Estás en tu último año de bachillerato, con 17 años y un montón de sueños. Quieres estudiar Ingeniería de Datos en una universidad innovadora cerca de tu casa en Zaragoza, o tal vez un grado online en Marketing Digital desde un pueblo en Castilla-La Mancha, mientras trabajas a media jornada. Pero el Real Decreto 905/2025, aprobado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, te podría complicar los planes.
Este decreto, que modifica el Real Decreto 640/2021 sobre creación y autorización de universidades, «responde al compromiso del Gobierno para defender la calidad, equidad y prestigio del sistema universitario», según dijo la ministra Diana Morant en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Sin embargo, en la letra chica se esconden trabas que afectan directamente a los jóvenes: menos opciones educativas, menos flexibilidad para estudiar online y un sistema que parece privilegiar el control estatal por encima de la libertad de elegir.
Un cerrojo a las opciones educativas
El Gobierno intenta presentar el decreto como poco más que un mero ajuste técnico, sin embargo —a juzgar por lo que propone— se trata más bien de un muro normativo que frena el crecimiento de las universidades privadas y online, que en la última década experimentaron un 129 % del aumento de sus estudiantes, pasando de ser solamente cuatro instituciones en 1983 a 46 en 2024, según datos oficiales.
Mientras, las universidades públicas, asfixiadas por la falta de fondos, solo crecieron un 2 % en el mismo período. En lugar de abrir más plazas públicas, el Gobierno ha optado por regular con mano dura el sector privado, dejando a los 1 875 000 estudiantes del curso 2025-2026 con menos alternativas.
El corazón del decreto es el requisito de una masa crítica de 4500 estudiantes en seis años para cualquier universidad nueva, con al menos el 50 % de los alumnos en grados o dobles grados al quinto año. Si no, cierre o plan correctivo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tildó este requisito de «injustificado y discriminatorio», porque «no garantiza un nivel de calidad educativa ni la sostenibilidad del proyecto». ¿Qué significa? Si la universidad innovadora no llega a ese número, puede desaparecer.
La Conferencia de Consejos Sociales (CCS), por su parte, fue tajante:«No se trata únicamente de establecer requisitos de entrada al sistema, sino de garantizar mecanismos eficaces de seguimiento que verifiquen, a lo largo del tiempo, que las universidades mantienen el nivel de calidad exigido».
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Este requisito podría golpear incluso a universidades públicas pequeñas como Cartagena (4395 alumnos) o La Rioja (3582), de acuerdo a un informe de El Debate.
Adiós a la flexibilidad online
Si eres de los que necesita estudiar desde casa —19 % de los estudiantes en 2024-2025 elige universidades online—, prepárate.
Las universidades con más del 80 % de créditos virtuales o híbridos ahora necesitan aprobación por las Cortes Generales, salvo excepciones para lenguas cooficiales (50 % en catalán, gallego o euskera) o 20 % de financiación autonómica.
Además, el 75 % de los profesores debe residir en España o la UE, algo que la CNMC criticó como «discriminatorio» por limitar la libre circulación.
José Carlos Gómez Villamandos, consejero andaluz, mostró su asombro: «Lo que llama la atención es que el Gobierno dejó de hacer un decreto hace cuatro años […] ahora de pronto se pone a hacer cambios».
El decreto también obliga a las universidades presenciales nuevas a ofrecer alojamiento para el 10 % de los estudiantes en tres años, con precios «asequibles». Suena bien, pero ¿quién paga?
Las nuevas privadas, ya cargadas con un aval bancario para cubrir el tercer año de presupuesto, enfrentarán costes que se traducirán en matrículas más caras.
En este marco es que la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) exigió «dar marcha atrás».
«Se trata de un ataque injusto a instituciones que han demostrado ser fundamentales para mejorar la calidad educativa, la formación académica y la empleabilidad de los jóvenes españoles», aseguraron desde esta asociación que aglutina a algunas de las principales universidades privadas de España.
Investigación o clausura
Otro golpe: todas las universidades deben destinar el 5 % de su presupuesto neto a investigación. Además, están obligadas a captar al menos el 2 % de fondos externos anuales vía convocatorias, cátedras o patentes.
Si no lo logran dos años seguidos tras un apercibimiento, pierden la autorización para funcionar. Plazos: cinco años para existentes, diez para nuevas.
Pero hay mucho más. En un plazo de siete años, el 60 % de los profesores doctores debe tener sexenios de investigación, con dos publicaciones por cabeza en un período de tres años.
Esto, ciertamente, podría subir la calidad de posgrados, pero también cerrar centros innovadores que no tengan músculo financiero. El Foro Emilia Pardo Bazán, que aúna más de 30 universidades privadas, aseguró que el Real Decreto «genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones, sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente».
Proyectos en el limbo
Se estima que al menos ocho proyectos de universidades están en vilo: en Aragón (tres), Extremadura (dos), Canarias, Andalucía y Asturias (tres online).
En este marco es que la reacción autonómica no tardó en llegar.
Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid —hogar del 23 % de los universitarios con solo el 14 % de la población total del país—, anunció que irá al Supremo asegurando que el Real Decreto «ataca a las universidades privadas».
«Es pura arbitrariedad porque se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa […]. Se acaba con la seguridad jurídica, se ataca a las competencias legítimas de cada comunidad autónoma», indicó.
Madrid, con 19 universidades (seis públicas, 13 privadas), impulsa su Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) para el último trimestre, con un «distrito único de prácticas» y rebajas para hispanoamericanos.
El ascenso social en jaque
Desde el Gobierno aseguran que el Real Decreto busca frenar la proliferación de universidades privadas con escasos estándares académicos y reforzar el papel de las públicas. Sin embargo, el ámbito universitario, especialmente el privado, ha sido muy crítico con la normativa.
Con el 30 % de los universitarios en privadas y recortes acumulados —en términos reales— de más de 1000 millones en públicas desde 2015, este decreto parece no desatar el nudo.
En otras palabras, la letra pequeña del Real Decreto grita: menos innovación, más burocracia y un futuro encorsetado.
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