El miércoles pasado, la organización ciudadana Hazte Oír presentó una denuncia ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo contra la Ley de Información Clasificada, apodada «Ley Falcon» por sus detractores, aprobada por el Consejo de Ministros el 22 de julio.
Esta reforma, que sustituye a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, ha desatado una tormenta de críticas en España por su potencial para restringir la transparencia y la libertad de prensa.
La cruzada de Hazte Oír
Hazte Oír sostiene que la norma busca «ocultar información clave» sobre el uso de recursos públicos y posibles irregularidades institucionales, una acusación que ha movilizado a miles de ciudadanos en su contra.
En una entrevista exclusiva con The Epoch Times España, Nouna Lozano, letrada y portavoz de Hazte Oír, explicó las razones detrás de la denuncia: «Esta denuncia ante la Unión Europea se suma a otras dos acciones previas de Hazte Oír: contra la Ley Bolaños y contra la Ley Begoña, en las que logramos resultados claros —la UE ya ha puesto el foco en la primera y la segunda ha sido totalmente descartada, mientras que la primera permanece paralizada».
La organización, que recaudó casi 50 000 firmas en cinco días, considera que la «Ley Falcon» es un intento del Gobierno de Pedro Sánchez por blindar información sensible.
«Bajo la apariencia de «modernización«, esta reforma blinda el secretismo y tapa escándalos», afirmó.
Hazte Oír argumenta que la ley vulnera principios del Derecho comunitario, como el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales, al restringir el derecho a la información y la libertad de prensa.
La organización señala específicamente el uso del Falcon presidencial, cuyos detalles —destinos, pasajeros, propósitos— podrían clasificarse como secretos, dificultando investigaciones periodísticas o judiciales.
«No hablamos solo de viajes en el Falcon, por ejemplo: hay indicios de que determinados vuelos podrían estar vinculados a asuntos de interés judicial, lo que exige una investigación a fondo», subrayó Lozano.
Hazte Oír, personada como acusación popular en casos como el «caso Koldo» y las investigaciones contra Begoña Gómez y David Sánchez, vincula la ley a un contexto de creciente escrutinio al entorno del PSOE.
De hecho, la organización presidida por Ignacio Arsuaga ha liderado en los últimos meses una llamativa campaña para denunciar la presunta corrupción del Gobierno socialista. Primero desplegó una enorme lona frente al Congreso de los Diputados. Luego acudió a una flota de camiones LED y el conocido como «Capobús». Posteriormente apareció una avioneta serigrafiada, un globo aerostático y, recientemente, motos de agua frente a las costas españolas. Siempre con el mismo mensaje: «Sánchez corrupto».
Lea también: «El PSOE intenta silenciarnos»: Entrevista a Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír
Bolaños dice que su ley está «en línea con Europa»
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respondió a la denuncia el mismo miércoles a través de un mensaje en la red social X, calificando la acción de Hazte Oír como un intento «ultraderechista» de defender una ley franquista de 1968 y tildando sus argumentos de «para echarse a reír».
«La verdad: es una ley de información clasificada en línea con Europa, que garantiza la seguridad nacional y el acceso a la información de la ciudadanía», afirmó Bolaños.
Desde el Ejecutivo destacan que la norma, que establece un límite de 45 años para la desclasificación automática de documentos de alto secreto, permitirá hacer públicos datos históricos, como los del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, salvo que afecten a la seguridad nacional.
Sin embargo, la defensa de Bolaños ha sido cuestionada. Nouna Lozano replicó: «El PSOE siempre usa la excusa de «Europa» para tapar sus vergüenzas, como ya hizo con la Ley Bolaños, cuando mintió asegurando que el hecho de que instruyan los fiscales los casos judiciales estaba en sintonía con Europa, pese a que en ningún país europeo los fiscales dependen del poder político como ocurre en España».
Lea también: ¿Por qué la ley de Bolaños podría no ser aprobada?
Lozano señaló que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno el 20 de septiembre del año pasado, carece de la independencia que caracteriza a los sistemas judiciales europeos.
Periodistas dan la voz de alarma
Simultáneamente, el ministro Félix Bolaños ha impulsado el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto profesional de los periodistas.
