La asociación Hazte Oír interpuso el miércoles 10 de diciembre una querella ante los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla contra Francisco Salazar, ex alto cargo de la Presidencia del Gobierno; Antonio Hernández Espinal, su exasesor cesado esta semana; y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid.
La medida judicial imputa a Salazar presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, mientras acusa a los otros dos de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.
Esta acción llega como acusación popular, ante lo que Hazte Oír califica de «pasividad» del PSOE y la Fiscalía en el manejo de denuncias de varias trabajadoras por abusos en Moncloa.
El escándalo, conocido como «caso Salazar», estalló en julio y ha generado un cese tardío que no frena las demandas de justicia.
En un comunicado emitido el miércoles, la organización explica que ha recibido «cientos de mensajes» solicitando esta intervención, y critica que el PSOE y Moncloa «parece que quieren que no se investigue».
Añade que Pedro Sánchez «mintió al decir que es necesaria la actuación de la Fiscalía, a la que ni se la ve ni la espera».
A Salazar, de 57 años y exsecretario general de Coordinación Institucional en el Gabinete de Presidencia, se le atribuyen varios delitos de acoso sexual (artículo 184 del Código Penal) y contra la integridad moral (artículo 173.1 del CP), con posible responsabilidad penal de la persona jurídica (artículos 31 bis y 184.5 del CP).
Las conductas denunciadas incluyen comentarios sexualizados y gestos inapropiados hacia subordinadas.
Hernández y Martín Aguirre, que compartían espacio de trabajo con Salazar en Moncloa, enfrentan imputaciones por omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del CP), de impedirlos y promover su persecución (artículo 450 del CP), y encubrimiento (artículo 451 del CP).
Hazte Oír alega indicios de «abuso de funciones públicas» para proteger al ex alto cargo y evitar investigaciones.
El detonante inmediato ha sido el cese de Hernández, aprobado ayer en el Consejo de Ministros.
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió en la rueda de prensa posterior que «desde el primer momento que tuvimos conocimiento se cesó de manera fulminante a Francisco Salazar».
Sin embargo, el despido llega cinco meses después de las primeras denuncias.
El caso remonta al 5 de julio, cuando el medio eldiario.es reveló las acusaciones horas antes de un Comité Federal del PSOE, donde Salazar iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización.
Dos denuncias internas llegaron al canal antiacoso del partido: la primera el 8 de julio, y la segunda el 28 de julio. Ambas describían un «ambiente irrespirable» en el Gabinete de Presidencia, con frases como «si te agachabas a coger algo del suelo, te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras».
Salazar, oriundo de Montellano (Sevilla) y afiliado al PSOE desde 1992, era un colaborador clave de Sánchez desde las primarias de 2017. Pasó de alcalde en Dos Hermanas a roles en Moncloa, coordinando Análisis y Estudios. Su renuncia el 5 de julio frustró su ascenso partidista, pero las denuncias «desaparecieron» temporalmente del sistema del PSOE por un supuesto «fallo informático», según fuentes de Ferraz.
El 1 de diciembre, eldiario.es publicó el contenido íntegro de las denuncias, reavivando el escándalo.
Esto llevó a que, días después, el PSOE emitiera una nota interna en la que admitía que «la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura». El texto distribuido en Ferraz pedía disculpas y reconocía fallos en la gestión.
Sánchez asumió la responsabilidad el 6 de diciembre durante los actos del Día de la Constitución; sin embargo, redujo el caso Salazar a un simple «error» y negó un posible encubrimiento pese a la inacción del PSOE durante cinco meses. Asimismo, rechazó que se eleve el caso directamente a la Fiscalía, pese a presiones internas.
Desde la oposición, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció el lunes su intención de citar a Salazar en la comisión del Senado sobre el caso Koldo: «El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual».
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital alertan de un riesgo para el PSOE: el partido podría ser imputado como persona jurídica por un delito de acoso sexual, según el Código Penal, si no aplicó adecuadamente su protocolo antiacoso.
Esto se suma a una denuncia de la asociación Manos Limpias presentada este mismo mes ante la Fiscalía de Madrid contra Salazar y el PSOE por encubrimiento, con 12 folios de pruebas.
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Hazte Oír, en su comunicado, subraya que «el PSOE y sus miembros son, ahora mismo, vistos por miles de españoles como un auténtico peligro para las mujeres».
Con información de EFE
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