Imagina un periodista recibiendo una filtración sobre un caso de corrupción gubernamental, solo para descubrir que su teléfono ha sido intervenido por orden judicial para rastrear su fuente.
El escenario planteado, que parece sacado de una distopía, podría convertirse en realidad con el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto profesional de los periodistas, aprobado por el Consejo de Ministros de España el 22 de julio.
Con el objetivo declarado de proteger la confidencialidad de las fuentes, en cumplimiento del Reglamento UE 2024/1083 sobre la libertad de los medios, la norma permite a los jueces autorizar la vigilancia intrusiva de dispositivos electrónicos de periodistas para identificar fuentes que revelen información clasificada como «alto secreto» o «secreto».
Pero más allá de los argumentos oficiales, la medida ha desatado una tormenta de críticas por amenazar la libertad de prensa y el derecho a la información.
Un debate en un entorno polarizado
El anteproyecto, enmarcado en el Plan de Acción por la Democracia de septiembre de 2024, busca cumplir con los estándares europeos, pero sus excepciones han generado rechazo entre periodistas, colegios profesionales y partidos opositores.
La propuesta del Ejecutivo permite a los jueces «pinchar» dispositivos como teléfonos y ordenadores de periodistas en casos relacionados con la seguridad nacional o delitos graves con penas superiores a cinco años, como la revelación de secretos.
Pero eso no es todo. Simultáneamente, el ministro Félix Bolaños ha impulsado el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que establece sanciones que van desde 30 000 euros para infracciones leves hasta 2,5 millones de euros por difundir información clasificada como «alto secreto» o «secreto».
Este «combo» podría perjudicar considerablemente la labor de los periodistas y, además, provocar que las fuentes no deseen hablar ante la posibilidad de sufrir represalias que las podrían llevar, inclusive, a prisión.
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«Es inquietante»
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, que incluye siete colegios autonómicos (Andalucía, Cataluña, Galicia, Murcia, Asturias, Castilla y León, País Vasco), criticaron la falta de consulta en la redacción del anteproyecto y la supervisión de la autorregulación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consideran una intromisión en sus competencias.
El CPPA anunció que presentará alegaciones durante el plazo de audiencia pública, estimado en 15 a 30 días hábiles, exigiendo un «consenso realista» que incluya «las aportaciones de quienes representan legalmente a la profesión».
Miguel González, periodista de El País especializado en diplomacia, defensa y política, expone que las excepciones que contempla el anteproyecto para que los jueces puedan autorizar la instalación de sistemas intrusivos en móviles y ordenadores de los periodistas son «muy amplias».
«Incluyen más de 30 delitos sujetos a la orden europea de detención y, en general, todos aquellos que en la legislación española pueden ser castigados con penas de cinco años de cárcel o más», describe González en una entrevista con The Epoch Times España advirtiendo que la revelación de secretos —penada con hasta cinco años de prisión— «podría justificar la vigilancia de un periodista para rastrear la fuente de una filtración».
Su colega, Cristina Losada, periodista y columnista de Libertad Digital, es contundente en su crítica a la regulación del secreto profesional que presentó el Ejecutivo.
«Permitirá no sólo forzar al levantamiento del secreto de las fuentes del periodista en determinadas condiciones, sino también instalar programas de vigilancia informática en los dispositivos electrónicos de un periodista», explica la coautora del podcast El Búho.
«Estos «pinchazos» se harían bajo orden judicial, ciertamente, pero se infiere que se llevarían a cabo sin conocimiento del periodista, por lo que se trataría, hablando en plata, de espionaje», afirma tajante y remata: «Un espionaje que equipara al periodista a un delincuente al que se le espían las conversaciones, los mensajes, el ordenador, etc. Es realmente inquietante».
Las luces de alarma se encienden con más urgencia dada la crisis política que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez producto de los diversos escándalos de corrupción que se han desatado en los últimos meses y que apuntan directamente a la cúpula del PSOE.
«El gobierno español busca desesperadamente formas de frenar las informaciones que revelan no sólo la masiva corrupción personal de los miembros del gobierno y de todo el entorno de Sánchez sino también todas sus conexiones directas con el crimen organizado», apunta Hermann Tertsch, periodista y eurodiputado de Vox.
Tertsch —en conversación con The Epoch Times España— incluso va un paso más allá y vincula el anteproyecto con un intento de censura para limitar el crecimiento de partidos como Vox, que «están ganando terreno rápidamente y que ya han conquistado a la juventud».
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El impacto en el periodismo de investigación
El anteproyecto plantea riesgos significativos para el periodismo de investigación, especialmente en investigaciones sobre corrupción o abusos de poder.
La posibilidad de que los jueces intervengan dispositivos podría disuadir a fuentes anónimas de denunciar casos como los Papeles de Bárcenas, los Papeles de Panamá o el mismísimo caso Koldo.
En este marco aparece el caso del 11 M (los atentados de Atocha) como un ejemplo recurrente en las críticas hacia la propuesta actual del Ejecutivo. Durante aquella investigación, las filtraciones periodísticas fueron clave para la transparencia, pero —según advierten diversos juristas— de haber estado vigente este anteproyecto, se podría haber permitido vigilar a los periodistas para identificar sus fuentes.
«Esta regulación del secreto profesional no garantiza el secreto profesional, por más que lo proclame en su título. Lo que se garantiza es que se va a dificultar la relación entre periodistas y sus fuentes», sintetiza Losada al respecto.
«La protección del secreto profesional que propone el Gobierno no parece garantizar la confidencialidad de las fuentes en casos sensibles, lo que podría tener un impacto directo en el periodismo investigativo», resume con escepticismo en una columna Alex Gutiérrez, periodista de Ara de Cataluña.
Pero no solo las fuentes estarán mucho más restringidas. Las sanciones de hasta 2,5 millones de euros por difundir información clasificada desincentivará a los periodistas a publicar información «sensible» para el Gobierno.
«Temo que unas multas tan onerosas podrían llevar a que los editores de una publicación renunciaran a difundirla por temor a que una eventual sanción económica provocara su ruina económica y el cierre del medio de comunicación», comenta Miguel González.
Entre la seguridad y la libertad: Un debate abierto
Mientras el anteproyecto avanza hacia la audiencia pública, el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y libertad de prensa sigue abierto.
Asociaciones como la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) han respaldado la norma como un avance, pero las críticas predominan.
La pregunta queda latente: ¿Puede una nación democrática proteger sus secretos de Estado sin silenciar a quienes buscan la verdad? La respuesta, quizá, está en confiar en la responsabilidad periodística antes que en leyes que podrían erosionar un pilar esencial de la democracia, tal como reflexiona Miguel González: «No tengo claro que pueda haber una «buena» ley del secreto profesional. Soy más partidario del autocontrol que de la regulación legal. Hasta ahora, los periodistas hemos venido acogiéndonos directamente al artículo de la Constitución que consagra el secreto profesional, y no nos ha ido mal».
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