Con el objetivo declarado de proteger la confidencialidad de las fuentes, en cumplimiento del Reglamento UE 2024/1083 sobre la libertad de los medios, la norma permite a los jueces autorizar la vigilancia intrusiva de dispositivos electrónicos de periodistas para identificar fuentes que revelen información clasificada como «alto secreto» o «secreto».
Estas medidas, aprobadas por el Consejo de Ministros de España el 22 de julio, han desatado otra tormenta de críticas por amenazar la libertad de prensa y el derecho a la información.
Miguel González, periodista de El País especializado en diplomacia, defensa y política, expone que las excepciones que contempla el anteproyecto para que los jueces puedan autorizar la instalación de sistemas intrusivos en móviles y ordenadores de los periodistas son «muy amplias».
«Incluyen más de 30 delitos sujetos a la orden europea de detención y, en general, todos aquellos que en la legislación española pueden ser castigados con penas de cinco años de cárcel o más», describe González en una entrevista con The Epoch Times España advirtiendo que la revelación de secretos «podría justificar la vigilancia de un periodista para rastrear la fuente de una filtración».
Su colega, Cristina Losada, periodista y columnista de Libertad Digital, es contundente en su crítica a la regulación del secreto profesional que presentó el Ejecutivo.
«Permitirá no sólo forzar al levantamiento del secreto de las fuentes del periodista en determinadas condiciones, sino también instalar programas de vigilancia informática en los dispositivos electrónicos de un periodista», explica la coautora del podcast El Búho.
Lea también: Ley de secreto profesional y pinchazos a periodistas: ¿Está en riesgo la libertad de prensa?
«Estos «pinchazos» se harían bajo orden judicial, ciertamente, pero se infiere que se llevarían a cabo sin conocimiento del periodista, por lo que se trataría, hablando en plata, de espionaje», afirma tajante.
Losada remata: «Un espionaje que equipara al periodista a un delincuente al que se le espían las conversaciones, los mensajes, el ordenador, etc. Es realmente inquietante».
Las luces de alarma se encienden con más urgencia dada la crisis política que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez rodeado de diversos escándalos de corrupción que se han desatado en los últimos meses y que apuntan directamente a la cúpula del PSOE.
«El gobierno español busca desesperadamente formas de frenar las informaciones que revelan no sólo la masiva corrupción personal de los miembros del gobierno y de todo el entorno de Sánchez sino también todas sus conexiones directas con el crimen organizado», apunta Hermann Tertsch, periodista y eurodiputado de Vox.
Lea también: Ley de Secretos Oficiales: ¿el candado del Gobierno para blindar su corrupción?
Tertsch —en conversación con The Epoch Times España— incluso va un paso más allá y vincula el anteproyecto con un intento de censura para limitar el crecimiento de partidos como Vox, que «están ganando terreno rápidamente y que ya han conquistado a la juventud».
Sanciones millonarias
El punto más polémico de la «Ley Falcon» es la imposición de sanciones de hasta 2 500 000 euros por divulgar información clasificada, lo que ha generado alarma entre defensores de la libertad de prensa.
«La Ley Falcon impone sanciones millonarias a quienes divulguen información clasificada, lo que amenaza directamente la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a saber cómo se usan los recursos públicos, entre otras muchas cosas», advirtió Nouna Lozano.
La portavoz añadió que el Gobierno «mantiene un ataque constante contra los pocos medios libres que se atreven a destapar casos de corrupción que acorralan a Sánchez».
¿Transparencia en jaque?: El pulso por la democracia
Mientras el Gobierno defiende la «Ley Falcon» como una necesidad para proteger datos sensibles, las críticas de Hazte Oír, periodistas y organizaciones civiles advierten sobre un retroceso en la transparencia.
«Esperamos que la Unión Europea, que sigue de cerca lo que ocurre en España —aunque a veces sus tiempos no sean tan rápidos como quisieran los ciudadanos—, actúe como corresponde: investigue e impida que Sánchez pueda maniobrar en situaciones así», afirmó Lozano.
En efecto, la respuesta de Europa será determinante para esclarecer si la ley cumple con los estándares democráticos o si, como temen sus detractores, fortalece un sistema de opacidad diseñado para proteger al poder.
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
