Cinco asociaciones de jueces y fiscales se pronunciarán con un paro parcial el 9 de junio contra el Proyecto de Ley de reforma judicial y fiscal presentado por el Gobierno, sosteniendo que contiene medidas perjudiciales para la independencia judicial, aumenta radicalmente los riesgos de politización de la Justicia y debilita el Estado de derecho.
El paro fue fijado para el miércoles 11 de junio a las 12:00 horas frente a todas las sedes judiciales y durará 10 minutos. Permitirá que los miembros de la carrera judicial y fiscal «visibilicen el descontento», anunciaron las asociaciones. Se espera la participación de miles de profesionales en base a la respuesta en las redes sociales.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), junto a la Asociación Judicial Francisco de Victoria (AJFV), el Foro Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) anunciaron el 3o de mayo una hoja de ruta en la que seguirán dialogando con las autoridades, pero reiteraron su intención de realizar este paro.
Las asociaciones exigen la retirada del Proyecto de Ley Orgánica presentado por el Gobierno, por el que se modifican dos leyes: la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En caso de que el proyecto de ley siga tal como está proyectado, las cinco asociaciones firmantes anunciaron que «impugnarán judicialmente dicho proceso, asumiendo los costes de forma conjunta».
Contiene medidas «altamente perjudiciales por afectar gravemente la independencia judicial», dijeron.
También señalaron que el nuevo Proyecto de Ley no responde a una verdadera demanda social ni contribuye a solucionar los problemas de la Justicia sino que facilita la politización de la Justicia y debilita el Estado de derecho.
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La APM dijo que enviaron informes técnicos a las principales instituciones europeas con competencia en la materia: GRECO, Comisión de Venecia, Comisión Europea y Parlamento Europeo. En ellas se solicitó la evaluación del impacto de las reformas propuestas por el Gobierno en cuanto a cómo afectan en la independencia judicial y la separación de poderes.
«Asimismo, hemos pedido la activación de los mecanismos de supervisión disponibles en cada una de estas instancias, con el fin de que se adopten medidas que contribuyan a salvaguardar los principios esenciales del Estado de derecho».
La AJFV envió a su vez una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, denunciando que la reforma de las carreras judicial y fiscal afecta gravemente a principios constitucionales. En la misiva analizó uno a uno los cambios propuestos por el Gobierno.
Con relación a una de las medidas, la AJFV señaló que «en definitiva, la reforma propuesta modifica profundamente los procesos de selección y acceso, afectando a competencias del Consejo General del Poder Judicial, no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, al tiempo que rebaja la garantía de excelencia», dijo la AJFV al mencionar que a futuro se pretende no recurrir a la entrevista oral para las nuevas admisiones, y, en cambio, se rebajen las exigencias de acreditación de conocimientos jurídicos.
Apoyo de FEDECA y abogados del Estado
Las asociaciones recibieron una carta de apoyo de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) y de la Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho.
«FEDECA lanza un comunicado en defensa de las reivindicaciones de cinco asociaciones de jueces y fiscales, que han convocado un paro el miércoles 11 de junio. Estas asociaciones rechazan las reformas que se han planteado desde el Gobierno en el proyecto de ley sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, y también en el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal».
Las reformas «incrementan de manera injustificada» el poder del fiscal general del Estado, que además «no responden a una verdadera demanda social» y tampoco contribuyen a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización», dijo la federación.
«FEDECA rechaza cualquier reforma relativa a los servidores públicos que sea contraria al desempeño de sus funciones, con el mayor rigor profesional y a las garantías de respeto al Estado de Derecho, y que además aumente el riesgo de injerencia política o que no ataje los verdaderos problemas que los profesionales ponen de manifiesto en el día a día».
Apoyo del Grupo Iberoamericano (IBA)
El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados -UIM se pronunció en Quito el 28 de mayo manifestando «su preocupación ante el rumbo que está adoptando España. La combinación de reforma legislativa regresiva y presión política directa configura un escenario de intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho».
«Reclamamos la retirada o revisión sustancial del Proyecto de Ley Orgánica, respetando los principios de acceso por mérito, igualdad y objetividad. Rechazamos toda forma de presión política sobre jueces y tribunales, especialmente cuando proviene de miembros del Ejecutivo. Alertamos sobre los riesgos que esta reforma representa, tanto para la independencia judicial como para la salud democrática de España, constituyendo un peligroso precedente», dice el pronunciamiento del IBA firmado por el magistrado Walter Barone, Presidente Grupo IBA-UIM.
Apoyo en Sevilla
El grupo «Pacto de profesionales en defensa del Estado de Derecho» celebró el 3 de junio una rueda de prensa en la Biblioteca del Palacio de Justicia [Audiencia Provincial] de Sevilla para leer un manifiesto en defensa del Estado de derecho, la independencia y la profesionalización de la Administración Pública.
En la lectura participó la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, junto con otros portavoces de las distintas asociaciones integrantes.
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