jueces y magistrados por antigüedad, que se producirá cinco años después del ingreso en la carrera judicial.
Además, según ha avanzado el ministro, los jueces y magistrados en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer estarán en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros para promocionar y ascender.
Comisión de Ética incluirá miembros designados
La reforma modifica la composición de la Comisión Ética Judicial, que pasará a contar con nueve miembros: cinco serán jueces y magistrados y cuatro serán elegidos por las Cortes entre catedráticos de ética, de filosofía del derecho o filosofía moral.
De acuerdo a las asociaciones, esta norma constituye una «deslegitimación de la Comisión de Ética Judicial».
«La anunciada inclusión de miembros designados por las Cortes Generales en la Comisión de Ética Judicial compromete su independencia y convierte un órgano técnico y consultivo en un instrumento vulnerable a injerencias externas».
«Esta configuración politizada amenaza la credibilidad de sus dictámenes y menoscaba la función ética que debe ejercer dentro del Poder Judicial».
Regulación de las asociaciones judiciales
Félix Bolaños dijo que la Fiscalía General del Estado se encargará del registro de las asociaciones de fiscales y que tanto las asociaciones fiscales como las judiciales no podrán recibir financiación privada.
Según las asociaciones esto es una «limitación de la actividad asociativa judicial».
«La imposición de restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales, sin un aumento proporcional de las subvenciones públicas, supone un ataque directo a su capacidad operativa. Estas asociaciones no solo representan los intereses profesionales de los jueces, sino que son garantes activos de los valores constitucionales y del Estado de Derecho», dijeron en un comunicado.
Voto telemático a una sola candidatura
De acuerdo al proyecto, se modernizará el proceso de elección de las Salas de Gobierno de los tribunales, facilitando el voto telemático y limitando el voto a una sola candidatura individual por cada elector.
Para las asociaciones, esto es un «retroceso democrático en la elección de órganos de gobierno».
«La pretendida reforma del sistema de elección de miembros electos de las Salas de Gobierno, al imponer candidaturas individuales y restringir el derecho de sufragio a un único voto, limita injustificadamente la representación proporcional de la carrera judicial».
«Este recorte contrasta con los estándares europeos, que reclaman una mayor intervención de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno».
Reforma de la Fiscalía
El Consejo de Ministros también impulsó una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerza la autonomía y la capacidad funcional del Ministerio Fiscal.
Esta reforma readapta esta institución al nuevo papel que tendrá con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que convierte al Ministerio Fiscal en el encargado de la instrucción de los procesos penales. Según el ministro Bolaños, se justifica el cambio ya que es lo que «ocurre en el resto de países de la Unión Europea».
«Se trata de la mayor reforma de la Ley 50/1981, que regula el Ministerio Público desde hace cerca de 45 años», dijo el Gobierno.
Los fiscales instruirán los procesos penales
Una vez que el nuevo estatuto recabe los informes preceptivos, se unirá al proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que el Consejo de Ministros aprobará el próximo verano para que se tramite en las Cortes Generales como una sola norma, dijo Felix Bolaños.
También ha explicado que esa ley orgánica incorporará, como una disposición adicional, la reforma de la Fiscalía «para garantizar que van absolutamente en paralelo», ya que una de las claves de la norma consiste en que serán los fiscales quienes instruyan las causas penales.
Tras el cambio, el Ministerio Fiscal liderará las instrucciones, y un juez de garantías velará por el respeto de los derechos de los investigados.
Bolaños ha añadido que, de hecho, los fiscales europeos ya instruyen en España todos los asuntos que tienen que ver con intereses financieros de la Unión Europea o con delitos relacionados con la UE.
Cambios en el mandato y cese del Fiscal General
El nuevo papel instructor de los fiscales lleva aparejadas otras medidas:
– la designación del fiscal competente para la instrucción de cada caso corresponderá al fiscal jefe;
– la Policía Judicial dependerá del Ministerio Fiscal en sus funciones de investigación del delito,
– y el Ministerio Fiscal podrá imponer sanciones a quienes no colaboren con las investigaciones judiciales.
Además, como ocurre en la actualidad con jueces y magistrados, se detallarán las causas de abstención y recusación de los fiscales, que no podrán instruir un proceso si tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas investigadas.
