El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido recientemente al Consejo de Estado un anteproyecto de ley destinado a sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales —vigente desde hace más de medio siglo—. Esta iniciativa se presenta como una reforma largamente esperada para adaptar el marco normativo al orden constitucional de 1978. Sin embargo, el texto ha desatado críticas generalizadas por su enfoque centralizador, que otorga al Ejecutivo la facultad casi absoluta para decidir qué información debe permanecer oculta al escrutinio público, sin mecanismos de control judicial o parlamentario.
La propuesta está rodeada de opacidad: el borrador no se ha difundido oficialmente aunque, según ha trascendido por varios medios que accedieron al mismo, se establecen categorías de clasificación de información en cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.
El problema es que la competencia para decidir qué información entra en cada categoría reside íntegramente en el Consejo de Ministros, sin intervención judicial ni de las Cortes Generales. Entonces, ¿con qué criterio el Ejecutivo clasificará un asunto del gobierno como «alto secreto» o «confidencial»? ¿Podría usarse esta ley para tapar los múltiples casos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez?
Y esto no es todo, porque aquellos que osen divulgar estos «secretos oficiales» podrían afrontar graves consecuencias.
Periodistas bajo amenaza
De acuerdo a filtraciones recogidas por varios periodistas, uno de los puntos más controvertidos del anteproyecto es la posibilidad de imponer sanciones económicas que van desde los 800 mil hasta los 2,5 millones de euros a quienes difundan, accedan o incluso posean documentos clasificados.
Esto supondría, en la práctica, una amenaza directa a la prensa de investigación, así como a posibles denunciantes y funcionarios públicos que colaboren con la justicia o con medios de comunicación.
Luis Balcarce, director adjunto de OK Diario, advierte en una entrevista con The Epoch Times España que se trata de «un intento más de Pedro Sánchez por censurar a los periodistas».
En su análisis, el anteproyecto responde al «pánico» que hay en el Gobierno por los escándalos de corrupción que se suceden «día a día».
«Están haciendo anteproyectos de ley, en este caso de información clasificada, con el único objetivo de sancionar a los periodistas con multas que les hagan dejar la profesión porque 800 mil euros, 2,5 millones de euros, son multas que ningún periodista y ningún medio puede afrontar», explica.
En efecto, según advirtió la tertulia de La Brújula de Onda Cero del 11 de julio pasado, el texto podría ser utilizado para blindar casos de corrupción o de gestión pública cuestionable, si estos fueran clasificados como secretos oficiales. Los analistas del programa conducido por Rafa Latorre señalaron que el Gobierno podría incluso decidir que un contrato sospechoso con una empresa afín quede protegido por la ley y sea inaccesible para periodistas o jueces.
Una ley sin plazos claros ni control judicial
A diferencia de otros marcos legislativos en Europa, el anteproyecto español no establece plazos automáticos de desclasificación. Por ejemplo, el nivel de «alto secreto» podría extenderse hasta los 50 años, prorrogables en tramos adicionales de 10 a 15 años, lo que de hecho convertiría en indefinida la clasificación de algunos documentos.
Esa duración supera incluso a la de la OTAN, que fija un máximo de 30 años para sus documentos confidenciales.
Países como Alemania o Reino Unido establecen límites mucho más estrictos y además someten la clasificación de secretos a revisión parlamentaria o judicial. En Reino Unido, por ejemplo, el Official Secrets Act está complementado por leyes de libertad de información que permiten impugnar la confidencialidad de documentos a través de organismos independientes.
Por el contrario, en el anteproyecto del Gobierno español no se contempla un procedimiento judicial ágil para impugnar una clasificación abusiva.
Organizaciones como Access Info Europe y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información han alertado de que este tipo de reformas pueden permitir la ocultación de información de interés público, especialmente si se hace sin controles externos ni plazos claros de desclasificación. Ambas entidades han pedido en el pasado que cualquier legislación sobre información clasificada debe garantizar mecanismos de supervisión independiente, claridad en los criterios de clasificación y respeto al derecho de acceso a la información pública.
«Tenemos una legislación obsoleta que necesita ser revisada de acuerdo con las exigencias del derecho de acceso a la información propias de una democracia», coincide Germán Teruel, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia y director adjunto de investigación en la Fundación Hay Derecho.
Sin embargo, en diálogo con The Epoch Times España, el académico advierte que «hay dos aspectos especialmente importantes» que hay que tener en cuenta para una nueva ley de secretos oficiales: «revisar los plazos y, en su caso, poner plazos de desclasificación automática; y que existan mecanismos de control, especialmente parlamentario, de aquello que se clasifica».
Manuel Villoria Mendieta, destacado catedrático especializado en transparencia institucional y presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), agrega —en comunicación con este medio— que «si se hace una ley de secretos oficiales debe ser respetuosa con el marco de derechos y valores fundamentales de una democracia, entre ellos el de transparencia o el de rendición de cuentas».
Advertencias jurídicas y políticas
En 2023, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un dictamen crítico sobre una versión anterior del anteproyecto en julio de 2022, en el que alertaba sobre la falta de concreción en los criterios de clasificación y advertía del riesgo de abuso gubernamental: señalaba la «indeterminación de los conceptos utilizados» y el «riesgo de que se use la clasificación para evitar la fiscalización».
Desde la oposición, VOX expresó su rechazo al anteproyecto por considerar que institucionaliza la opacidad y limita la libertad de prensa. El Partido Popular, por su parte, advirtió que el proyecto otorgaría al Ejecutivo un control excesivo y opaco sobre la información pública.
Blindar la corrupción: riesgos concretos del texto
Varios casos recientes de corrupción pública, como el llamado «caso Koldo» y el caso de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, podrían haber quedado blindados con una ley como la que se plantea, al permitir al Ejecutivo declarar como confidencial cualquier información relacionada.
Es por eso que Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias, alerta que «el anteproyecto de ley de secretos oficiales se convierte en una herramienta para obstaculizar denuncias judiciales sobre casos de corrupción».
Bernad sabe de qué habla. Manos Limpias ha jugado un papel clave en la denuncia judicial de múltiples casos de corrupción política en España, tanto del ámbito autonómico como del Gobierno central. Consultado al respecto por The Epoch Times España, el abogado de 83 años afirma que si la propuesta estuviera vigente, el Ejecutivo la podría haber utilizado «para frenar» no solo el caso Koldo o el de Begoña Gomez sino también, «el caso Ábalos, el caso Santos Cerdán, el de David Sánchez y el del Fiscal General del Estado».
Lea también: «Pedro Sánchez lidera una organización criminal»: entrevista a Miguel Bernad de Manos Limpias (2ª parte)
Aunque, desde el Gobierno, el anteproyecto se presenta como una reforma necesaria para superar una ley franquista, en su versión actual, según alertan expertos y juristas, se perfila como una herramienta legal para blindar la corrupción y limitar el control social sobre el poder.
En otras palabras, lejos de garantizar transparencia, correría el riesgo de consolidar una opacidad institucionalizada que perpetúe la falta de rendición de cuentas.
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