El 30 de junio, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y una de las figuras más cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida se produce en el marco del llamado «caso Koldo», una presunta trama de corrupción relacionada con comisiones ilegales en contratos públicos vinculados al Ministerio de Transportes.
La decisión judicial acoge la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que argumentó riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas y la gravedad de los delitos imputados. La prisión preventiva sin fianza marca un giro significativo en la instrucción del caso, que hasta ahora se había limitado a medidas cautelares más leves para los principales investigados, incluidos José Luis Ábalos y Koldo García.
Una acusación de peso: organización criminal y comisiones ilegales
Según el auto del magistrado Puente, Cerdán habría actuado como «gestor» de una organización criminal que facilitaba adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo implica en el cobro y gestión de al menos 620 000 euros en comisiones vinculadas a empresas adjudicatarias del Ministerio de Transportes entre 2020 y 2022.
El informe de la UCO también incluye grabaciones de audio atribuidas a Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, en las que se sugiere que Cerdán participaba activamente en la distribución de los beneficios de la trama. Según la Fiscalía, estas evidencias constituyen indicios suficientes para establecer su implicación en los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Durante su declaración ante el Supremo este lunes, Cerdán optó por no responder ni al juez ni a la Fiscalía, limitándose a contestar las preguntas de su abogado. Según fuentes jurídicas citadas por la agencia EFE, negó haber recibido sobornos y aseguró que era víctima de una «persecución política» derivada de su papel en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en 2023.
Sánchez se desmarca y la oposición pide que se vaya
Minutos después de conocerse el auto judicial, Pedro Sánchez, desde Sevilla, afirmó que «El PSOE actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido responsabilidades y se ha apartado a Santos Cerdán del PSOE» y añadió: «Ahora es el momento de la justicia».
Desde el Partido Popular (PP), la secretaria general Cuca Gamarra declaró que este episodio golpea «el corazón del sanchismo», al tratarse de un colaborador cercano del presidente. «Todos sabemos perfectamente a estas alturas que era su hombre de confianza para todo. Cerdán ha hecho todo lo que ha hecho gracias a Pedro Sánchez. Si Cerdán acaba en la cárcel, Pedro Sánchez debe abandonar la Moncloa», afirmó.
Las acusaciones populares, lideradas por el PP, han solicitado además que se investigue a Cerdán por un posible delito fiscal, sumando presión sobre la instrucción del caso.
«Cerdán va a la cárcel como tiene que ser; ha caído el 2, ahora caerá el 1 y todos los que lo rodean», señaló el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa.
«No habrá impunidad, no habrá indultos, no habrá amnistía, no pastillaremos con la corrupción política. Vox irá hasta el final», añadió.
En una rueda de prensa previa a conocerse el auto del juez Puente, el portavoz de Vox insistió en la necesidad de una moción de censura para que haya elecciones generales inmediatas: «España no se merece ni un día más de Pedro Sánchez».
Sociedad civil y corrupción: un sistema sin controles
Distintas voces de la sociedad civil han advertido que la impunidad política alimenta la corrupción estructural. En entrevista con The Epoch Times España, Manuel Villoria Mendieta, presidente de la Autoridad de Protección del Informante, advirtió: «Si la ciudadanía se desentiende, la corrupción seguirá ocurriendo. Es imprescindible contar con mecanismos eficaces de denuncia y seguimiento».
El académico Fernando Jiménez Sánchez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, remarcó en un diálogo con este medio que «la clave está en atar a los políticos al mástil institucional» para que no sucumban a la presión del poder ni a intereses particulares. A su juicio, el caso Koldo «demuestra que los mecanismos internos de control de los partidos han fallado».
Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, denunció por su parte a The Epoch Times España días atrás: «El PSOE intenta silenciarnos porque decimos lo que ellos callan. La corrupción no se combate con palabras, sino con justicia, transparencia y participación ciudadana».
Hazte Oír, organización que también participa en el caso judicial como acusación popular, había solicitado la prisión sin fianza de Santos Cerdán.
«A todo Cerdán le llega su Hazte Oír. El siguiente nivel en la trama, #SanchezCORRUPTO», escribió en su cuenta de X tras conocerse la detención del ex mano derecha del presidente de Gobierno.
Instrucción abierta y posibles consecuencias
La defensa de Cerdán ha anunciado que presentará una pericial independiente sobre las grabaciones aportadas por la UCO, cuya validez técnica cuestiona. El juez Puente deberá decidir si admite esa prueba y si accede a investigar también el presunto delito fiscal.
José Luis Ábalos y Koldo García, los otros dos principales imputados, siguen en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas. La situación de Cerdán, sin embargo, podría marcar un precedente en la instrucción, al tratarse de la primera prisión sin fianza decretada en esta causa. La severidad de la medida adoptada por el juez Puente, por ende, sugiere que la Justicia no descarta aún más sorpresas.
El caso ya no afecta solo a individuos concretos, sino al núcleo de poder del PSOE. Las próximas semanas serán claves para determinar si la Justicia logra desentrañar toda la estructura de la trama o si, por el contrario, los límites institucionales y/o burocráticos vuelven a frenarla. La estabilidad política del Ejecutivo dependerá, en buena medida, de la capacidad del PSOE para despejar las dudas mientras enfrenta su prueba más difícil: el juicio de los tribunales y de la opinión pública.
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