Mandato del fiscal de cinco años
En lo que la reforma define como la autonomía del Ministerio Fiscal, «el fiscal general será nombrado por cinco años y, cuando cambie el Ejecutivo, continuará con su labor hasta que transcurra ese plazo. Además, será un mandato no renovable, salvo si el primer mandato ha durado menos de un año».
El fiscal general podrá causar baja antes de que finalice su mandato si dimite de manera voluntaria o si se da alguna causa de incompatibilidad o de incapacidad. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha resaltado que un nuevo Gobierno no podrá cesar al fiscal general por «pérdida de confianza» y que la causa de incumplimiento grave o reiterado para cesarlo deberá contar con el informe previo del Consejo General del Poder Judicial.
Además, «el nuevo Estatuto prohíbe expresamente que el Gobierno central o las comunidades autónomas solicitan [sic] al Ministerio Fiscal cualquier actuación relativa a un procedimiento penal concreto».
«Igualmente, se suprime la posibilidad de que el fiscal general sea llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros. La reforma establece que las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general serán por escrito, exclusivamente por vía del ministro de Justicia y públicas y estarán regidas por el interés general».
Becas
El nuevo proyecto de ley otorga a los aspirantes a la carrera judicial y fiscal que no cuenten con determinados niveles de renta una beca para que puedan preparar «las oposiciones», que corresponden al sistema básico de convocatoria a la carrera judicial.
Los aspirantes deben ser licenciados en Derecho, españoles y no estar bajo ninguna de causa de incapacidad, una norma que se mantiene. La beca será válida para la carrera judicial, carrera fiscal, Abogacía del Estado y letrados de la Administración de Justicia; estará dotada con el importe de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y durará hasta cuatro años.
Las asociaciones de jueces y fiscales se manifestaron a favor del sistema de becas del proyecto de ley. También señalaron que están muy de acuerdo con que el gobierno haya suprimido el traslado forzoso que sufrían los profesionales tras recibir un ascenso automático o una orden de sustitución y refuerzo en la escuela judicial, algo que se demandaba desde el año 2013.
«Fuera de estos extremos, el panorama que implica esta reforma, sin tomar en cuenta el resto de alegaciones que hicimos al anteproyecto, es desolador».
Los jueces y fiscales indicaron que «supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».
Más reformas en el Ministerio Fiscal
Félix Bolaños destacó que el nuevo estatuto planea avanzar jurídicamente en una «autonomía organizativa del Ministerio Fiscal, que se encargará de los ascensos y las promociones de los fiscales y del régimen disciplinario, dos competencias en las que desempeña un papel relevante el Ministerio de Justicia en la actualidad».
Así, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales quedan atribuidos al Fiscal General del Estado y no al Gobierno, como hasta ahora.
«Además, con el objetivo de que la nueva Fiscalía funcione de manera más colegiada […] se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que incluso podrá establecer un criterio diferente al del fiscal general por una mayoría de, al menos, tres quintas partes de sus miembros».
La Fiscalía General del Estado se encargará, además, del registro de las asociaciones de fiscales que, como en el caso de las asociaciones judiciales, no podrán recibir financiación privada.
Colaboración con la Fiscalía Europea
El Estatuto Orgánico regula, por último, la colaboración entre la Fiscalía europea y la española, ya que ambas instruirán causas penales en España, y arbitra un sistema para resolver las discrepancias.
En última instancia, decidirá el fiscal general del Estado, según ha explicado Félix Bolaños.
Rechazo de los fiscales
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) comunicó el 30 de abril que «la vía elegida para la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sugiere cierta urgencia para el Gobierno en proporcionar una salida a la actual Fiscal General del Estados».
En opinión de la APIF, «la promoción del Fiscal General del Estado cesante a la máxima categoría de la Carrera Fiscal no es algo que le haga ninguna falta, ni produzca ningún beneficio, al Ministerio Fiscal. Solo favorece a quien cesa, acentuándose así la relación del Fiscal General del Estado con el Gobierno».
«Consideramos esa medida un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía».
Además señaló su rechazo a que el Fiscal General del Estado informe al Gobierno de los asuntos que considere de importancia para el propio Gobierno, argumentando que se trataría de «una concepción totalitaria del Ministerio Fiscal, como órgano del Gobierno en los Tribunales. Confiamos en que se imponga el buen juicio».
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.