Esta semana, el diario digital Atalayar, considerado un altavoz del lobby marroquí en España, publicó un extenso artículo de 3900 palabras que detalla una propuesta integral para resolver las disputas marítimas y aéreas entre Rabat y Madrid en el Atlántico.
Bajo el título «Delimitación marítima, Monte Tropic y gestión del espacio aéreo en el Sáhara marroquí», el texto sugiere un pacto: Marruecos reconocería la soberanía española sobre las Islas Canarias a cambio de que España acepte su control pleno sobre el Sáhara Occidental, incluyendo la transferencia del espacio aéreo y la delimitación de aguas que beneficie a Rabat.
Esta «oferta», que el columnista Ignacio Cembrero califica de «engañosa» en El Confidencial, llega tres semanas después de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU. Dicha resolución respalda el plan de autonomía marroquí de 2007 como base para una «solución mutuamente aceptable», extendiendo el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2026.
Aunque no menciona explícitamente la soberanía, Marruecos la interpreta como un aval implícito, con el apoyo decisivo de Estados Unidos y Francia —países que ya reconocen su control sobre el territorio desde 2020 y 2024, respectivamente.
Por ello, el artículo de Atalayar no aparece por casualidad.
El texto se apoya en declaraciones del ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, quien en el mes de agosto insistió en que Marruecos es un Estado «responsable» que respeta la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) de 1982.
En su intervención hizo referencia a «la adhesión de Marruecos al Derecho internacional y a la Convemar», expuso «el rechazo firme a toda unilateralidad» y apeló a la «madurez estratégica de la cooperación marítima Marruecos-España».
Con esa retórica, Rabat presenta sus reclamaciones —más Zona Económica Exclusiva, control del espacio aéreo saharaui y parte del Monte Tropic— no como expansionismo, sino como una corrección «equitativa» frente a la supuesta ventaja geográfica que España mantiene desde hace décadas gracias a la proximidad de Canarias.
Un trueque asimétrico
La oferta se estructura en cuatro ejes, según Atalayar, invocando la Hoja de Ruta bilateral firmada el 7 de abril de 2022 entre Pedro Sánchez y Mohamed VI.
Primero, el reconocimiento mutuo de soberanías: Marruecos «garantizaría» la estabilidad de Canarias —cuya españolidad no está en disputa desde el siglo XV— a cambio de que España impulse diplomáticamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara, un territorio no autónomo según la ONU desde 1963.
Segundo, la transferencia del espacio aéreo. Hoy, el control sobre el Sáhara lo ejerce Enaire desde Las Palmas de Gran Canaria, conforme a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Marruecos exige una «asunción plena» gradual, alineada con la Resolución 2797, que consagra el plan de autonomía «bajo soberanía marroquí».
Tercero, la delimitación de aguas. Marruecos extendió unilateralmente su Zona Económica Exclusiva (ZEE) a 200 millas náuticas en 2020, solapándose con la española. Propone una línea equitativa, no la mediana provisional de 100 km entre Fuerteventura y Cabo Juby (Tarfaya).
Cuarto, el Monte Tropic, un monte submarino volcánico al suroeste de El Hierro, a 1000 metros de profundidad en su cumbre y con depósitos a más de 3000 metros. Rico en telurio, cobalto y tierras raras —esenciales para baterías y renovables—. La nota de Atalayar aboga por una Zona de Desarrollo Conjunto (ZDC), con reparto de beneficios y gobernanza compartida.
Esta arquitectura, que incluye una Comisión Mixta permanente con expertos en Derecho del Mar y geología, se presenta como «propicia para negociaciones bilaterales» aunque, en los hechos, Madrid estaría cediendo el Sáhara por algo ya propio.
La Resolución ONU como catalizador
La Resolución 2797 no surge de la nada.
La normativa renueva el mandato de la MINURSO, creada en 1991 para un referéndum de autodeterminación pendiente desde entonces.
Marruecos ha invertido más de 8000 millones de euros en infraestructuras saharauis desde 2007, como megapuertos en Dajla y El Aaiún, para consolidar su control.
El Gobierno de España, en tanto, y al menos públicamente, ha reafirmado su apoyo al plan de autonomía. En abril, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo calificó de «base más seria, realista y creíble».
Bourita, sin embargo, respondió que el referéndum es una maniobra para «mantener otros 50 años más» a los 173 000 refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), según estimaciones de la ONU.
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Expansionismo y codicia submarina
Ante la publicación de Atalayar, el jurista español José Antonio Yturriaga, exembajador en Misión Especial para el Derecho del Mar, ironizó: «Ahora resulta que debemos de estar agradecidos al rey Mohamed VI por ayudarnos a consolidar la soberanía de España sobre Canarias».
Para Yturriaga, equiparar el Sáhara —territorio no descolonizado— con Canarias es «absurdo».
Rubén Pulido, analista y columnista de The Epoch Times España, ha venido advirtiendo sobre «el robo del Sáhara y la codicia por Canarias» denunciando que, inclusive, «Rabat, con una audacia que roza la insolencia, ha comenzado a solapar sus mapas marítimos con los de España, reclamando derechos sobre estas aguas en foros internacionales».
«Esta maniobra no solo viola el derecho internacional, sino que busca legitimar una ocupación encubierta», alertó Pulido.
El columnista especializado en migración califica la Resolución 2797 de «blanqueo descarado de la ocupación ilegal marroquí que, desde 1975, ha violado sistemáticamente el alto el fuego y las resoluciones de la ONU». Ve en ella un «arma marroquí» para presionar con migración hacia Canarias.
Días atrás, tras la resolución ONU y desde la propia Canarias, el presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria-PP) alertó sobre los «afanes expansionistas» de Marruecos. Anunció que solicitaría una reunión con Albares para aclarar la postura española, defendiendo que las Islas, por proximidad geográfica, no pueden «mirar para otro lado».
El Monte Tropic: tesoro y frontera
El quid del pulso es el Monte Tropic, alineado con la costa saharaui y canaria.
Mientras España lo ve como extensión natural de su plataforma, Marruecos lo reclama por «geología».
Expertos como Néstor Siurana, destacan su riqueza en metales para la transición verde, valorados en miles de millones.
En 2022, tras la carta de Sánchez, Marruecos pausó —aparentemente— las presiones sobre Ceuta y Melilla. Sin embargo, Pulido ve un patrón claramente expansionista desde Rabat, que se remonta inclusive a los tiempos de Hassan II, cuando se incluía a Canarias en mapas de un «Gran Marruecos».
«Si triunfa [en el Sáhara], Canarias podría seguir el destino del Sáhara Occidental: un territorio robado bajo la mirada complaciente del Ejecutivo español», apunta.
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España, con Pedro Sánchez, enfrenta un dilema cada vez más urgente: ¿Aparente estabilidad migratoria y comercial a costa de recursos estratégicos y pérdida de soberanía? En todo caso, de lo que no hay dudas es que el Sáhara, 50 años después de la Marcha Verde, sigue siendo un polvorín atlántico, y Canarias, su frontera más vulnerable.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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