El 1 de julio comenzó la primera huelga de tres días seguidos convocada por jueces y fiscales en España, debido a que la masiva manifestación del 28 de junio ante la Corte Suprema no logró que las Cortes Generales reconsideren y retiren la tramitación dos proyectos legislativos de reforma para el acceso a la carrera judicial y la Fiscalía, que se consideran «inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes».
«Queremos señalar que se necesita salvaguardar el Poder Judicial independiente», declaró Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) a Epoch Times España, el 1 de julio.
«Desde la concentración del sábado pasado no ha habido novedad, por tanto, seguimos con el calendario previsto, ya que se mantiene la tramitación de las dos leyes a las que nos oponemos porque consideramos que afectan directamente al Estado de derecho, a la separación de poderes y pretenden hacer un poder judicial mucho más amable y dócil con el poder ejecutivo», añadió.
La Sra. Dexeus subrayó la importancia para la sociedad civil de evitar que el Poder Judicial sea controlado por los otros dos poderes, el ejecutivo y en el legislativo, y «con ello que acabe la democracia».
De hecho, explica, «nunca se ha hecho una huelga de tres días» y «siempre ha sido huelgas muy esporádicas». Ahora la situación los ha obligado a movilizarse.
La Sra. Dexeus aclaró que si bien la huelga no está expresamente recogida en una norma para los jueces y fiscales, sí está reconocida con carácter general en la Constitución.
El Comité de Huelga formado por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales Fuente (APIF) envió un comunicado el 30 de junio indicando la sentencia que sostiene que el derecho fundamental de huelga-reconocido en el art. 28.2 de la Constitución Española es de titularidad individual, de manera que la decisión de hacer o no huelga corresponde exclusivamente a cada persona a título individual, respetando en cada caso los servicios mínimos fijados.
«Informamos a los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal que no existe obligación de informar si se tiene o no intención de secundarla. Ni a decanos, ni a presidentes de sala, de Audiencias Provinciales o de Tribunales Superiores de Justicia; tampoco a fiscales jefes ni fiscalías superiores».
También advierte que «frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, queremos recordar que el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional».
La huelga está fijada desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y puede ejercerse todos los días o alguno de forma individual. El comité además consideró que dado que proveen un servicio público esencial, durante los días 1, 2 y 3 de julio se mantendrán los servicios mínimos (Ver aquí).
También señaló la ausencia de una determinación concreta y precisa por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado.
________________________________________________________________________
La también: Jueces y fiscales irán tres días a la huelga mientras apelan en Europa
________________________________________________________________________
El proyecto de reforma del Gobierno español, que modifica tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha generado controversia. El Consejo de Ministros lo aprobó el 13 de mayo, y lo remitió para su tramitación parlamentaria.
Según el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la norma «mejora sustancialmente la carrera judicial» y es una reforma que «va a atraer talento y a incrementar el número de jueces, fiscales y magistrados».
En cuanto a la reforma judicial, uno de los cambios es la creación de un «cuarto turno» en la carrera judicial y fiscal, que permite el acceso sin opositar a juristas de prestigio. Las asociaciones de jueces y fiscales critican este sistema por considerar que introduce arbitrariedad y favorece a ciertos candidatos en detrimento de quienes aprueban el turno libre, además de poner en riesgo la independencia judicial. También se han planteado fuertes inquietudes sobre la eliminación de pruebas orales en el proceso de selección, y el control del acceso a la carrera judicial a través de un centro público de formación que podría estar sujeto a presiones políticas.
Según las asociaciones, la eliminación de un examen oral de la parte procesal, «para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio» —que ellos opinan «podría haberse incluido sin tener que rebajar las exigencias de conocimiento»—, tal y como parece regulado, «supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales».
Así mismo, «la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia, que además, tendrá las competencias en materia de becas, conlleva un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del ejecutivo, inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes».
_____________________________________________________________________________
Lea también: Gobierno tramita una gran reforma de la carrera judicial: esto es lo que responden jueces y fiscales
_____________________________________________________________________________
En cuanto a la reforma fiscal, uno de los cambios clave es la modificación del papel de los fiscales, quienes asumirán la instrucción de los procesos penales. El nuevo papel instructor de los fiscales lleva aparejadas otras medidas, como la designación del fiscal competente para la instrucción de cada caso corresponderá al fiscal jefe, la Policía Judicial dependerá del Ministerio Fiscal en sus funciones de investigación del delito, y el Ministerio Fiscal podrá imponer sanciones a quienes no colaboren con las investigaciones judiciales.
Las reformas han sido objeto de críticas, especialmente por la politización percibida del cargo de Fiscal General del Estado y el aumento del control del Gobierno sobre la Fiscalía.
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) comunicó el 30 de abril que «la vía elegida para la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sugiere cierta urgencia para el Gobierno en proporcionar una salida a la actual Fiscal General del Estado».
En opinión de la APIF, «la promoción del Fiscal General del Estado cesante a la máxima categoría de la Carrera Fiscal no es algo que le haga ninguna falta, ni produzca ningún beneficio, al Ministerio Fiscal. Solo favorece a quien cesa, acentuándose así la relación del Fiscal General del Estado con el Gobierno».
«Consideramos esa medida un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía».
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
