La Audiencia Nacional de España ha iniciado las diligencias para investigar, en calidad de secreto, si el apagón en la red eléctrica española que afectó a toda la península el 28 y 29 de abril pudo ser un acto de sabotaje informático y acto de terrorismo.
El juez José Luis Calama dijo que se trató de «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos», informó este miércoles el Poder Judicial.
«Pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas y que en ese caso encajarían en un delito de terrorismo del artículo 573.1 y 2 del Código Penal», comunica el Poder Judicial al anunciar que se había acordado iniciar las diligencias previas para la investigación.
El 30 de abril, a petición de la fiscalía, la Audiencia Nacional «declara el secreto de la investigación por el apagón en la red eléctrica».
«La declaración del secreto en las presentes actuaciones tiene por objeto concreto, pues solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales», dice el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro al analizar la regulación legal y la doctrina sobre esta materia.
Como primeras diligencias el juez ha solicitado que el Centro Cristológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA elaboren en el plazo improrrogable de diez días un informe en que indiquen la o las causas que motivaron el apagón.
Del mismo modo, ha solicitado a la Jefatura de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.
El apagón iniciado sobre las 12:30 hora española del 28 de abril «afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria, transporte, etc., lo que ha supuesto «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos», escribió el juez.
La orden cita la explicación facilitada por el Gobierno de que «se han perdido» de forma súbita durante 5 segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 por ciento de la luz que se estaba consumiendo, siendo «algo que no había ocurrido jamás».
«El ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles causas» afirmó el juez Calama que considera necesaria la apertura de una investigación judicial.
Conforme al artículo 573 del Código Penal los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.
En la resolución, se examina la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y, en el caso de España, en concreto, en el artículo 573. 2, inicialmente los hechos encajarían como terrorismo «en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal».
El veterano juez Calama tiene más de 36 años de experiencia y está actualmente investigando el caso «Pegasus», un programa informático que se utilizó para espiar los móviles de altos cargos españoles, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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